En riesgo, la soberanía nacional : JOSÉ GIL OLMOS

En riesgo, la soberanía nacional JOSÉ GIL OLMOS Desde el año pasado, Proceso ha venido publicando una serie de reportajes escritos por el corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, y el reportero Jorge Carrasco sobre el incremento de agentes de la DEA, la CIA y militares norteamericanos en el país, como parte de una nueva política del gobierno estadunidense. Esa estrategia indica que ya no están preocupados sólo por cuestiones migratorias, sino por temas más graves y profundos, como el terrorismo, el crimen organizado y la desestabilización social. Hace unos años, para ser más preciso, en 2004, meses antes de morir de una enfermedad incurable, la experta en asuntos mexicanos Delal Baer decía que la política de la Casa Blanca con su vecino del sur estaba cambiando. Que el tema migratorio ya estaba en segundo plano, pues su principal preocupación era el crecimiento del narcotráfico, que hubiese desde México un ataque terrorista, y que por ello se estaba fortificando la frontera. Señalaba que el temor del gobierno estadunidense era que alguna célula terrorista árabe aprovechara la porosidad fronteriza; que se vinculara con alguna agrupación de narcotraficantes o de polleros y traspasara al suelo estadounidense y soltara alguna bacteria que se expandiera en algunas ciudades provocando miles o millones de muertes. Desde mediados de la presente década, los políticos estadunidenses dieron un viraje en sus labores de inteligencia y comenzaron a fortalecer las áreas policiacas y militares con la anuencia del gobierno de Vicente Fox y, ahora, de Felipe Calderón. Como parte de su política continental de seguridad nacional y de lucha contra el narcotráfico, los estadunidenses han implementado distintas estrategias, como la Operación Cóndor, en la década de los 70 y 80, que sirvió también para aniquilar a los grupos y gobiernos que consideraba subversivos de Latinoamérica. En la década de los 90 fueron capaces de subvencionar con recursos del narcotráfico la compra de armas para los Contras en Nicaragua, mientras que en Colombia se introdujeron en su territorio con la anuencia del gobierno en turno para combatir a Pablo Escobar. A lo largo del siglo XX, el gobierno de Washington ha enviado agentes especiales y ha pagado a informantes encubiertos, algunos de ellos gobernantes y políticos nacionales, para tener información fidedigna de la política mexicana. En algunas épocas la presencia ha sido mínima pero en otras, como en la década de los 70, cuando proliferaron los grupos guerrilleros, se ha incrementado sin que el gobierno mexicano en turno se los haya impedido. En 1994, con el estallido armado en Chiapas por el EZLN, el gobierno de los Estados Unidos envió a una serie de expertos militares para analizar la situación. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en los municipios aledaños a la zona zapatista como Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, estos agentes actuaron sin que se dieran mucho a notar porque no enviaron al prototipo anglosajón, sino a agentes de origen mexicano o latinoamericano que fácilmente se confundían con la población. Habría que recordar que esta estrategia no es nueva. Ya en 1985 habían utilizado agentes de perfil mexicano o latinoamericano como Enrique Camarena Salazar “Kiki”, quien trabajaba para la DEA y que ese año fue mandado a asesinar por Rafael Caro Quintero. Los reporteros de Proceso Jesús Esquivel y Jorge Carrasco han consignado en varios reportajes –antes de la publicación de este fin de semana de The New York Times –, como desde el 2006 el gobierno mexicano aceptó el incremento de agentes especiales de la DEA acreditados como “enlaces” en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, a estos 54 agentes de la DEA se ha sumado en el último año más agentes especiales de la CIA y militares especializados en terrorismo, cuyo número aún se desconoce porque el gobierno de Felipe Calderón no lo ha informado al país. Los enviados de Washington están operando directamente en territorio mexicano violando la Constitución. Hacen recorridos, son testigos en interrogatorios y participan en algunos, tienen acceso a instalaciones militares y a información confidencial. Todo esto lo están haciendo con la anuencia y el apoyo de la PGR y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación que le han puesto incluso vehículos oficiales del gobierno mexicano para que se movilicen. Por eso el Congreso mexicano ya citó a los titulares de estas dependencias para que den una explicación y tomen cartas en el asunto pues se trata de una acción ilegal, de una violación a la soberanía, que ellos mismos han permitido y auspiciado.