Julio Pimentel Ramírez : Michoacán, laboratorio de guerra

Michoacán, laboratorio de guerra
Por Julio Pimentel Ramírez

Michoacán, primer estado de la República en el que Felipe Calderón inició en diciembre de 2006, a unos días de su imposición en Los Pinos, su aventurada “guerra” contra el narcotráfico, en un desesperado afán de legitimarse y respondiendo a los requerimientos de la estrategia del vecino del Norte, vive momentos difíciles con amplias zonas de su territorio convertidas en escenario de sangrientos enfrentamientos entre fuerzas federales e integrantes del cártel autonombrado la “Familia Michoacana” y, en medio de ese caos, la inerme población civil.
Sin afán de exagerar, en Michoacán, en medio de tiroteos y fuego, se encuentra en juego el futuro de la nación, ya que esa entidad (lo mismo que Chihuahua en el Norte del país) es el laboratorio donde Felipe Calderón ensaya sus “juegos de guerra” y lo que sucede ahí puede extenderse a otras regiones de la República.
Cabe anotar que en gran parte de Michoacán, como en otras amplias zonas de la República (la última filtración de Wikileaks da a conocer observaciones estadounidenses en el sentido de que la frontera Sur se caracteriza por su “porosidad”, además de que la ineficacia y la corrupción de policías y otros funcionarios se traduce en que los habitantes de esa región sean “protegidos” por “Los Zetas”) los cárteles, en este caso La Familia, controlan territorios y llevan adelante una variada gama de actividades delincuenciales al tiempo que construyen cierta base social al generar ingresos para una población empobrecida. Por esto se habla de vacío de poder, del Estado fallido.

En los hechos Michoacán vive un estado de excepción en el que sus habitantes ven limitadas varios derechos constitucionales, entre ellos el de libre tránsito, el de reunión (cualquier grupo de personas, en especial de jóvenes, se vuelve sospechoso para policías y sicarios), sin olvidar el riesgo a la propiedad y a la vida misma. Dicen que todo está en orden y tranquilo pero no hay clases en las escuelas de todos los niveles, se suspenden eventos públicos, no hay servicio de transporte por las noches, la gente se encierra en sus casa, en fin la vida cotidiana se encuentra trastocada.
Además se violaron los fundamentos del pacto federal pues el gobierno calderonista realiza operativos, con la Policía Federal como punta de lanza y la Marina y el Ejército como respaldos, sin previa consulta con las autoridades estatales y sin la más elemental coordinación con ellas.
Durante varias horas los municipios michoacanos de Apatzingán, Morelia, La Huacana, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Ario de Rosales, Múgica y Copándaro fueron escenario de sangrientas batallas en las que además de un número indeterminado de muertos -los sicarios de La Familia recogieron a sus muertos incluido, según se dice, el cadáver de uno de sus jefes; también testigos señalan que la Policía Federal se llevó en sus helicópteros a un gran número de sus elementos abatidos, no solamente las cinco bajas que reconoce- estuvieron presentes los llamados “daños colaterales”, es decir víctimas inocentes asesinadas en el fuego cruzado: Santiago Trinidad Magaña Flores, bebé de ocho meses, y la jovencita de 17 años Emma Ayari Jaimes, hija de un ex alcalde de Apatzingán.
El gobierno insiste en que no hay otra estrategia, para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado, que la del uso la fuerza, la del combate frontal, que por lo demás se lleva a cabo en contra de ciertos grupos delincuenciales mientras se protege a otros, en particular el del capo preferido de las administraciones panistas, el de Joaquín Guzmán, El Chapo; aunque en Michoacán se comenta que la actual ofensiva de la Policía Federal responde a la intención de Genaro García Luna de dejarle la plaza a Los Zetas.
Por supuesto que la delincuencia no debe de ser tolerada, que no se trata de dejarle el campo libre a quienes extorsionan, cobran derecho de piso, controlan la venta de mercancía ilegal, secuestran, trafican con estupefacientes y ejecutan, lo que se demanda es una estrategia diametralmente opuesta a la actual que contemple el problema de la delincuencia de forma integral, que impulse una estrategia de desarrollo que genere empleos suficientes y dignos, que ponga énfasis en la educación, la cultura, la salud, el deporte, en fin que ponga en el centro al hombre y redistribuya la riqueza en forma menos desequilibrada.
Solamente una sociedad equilibrada, sin las abismales diferencias actuales que en un polo tienen a una selecta élite de millonarios y en el otro una pléyade de pobres, más de 70 millones de personas que sobreviven en la inseguridad y la desesperanza; un sistema político, incluido el gobierno, verdaderamente democrático y no como el actual permeado por la incongruencia, el oportunismo y la corrupción; y un Estado que con base a un proyecto nacional, soberano y digno, ponga por encima de todo los intereses de la nación y la sociedad, sobre todo los de aquellos que durante siglos han sido excluidos del desarrollo.