Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 28 de diciembre.- Por más que Diego Fernández de Cevallos se esfuerce en solicitar que no se haga de su secuestro “un caso especialísimo, privilegiado, sobre ningún otro caso” y que sea “un caso más”, el suyo recibió y recibe un trato de excepción por parte del presidente de la república, Felipe Calderón, y también de algunos medios de comunicación, que –entre otras cosas– accedieron a las solicitudes de los plagiarios (expresadas a través de la familia) para dejar de divulgarlo mientras no fuese liberado.
El tratamiento excepcional de su caso inició desde el momento mismo en que se conoció: primero, la masiva movilización de los cuerpos armados y de seguridad para tratar de localizarlo; después, la suspensión total de la búsqueda y las investigaciones “para no poner en riesgo su vida”.
El periódico La Jornada dio cuenta en su edición del 16 de mayo, del tratamiento excepcional del hecho por parte de las autoridades: “Por aire y tierra decenas de efectivos del Ejército, así como policías federales y del estado de Querétaro, implementaron un operativo en esa entidad y los estados de México, Hidalgo y Guanajuato para buscar a Diego Fernández de Cevallos… El titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, y el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, según versiones de comunicación social de esas instituciones, acudieron al rancho de Fernández de Cevallos para dirigir las operaciones de búsqueda e investigación y se reunirían con autoridades locales para conocer sus avances.”
Lo mismo reportaba el periódico Reforma: “Militares y policías federales, en coordinación con autoridades del Estado, montaron un operativo apoyados por helicópteros para ubicar el paradero del también abogado… Luego de la orden que el primer mandatario giró al gabinete de seguridad, surgieron versiones sobre el arribo de García Luna a la finca de Fernández de Cevallos en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. Pero ninguna fue confirmada… Sin embargo, se informó que desde el mediodía en las instalaciones de la 17 Zona Militar se reunieron el comandante de la zona, general Uribe Toledo Sibaja; el gobernador de Querétaro, José Calzada; el procurador estatal, Arsenio Durán, y la delegada de la PGR, Patricia Valdés, así como el secretario de Seguridad Pública estatal, Adolfo Vega, y el secretario de Gobierno, Jorge García.”
Y el lunes 17 confirmó: “Ayer, el titular de la PGR, Arturo Chávez, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acompañados de funcionarios de la SSP federal, se unieron a las reuniones que mantenía el gabinete de seguridad estatal con autoridades federales en la 17 Zona Militar, que comanda el general Uribe Toledo Sibaja. El sábado estuvo en la entidad el titular de la SSP, Genaro García Luna, e inspeccionó el rancho de Fernández de Cevallos.”
El Universal también dio cuenta de la atención extraordinaria: “Para supervisar la puesta en operación del esquema de búsqueda, el presidente Calderón Hinojosa retrasó por algunas horas su partida hacia España, donde participará en las cumbres México-Unión Europea y de la Unión Europea-América Latina y el Caribe”.
Antes de éste, ningún secuestro mereció la atención personal del presidente de la República y todo el gabinete de seguridad; la movilización masiva de efectivos militares y policías federales; y hasta el retraso de casi hora y media de una gira internacional del Ejecutivo federal.
Una semana después, el viernes 21 de mayo, Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo mayor del plagiado, dio a conocer un comunicado en el que agradeció a las autoridades “su diligente y comprometido actuar”, pero solicitaba “encarecidamente que se mantengan al margen del proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”.
Y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, solícito respondió: “El gobierno (federal) será muy respetuoso al respecto de las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito”.
Los comunicados de la PGR y de la Presidencia de la República, tras su liberación, confirmaron que cumplieron cabalmente la solicitud de los secuestradores, hecha pública a través de la familia del exsenador.
Así Ricardo Nájera, vocero de la PGR, declaró a las 9:35 de la mañana del lunes 20, antes de que se corroborara la noticia: “De confirmarse de manera oficial la liberación, después del secuestro, del exsenador Diego Fernández de Cevallos, el Ministerio Público de la Federación estaría en condiciones de continuar con la averiguación para dar con los responsables del plagio”.
Y el comunicado CGCS-244, emitido en la residencia oficial de Los Pinos, ratifica dicho compromiso: “En todo momento, las autoridades federales fueron respetuosas de la decisión de los familiares del exlegislador panista, a fin de preservar su integridad física y lograr su regreso a casa”.
Pero no únicamente el tratamiento presidencial fue excepcional; también lo fue el mediático, y Televisa lo representa plásticamente: el 15 de mayo, día en que se conoció el secuestro del político, la empresa realizó una “emisión especial” conducida por Joaquín López-Dóriga; dos días después, el lunes 17 de mayo, comunicó que dejaría de informar del suceso hasta que Fernández de Cevallos fuese liberado “para no poner en riesgo su vida” y, finalmente, el pasado lunes 20 fue el mismo López-Dóriga el que, por medio de un enlace telefónico a las 9:02 de la mañana, dio a conocer la liberación del político.
Las evidencias son contundentes: el tratamiento fue y es excepcional. Y lo es porque tanto el presidente como algunos medios de comunicación, en este caso significativamente Televisa, confunden lo público con lo privado. La seguridad pública es un asunto que afecta la vida de toda una comunidad y ningún hecho que la impacte, así ponga en riesgo la vida de una o más personas, puede ser tratado como privado y, por lo mismo, sujetarse a las condiciones que impongan los secuestradores o los familiares de la víctima.
Ellos (la víctima, sus familiares y sobre todo los secuestradores) ven por sus intereses particulares; las autoridades y los medios de comunicación tienen que velar por el interés común. Suspender las investigaciones de un secuestro no sólo no ayuda a preservar la vida del plagiado, sino que pone en riesgo la del resto de la comunidad, pues en ese tiempo los plagiarios actúan con absoluta libertad e impunidad.
Como bien señala el código de ética del periódico sinaloense Noroeste (único medio de comunicación que tiene un apartado específico dedicado al tratamiento de los secuestros): “Creemos que al hacerse de interés público un secuestro, se genera presión hacia la autoridad a fin de que cumpla con sus obligaciones. De otro modo, el silencio fomenta la impunidad de los delincuentes y la pasividad de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana”.
Y añade: “Además, sostenemos que el publicar la noticia de un secuestro no pone en riesgo al secuestrado, pues éste ya se encuentra en riesgo desde que ha caído en manos de delincuentes”.
La confusión entre lo público y lo privado es obvia; el presidente giró instrucciones a su gabinete de seguridad y movilizó las fuerzas militares y del orden como si fueran de su propiedad: primero les ordenó que no escatimaran esfuerzos y actuaran a tope; después, ante la solicitud de los secuestradores (a través de la familia del panista) los contuvo, los frenó, los marginó del hecho; y, ahora, una vez que liberaron al plagiado, nuevamente promete “que el gobierno federal aplicará toda la fuerza de la ley para esclarecer la privación de la libertad de la que (Fernández de Cevallos) fue objeto, y señaló que se actuará con decisión para llevar a la justicia a los responsables”.
Cualquier secuestro, como uno de los crímenes que más lacera la seguridad pública y la vida de una comunidad, es un hecho público; debe tratarse como tal por autoridades y medios; y, por lo mismo, debe privilegiarse el interés de la comunidad y no el de los particulares involucrados en los hechos. Esto no sucedió en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos y fue el presidente Calderón quien le dio este carácter excepcional.
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