Jaime Ornelas Delgado : Coalición Ciudadana por la Educación

TENDAJÓN MIXTO
Coalición Ciudadana por la Educación
Jaime Ornelas Delgado

El pasado 21 de noviembre, Gilberto Guevara Niebla anunció la creación de la Coalición Ciudadana por la Educación (CCE), formada por un grupo de personas y organizaciones “convencidos de la que la educación es un derecho social esencial y un bien público primordial” para el desarrollo económico, la democracia, la justicia y la seguridad ciudadana. En consecuencia, surge la CCE con el fin de impulsar la movilización ciudadana para “enfrentar el arreglo político corporativo que está afectando de raíz al sistema educativo”.

La CCE demanda se rompa el “arreglo político que obstaculiza la mejora de la educación en aspectos clave como el ingreso, la capacitación y la programación de los supervisores y directores así como los incentivos y apoyos para lograr que los mejores maestros y maestras enseñen en las escuelas públicas” y exige que la transformación de la calidad de la educación se haga “colocando a las escuelas y las aulas en el centro.”

Por supuesto, la movilización promovida por la CCE no tiene un sentido antisindical, por el contrario promueve le respeto a los derechos laborales y también el cambio de “las reglas escritas y no escritas del sistema educativo que sustentan el acuerdo corporativo y que han creado la simbiosis atípica entre el sindicato y autoridades” que permite la indebida intromisión de la dirigencia sindical en la política educativa, la omisión de las autoridades en su función como garantes del derecho a la educación y la exclusión de la ciudadanía, de las maestras y los maestros, de los padres de familia y las y los estudiares “de la gestión y la rendición de cuentas sobre la educación.”

El acuerdo corporativo tiene graves consecuencia, pues mediante él las autoridades educativas violan el derecho a la educación de calidad cuando cada año empeora el desempeño de millones de estudiantes e incumplen su responsabilidad constitucional “al permitir que la dirigencia sindical ejerza en los hechos el poder de veto se entrometa en las decisiones educativas.” Asimismo, el poder de la dirigencia sindical distorsiona el ingreso y el desarrollo profesional de las y los docentes y las decisiones del sistema educativo. Sin duda, los primeros y más severamente afectados por el ejercicio indebido de poder de la dirigencia sindical, “son los maestros y las maestras que deben aceptar que sus carreras dependan de las influencias e intereses de la cúpula sindical.” Finalmente, el arreglo corporativo excluye la participación de la sociedad “que no tiene voz en las medidas para mejorar la calidad de la educación.”

Con este propósito, la CCE propone a la sociedad exigir al presidente de la República que, en uso de sus atribuciones, “establezca un nuevo marco de relaciones laborales y un nuevo conjunto de reglas que superen el acuerdo corporativo y establezcan un modelo democrático y transparente”, que permitan: I) recuperar el carácter público de la educación como un derecho y asumir la función educativa como prioridad nacional; II) colocar al desarrollo profesional de los y las maestras, así como a las escuelas y las aulas como centro de y prioridad del sistema educativo; III) que los gobiernos federal y estatales desempeñen su responsabilidad educativa con transparencia y rendición de cuentas; IV) promover la participación de la ciudadanos (los y las maestras, estudiantes y padres de familia) en la gestión educativa; V) garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y la genuina representación de sus intereses bajo principios sindicales democráticos; y vi) evitar la ingerencia sindical sobre el sistema educativo, y en especial sobre la carrera profesional del personal educativo.

Cuatro son las demandas centrales del CCE: 1. “Reformulación de los decretos, reglamentos, circulares y disposiciones normativas, así como de las reglas y acuerdos ‘no escritos’ que posibilitan la intromisión de la dirigencia sindical en la política educativa y que le conceden en los hechos derecho de veto y poder de negociación frente a las estrategias, programas e iniciativas educativas.” En particular, se demanda la derogación del Decreto de las Condiciones Generales de Trabajo de 1946, “el reglamento del escalafón y las comisiones mixtas y las disposiciones similares que sustentan el acuerdo corporativo.” 2. “Crear un auténtico servicio profesional de carrera educativa basado en desempleo y capacidad que reconozca a maestros, directores y supervisores como servidores públicas.” 3. Transparencia en los recursos manejados por la cúpula del SNTE y reducción de comisionados sindicales. 4. Participación y vigilancia ciudadana en la educación.

La participación en las acciones de movilización y de presión ciudadana que se organicen para llegar a presentar estas exigencias con un amplio respaldo popular el próximo mes de mayo de 2011, es absolutamente libre; las adhesiones a la CCE pueden hacerse en el sitio web: www.porlaeducación.mx.