Alejandro Encinas Rodríguez
El desafuero
La Cámara de Diputados ha adoptado una de las decisiones más importantes de esta Legislatura: el desafuero constitucional de uno de sus integrantes: Julio César Godoy Toscano.
No se trata de una decisión menor, ni de un mero trámite. Dicha resolución sentará un precedente fundamental para el desempeño de esta Legislatura, de sus integrantes y del Poder Legislativo en el futuro.
Son escasos los juicios de procedencia que se han resuelto contra miembros del Poder Legislativo. El primero registrado fue en mayo de 1929, cuando al diputado del Bloque Obrero y Campesino, Hernán Laborde, se le retiró el fuero tras haber pronunciado un discurso en solidaridad con el general Augusto Sandino, contra la llegada del presidente Hoover y mostrar en la tribuna de la Cámara de Diputados la bandera de EU arrancada por Sandino a los invasores estadounidenses.
Más adelante se iniciaron juicios, en diciembre de 1944, contra Carlos A. Madrazo, acusado de falsificar y traficar con tarjetas de braceros y, en 1994, contra el diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado como uno de los autores materiales del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. En ambos casos se suspendió el juicio de procedencia al otorgarles licencia para separarse del cargo.
En julio de 1983 se retiró el fuero constitucional al senador Jorge Díaz Serrano, acusado de defraudar a Pemex por cinco mil millones de pesos en la compra de dos buques-tanque. Díaz Serrano se presentó voluntariamente ante el juez y fue encarcelado.
Pero, a diferencia de los procesos anteriores, hoy existe un componente fundamental: es la primera ocasión en que se adjudican delitos vinculados con el crimen organizado a un representante popular. Por eso no es menor este asunto, y este precedente regulará el comportamiento entre poderes y el de los servidores públicos y representantes populares que pudieran verse involucrados en este tipo de delitos.
Voté a favor del desafuero constitucional de Godoy Toscano, partiendo de la convicción de que deben ser los órganos jurisdiccionales correspondientes, apegados estrictamente a derecho, los que deban resolver sobre las acusaciones que ha fincado la PGR.
Así lo planteamos desde el momento en que un juez otorgó un amparo mediante el cual restituyó los derechos políticos de Godoy Toscano, por lo que, en acatamiento estricto de la ley, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le tomó protesta. Lo hicimos también en la Sección Instructora, convencidos de que éste era el espacio institucional indicado para desahogar todos y cada uno de los dichos y pruebas.
Nos hemos allanado al dictamen de la Sección Instructora, con lo que queremos dejar claro que de ninguna forma nuestro partido incurrirá en acciones que provoquen sospecha sobre nuestro desempeño legislativo, sobre nuestra honorabilidad y sobre nuestras responsabilidades políticas. Y para dejar claramente establecido nuestro deslinde tajante de cualquier relación con acciones delictivas y con la delincuencia organizada. El país requiere de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública y congruencia entre quienes desempeñamos cargos de representación popular. Hoy, todos los fueros están a discusión, los fueros formales y los fueros de facto, y esperamos que la resolución adoptada por la Cámara no sea el inicio de la utilización de las instituciones públicas para la persecución política en medio de un escenario de descomposición de la moral pública provocado por la enorme influencia del crimen organizado, que pone en riesgo la viabilidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la vigencia de la Constitución y de leyes.
La ley debe aplicarse sin demora en contra de aquellos que cometan delitos y agredan la convivencia social. En ello no importan filias partidistas ni vínculos familiares. La fuerza del Estado debe enfrentar a los delincuentes, pero también el país necesita generar empleos, seguridad social, educación, inversión pública y privada para generar expectativas de desarrollo y bienestar, especialmente para los jóvenes, quienes son las principales víctimas de este peligroso proceso de rompimiento del tejido social.
Godoy Toscano debe presentarse, sin dilación, de manera voluntaria ante la autoridad para rendir cuentas, ejercer su derecho a la defensa y cumplir con su responsabilidad.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD
El desafuero
La Cámara de Diputados ha adoptado una de las decisiones más importantes de esta Legislatura: el desafuero constitucional de uno de sus integrantes: Julio César Godoy Toscano.
No se trata de una decisión menor, ni de un mero trámite. Dicha resolución sentará un precedente fundamental para el desempeño de esta Legislatura, de sus integrantes y del Poder Legislativo en el futuro.
Son escasos los juicios de procedencia que se han resuelto contra miembros del Poder Legislativo. El primero registrado fue en mayo de 1929, cuando al diputado del Bloque Obrero y Campesino, Hernán Laborde, se le retiró el fuero tras haber pronunciado un discurso en solidaridad con el general Augusto Sandino, contra la llegada del presidente Hoover y mostrar en la tribuna de la Cámara de Diputados la bandera de EU arrancada por Sandino a los invasores estadounidenses.
Más adelante se iniciaron juicios, en diciembre de 1944, contra Carlos A. Madrazo, acusado de falsificar y traficar con tarjetas de braceros y, en 1994, contra el diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado como uno de los autores materiales del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. En ambos casos se suspendió el juicio de procedencia al otorgarles licencia para separarse del cargo.
En julio de 1983 se retiró el fuero constitucional al senador Jorge Díaz Serrano, acusado de defraudar a Pemex por cinco mil millones de pesos en la compra de dos buques-tanque. Díaz Serrano se presentó voluntariamente ante el juez y fue encarcelado.
Pero, a diferencia de los procesos anteriores, hoy existe un componente fundamental: es la primera ocasión en que se adjudican delitos vinculados con el crimen organizado a un representante popular. Por eso no es menor este asunto, y este precedente regulará el comportamiento entre poderes y el de los servidores públicos y representantes populares que pudieran verse involucrados en este tipo de delitos.
Voté a favor del desafuero constitucional de Godoy Toscano, partiendo de la convicción de que deben ser los órganos jurisdiccionales correspondientes, apegados estrictamente a derecho, los que deban resolver sobre las acusaciones que ha fincado la PGR.
Así lo planteamos desde el momento en que un juez otorgó un amparo mediante el cual restituyó los derechos políticos de Godoy Toscano, por lo que, en acatamiento estricto de la ley, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le tomó protesta. Lo hicimos también en la Sección Instructora, convencidos de que éste era el espacio institucional indicado para desahogar todos y cada uno de los dichos y pruebas.
Nos hemos allanado al dictamen de la Sección Instructora, con lo que queremos dejar claro que de ninguna forma nuestro partido incurrirá en acciones que provoquen sospecha sobre nuestro desempeño legislativo, sobre nuestra honorabilidad y sobre nuestras responsabilidades políticas. Y para dejar claramente establecido nuestro deslinde tajante de cualquier relación con acciones delictivas y con la delincuencia organizada. El país requiere de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública y congruencia entre quienes desempeñamos cargos de representación popular. Hoy, todos los fueros están a discusión, los fueros formales y los fueros de facto, y esperamos que la resolución adoptada por la Cámara no sea el inicio de la utilización de las instituciones públicas para la persecución política en medio de un escenario de descomposición de la moral pública provocado por la enorme influencia del crimen organizado, que pone en riesgo la viabilidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la vigencia de la Constitución y de leyes.
La ley debe aplicarse sin demora en contra de aquellos que cometan delitos y agredan la convivencia social. En ello no importan filias partidistas ni vínculos familiares. La fuerza del Estado debe enfrentar a los delincuentes, pero también el país necesita generar empleos, seguridad social, educación, inversión pública y privada para generar expectativas de desarrollo y bienestar, especialmente para los jóvenes, quienes son las principales víctimas de este peligroso proceso de rompimiento del tejido social.
Godoy Toscano debe presentarse, sin dilación, de manera voluntaria ante la autoridad para rendir cuentas, ejercer su derecho a la defensa y cumplir con su responsabilidad.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD
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