Reforma laboral: debate sin plazos
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo,
aprobado en lo general y lo particular por el Senado el pasado martes, fue
enviado de regreso a la Cámara de Diputados luego que el primero ratificó la
grave afectación a los derechos laborales aprobada por la segunda: la
legalización de los contratos a prueba, el outsourcing o
subcontratación y el pago por hora, que colocan a los asalariados en un estado
de desprotección aún mayor que el que padecen actualmente. Sin embargo, la
cámara alta incorporó aspectos positivos a la propuesta de reforma, como los
relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia
sindicales.
A reserva de lo que ocurra en San Lázaro, resulta
pertinente comentar la luz verde legislativa a los aspectos relacionados con la
llamada flexibilidad laboral, en la medida en que han generado un amplio
descontento social que no fue recogido, sin embargo, por ninguna de las dos
instancias legislativas. En la discusión senatorial de antier, las bancadas del
PRI y el PAN mostraron una cohesión similar a la que habían mostrado antes en
la Cámara de Diputados y aprobaron las directrices demandadas por las cúpulas
patronales. Las fuerzas de izquierda, por su parte, si bien rechazaron la
reforma en lo general y formularon reservas a los aspectos más lesivos de la
misma, volvieron a mostrarse incapaces de articular una política de resistencia
eficaz para oponerse a las modificaciones mencionadas; los representantes de
los tres partidos progresistas en el Senado se limitaron a votar en contra de
la iniciativa calderonista, sin ensayar una discusión a profundidad en defensa
de los intereses laborales.
En tal circunstancia, sería improcedente y peligroso que
los legisladores terminaran por ceder a las presiones del gobierno federal y de
los organismos empresariales en el sentido de acelerar la aprobación de la
reforma laboral y su consecuente promulgación. Sería saludable, en cambio, que
antes de seguir por ese rumbo los diputados revisaran los escenarios de
confrontación social a que han dado lugar los recortes de derechos laborales en
España, Portugal y Grecia.
Una vez que se ha cumplido con el proceso de
dictaminación en ambas cámaras –como lo demanda la figura de iniciativa
preferente–, es procedente y necesario que el Poder Legislativo induzca las
formas de consulta ciudadana y convoque a los debates públicos que habrían
debido realizarse aun antes de las deliberaciones, y que se disponga a escuchar
el punto de vista de sindicatos, juristas, científicos sociales, organismos de
la sociedad civil y otros sectores interesados, en el entendido de que el
laboral no es un asunto menor, sino una de las piezas fundamentales del pacto
social que, maltrecho y todo, ha impedido que el país se desarticule a pesar
del desastre social causado por tres décadas de políticas neoliberales.
Es claro que dicha tarea no puede ni debe estar
circunscrita a los plazos del actual periodo de sesiones legislativas, y ni
siquiera a la duración de la presente legislatura, sino debe tomarse el tiempo
que sea necesario para lograr que la modificación legal refleje el sentido
nacional mayoritario. De actuar en ese sentido, los consensos se producirán más
temprano que tarde. En cambio, si se cede a las presiones del poder político y
económico, se estará poniendo en riesgo la armonía social y política de la
nación.
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