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Províctima, la mascarada presidencial
Aunque el presidente Calderón y su procuraduría “de papel”, Províctima, presumen el hallazgo de algunas decenas de los más de 10 mil desaparecidos, cabe subrayar que no se trata de víctimas de desapariciones forzadas, sino de personas que, peleadas con sus familias, se fueron a hospedar en casa de un pariente; de otras que habían sido internadas en prisión preventiva, de unas más que se hallaban hospitalizadas, y así por el estilo… de modo que los levantamientos de la delincuencia organizada y de las fuerzas de seguridad siguen impunes y a todo lo que dan…
A seis semanas de que culmine este sexenio con el negativo saldo de más de 10 mil desaparecidos, el presidente Felipe Calderón presumió un mañoso dato para aplaudirse por la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima): que en un año localizó a 113 personas reportadas como desaparecidas.
El anuncio lo hizo durante el primer aniversario de Províctima, aunque omitió decir que las personas encontradas no habían sido desaparecidas por la delincuencia organizada o las fuerzas de seguridad –como es característico del sexenio–, sino que eran ciudadanos que no se habían reportado a sus casas.
Al analizar las circunstancias del hallazgo de las primeras 66 víctimas de desaparición que Províctima presumió como encontradas, Proceso halló que 24 de ellas decidieron salir de su domicilio sin especificar a dónde iban; 10 se pelearon con su familia y eran hospedadas por otros familiares; cuatro estaban en prisión preventiva y dos en hospitales; tres eran migrantes de paso por México; tres no tenían señal de teléfono o dinero para comunicarse; una estaba arraigada, otra en un refugio para víctimas de trata, y de tres no hay datos. Otras 13 estaban muertas.
Ninguno de los desaparecidos que fueron localizados eran víctimas de desaparición forzada, lo que significa que no cuentan entre las personas que se han llevado el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, las distintas policías, alguna autoridad o, lo que es lo mismo, el Estado.
Dichos datos se desprenden de varias solicitudes de información pública y entrevistas a víctimas y organizaciones de derechos humanos que este semanario realizó para analizar la publicidad oficial. Como ya había dado cuenta Proceso 1865, en abril de este año la Presidencia de la República inventó una encuesta que atribuyó a la consultora Moctezuma & Asociados y que mostraba la supuesta satisfacción de los usuarios de la Procuraduría Social, pero la información resultó falsa.
El presente reportaje forma parte del seguimiento que este semanario ha hecho de Províctima luego de que fue creada, mediante decreto presidencial, el 6 de septiembre de 2011, como respuesta a las movilizaciones callejeras y reclamos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y de las organizaciones de familias con personas desaparecidas de México y Centroamérica.
Como se estableció desde entonces, Províctima nació sin atribuciones legales para asistir a las víctimas ante la justicia, funciona sin recursos, pepena programas sociales que adapta para víctimas, y trabaja con instalaciones y personal prestados de varias dependencias. (Entre sus miembros se cuentan exdirectivos del Cisen, hombres que trabajaron en la oficina del Secretario de Seguridad Pública federal o integrantes de la Marina y el Ejército.)
El nuevo logro presumido por Províctima es la invención del “Protocolo de Búsqueda para Personas Desaparecidas o No Localizadas”, con el fin de actuar durante las primeras horas a partir del reporte, que pone en evidencia la negligente actuación de la PGR y las procuradurías estatales, pero sigue sin resolver demandas de fondo.
“El protocolo no está construido para buscar a víctimas de desaparición forzada; está para buscar a personas no localizadas que se van de sus casas. El trabajo de Províctima es enviar oficios para preguntar a las otras instituciones qué saben sobre la persona o buscar en FaceBook o interrogar a los amigos, como hace CAPEA (el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, de la Procuraduría del DF), pero siguen indagando a través de oficios, y como no tienen facultad de Ministerio Público para salir a la calle a buscar, ¡es un fraude!”, expresó Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos.
En entrevista, indicó que para el diseño del protocolo, elaborado por la subprocuradora Patricia Bugarín, no fueron convocadas las organizaciones de familias o de defensa de derechos humanos expertas en el tema.
El protocolo aprobado a unos meses de terminar el sexenio tampoco ayudará a resolver las miles de desapariciones ocurridas estos años, ya que –en caso de que sea aprobado en la Conferencia Nacional de Procuradores– operará para casos futuros. Así, Calderón dejará a su sucesor la deuda de encontrar a miles de seres humanos además de castigar más de 60 mil asesinatos.
“Están proponiendo búsquedas normales, las tradicionales que haría el CAPEA, porque si tienes personas desaparecidas lo más lógico es que busques en hospitales, centros de reclusión, albergues o entre familiares. Es muy diferente la búsqueda cuando se trata de casos de delincuencia organizada o desaparición forzada”, dijo a su vez la asesora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México (Fundem), Ana Lorena Delgadillo.
En entrevista, señaló que la principal demanda de las víctimas del Movimiento por la Paz y de las organizaciones de familiares es la constitución de mecanismos para la búsqueda de personas sobre terreno, de mecanismos de investigación para las personas que llevan semanas desaparecidas.
“La búsqueda que propone Províctima es de papel, es la que se hace sin investigación de campo, pero lo que pedimos es que ante cada denuncia salga un equipo formado con policías, criminalistas, investigadores, Ministerios Públicos que se vayan a campo a buscar con una estrategia regional”, precisó.
En el aire quedan varias dudas: ¿Províctima duplica funciones con CAPEA? ¿Cuál es la diferencia con el área de la SSP denominada “Ayúdalos a regresar a casa” y con el de la PGR dedicada a la búsqueda? ¿Es diferente su registro de personas extraviadas a los de otras dependencias?
“No queda claro si duplican funciones. Lo cierto es que se está burocratizando la parte de atención a víctimas, lo que significa que se sigue buscando a los mismos grupos y que los grupos desprotegidos siguen desprotegidos”, expresó la abogada.
El parche al hoyo negro
En el PowerPoint de presentación del protocolo de búsqueda la dependencia señala como justificación lo que las familias víctimas han repetido hasta el cansancio: “En la actualidad no existe un sistema de coordinación operativa que permita dar respuesta inmediata y adecuada (…) y que garantice la realización de las acciones inmediatas” que aseguren la “localización y resguardo” de las personas desaparecidas.
Partiendo de la base de esta negligencia institucionalizada, el documento indica a los Ministerios Públicos los pasos que deben seguir al recibir una denuncia por desaparición. Algunos calificados como “estratégicos” parecen obvios –como entrevistar exhaustivamente a la familia o mandar una ficha con los datos de el/la desaparecida/o a todas las dependencias–, pero con el hecho de hallarse contenidos en el documento se demuestra que no se siguen.
Otros de los procedimientos consisten en mandar carteles de extravío a lugares como terminales de autobuses o casetas de peaje; solicitar videos de las casetas; alertar sobre el vehículo utilizado para el rapto; solicitar a las compañías telefónicas las listas de llamadas desde el celular de la víctima; indagar en correos electrónicos y redes sociales que utilizaba la persona buscada o solicitar los movimientos de sus cuentas bancarias, pedir colaboración a los cuerpos de seguridad y verificar en los centros de detención. Todo lo que, a lo largo del sexenio, las víctimas han señalado que se deja de investigar.
La presentación establece que, en caso de contar con la autorización de acceso, se debe solicitar a la Policía Cibernética ingresar a los correos electrónicos de la víctima, y “si el correo fuera Yahoo, es factible solicitar su intervención”. Además, plantea que deben rastrearse las redes sociales de las amistades de la persona buscada.
Estos procedimientos dieron como resultado el hallazgo de las 66 personas hasta el mes de julio. Según la información proporcionada a través de la Ley de Transparencia, éstas fueron encontradas en Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Argentina, El Salvador, Inglaterra; otros, en el DF, en el hospital La Villa o el Reclusorio Norte, y uno más en el penal de Topo Chico, en Nuevo León.
La ubicación se logró debido a que Províctima “supervisó” al Ministerio Público para que realizara las acciones debidas, o “solicitó” a las instituciones involucradas en la investigación que cumplieran sus funciones y desarrollaran los mecanismos de colaboración con otras procuradurías, o les sugirió pistas de investigación.
Las personas sin vida fueron encontradas en Chihuahua (cinco, una de ellas en el Servicio Médico Forense), Estado de México (tres), dos en Oaxaca y una en Guerrero, Hidalgo y Tamaulipas, respectivamente.
Otro de los datos dado a conocer por la dependencia es que cinco estados concentran la mitad de las mil 314 denuncias por desaparición que ha recibido. Tamaulipas se sitúa a la cabeza, con 14.8%, y le siguen Coahuila, con 10.8%; Veracruz, con 9.2%; Estado de México, con 7.8% y Nuevo León, con 7.4%.
Sólo en el estado de Coahuila –según cifras del gobernador Rubén Moreira–, en los últimos años han desaparecido mil 600 personas.
Consuelo Morales, directora de la organización neoleonesa Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), manifestó que en todo el país se debe avanzar en acceso a la justicia y la verdad, lo que se lograría si existiera una ley federal de desaparición forzada, ya que sólo de esa manera el gobierno mandaría un mensaje de “alto a la impunidad”.
Esta religiosa, galardonada por Human Rights Watch por su trayectoria, advirtió que en Nuevo León hay más de 980 personas desaparecidas, y que el 25% de los casos son catalogados como desapariciones forzadas.
Su organización ha presentado ante el sistema de Naciones Unidas 19 denuncias por desapariciones donde participaron agentes del Estado.
En entrevista, indicó que aunque Províctima cuenta con integrantes que tienen “buena voluntad” para ayudar, carecen de fundamentos legales y económicos para operar a favor de las víctimas.
“Acompañan ante la procuraduría, vienen y asumen algunos compromisos que la mayoría de las veces no han podido cumplir, no porque no quieran, sino porque no cuentan con los recursos materiales y económicos. A veces se comprometen a pagar un boleto para que una persona deje una muestra de ADN en PGR, pero a la mera hora dicen que no tienen dinero. Otra vez se comprometieron a pedirle a una televisora el video donde se mostraba a una persona que buscábamos, pero no pudieron”, explicó.
La hermana Consuelo, como se le conoce, agregó que en Nuevo León los funcionarios usaban un formato que deslindaba de responsabilidad al Estado de las desapariciones forzadas.
“En el formato se señalaba que nosotros (los firmantes) asumimos que nuestro familiar no fue detenido arbitrariamente o no está desaparecido. Lo comenté con ellos, les dije que eso no lo íbamos a firmar; ellos lo informaron a México; nos dijeron que lo iban a quitar, y se quitó ese párrafo del formato. No he sabido de otras cosas más”, refirió.
El sexenio de Calderón terminará sin respuesta a las familias incompletas que buscan a sus seres queridos. Todo indica que como saldo pendiente quedarán el registro nacional de personas desaparecidas, el banco genético de familiares, la implementación de protocolos y mecanismos de búsqueda en vida y de exhumaciones, así como la tipificación del delito de desaparición forzada a nivel federal. Un legado para las próximas generaciones.
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