Carlos Fernández-Vega
México SA
¿Amputación sorpresiva?
Minería: arrasan los barones
Iniciativas: 93% a la basura
Con sorpresa, según dijeron, los senadores se
enteraron de la mutilación de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo
por ellos aprobadas, y sin denunciar quién o quiénes fueron los autores de tal
amputación algunos se limitaron a denunciar que “la fuerza de las corporaciones
mineras en el país es tal que lograron presionar para que se eliminaran de la
reforma laboral ordenamientos que beneficiaban a quienes trabajan en las minas,
especialmente de carbón, y establecían sanciones mínimas para las empresas que
incumplen con las medidas de higiene y seguridad. De la minuta de esa reforma
laboral, que se discutió ya en ambas cámaras y está de regreso en San Lázaro,
se borró ‘misteriosamente’ parte de un artículo en su paso al Senado, donde PRI
y PAN votaron en contra de que se reintegrara lo perdido y se establecieran
otros ordenamientos para proteger al gremio minero” (La Jornada, Andrea
Becerril).
De acuerdo con la versión oficial, nadie supo, nadie
sabe, pero lo cierto es que del texto originalmente aprobado por los inquilinos
del faraónico edificio de Reformadesapareció lo siguiente: “Artículo
343-E… III. Prisión de 3 a 6 años y multa hasta de 5 mil veces el salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal cuando por la omisión produzca la
muerte de uno o varios trabajadores. IV. Prisión de 6 a 9 años y multa hasta de
10 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal cuando se
produzca la muerte de uno o varios trabajadores por la realización de trabajos
de extracción de carbón, mediante tiros verticales a profundidades menores de
100 metros y en cuevas y pozos carboneros, cuando se realicen trabajos de
extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, sin contar con las
licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras y donde
no se observen las medidas de seguridad que correspondan, para proteger la vida
de los trabajadores”.
Como se lee, un texto demasiado largo y comprometedor
para los intereses de los barones de la minería como para que simple o
casualmente se perdiera odesapareciera entre lo que se aprobó en
Reforma y se regresó a San Lázaro, del Senado de la República a la Cámara de
Diputados. Pero nadie sabe quién fue, según dicen. Para nadie es un secreto que
ha resultado rotundamente fallido cualquier intento de (ya no se diga meter en
cintura) acotar los enormes privilegios de quienes se embolsan las
multimillonarias ganancias que les deja la vastísima riqueza minera nacional,
alegremente concesionada al capital privado, nacional y extranjero,
por el gobierno federal desde tiempos de Salinas de Gortari, aunque
especialmente en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (sólo este par
le entregaron algo así como 26 por ciento del territorio de la República).
Nada sorprendente, pues, la citada mutilación.
De hecho, en materia minera lo registrado días atrás en el Senado en realidad
es la norma, y no la excepción, como también lo es en San Lázaro, porque de
acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(Cesop) de la Cámara de Diputados, en las últimas tres legislaturas (de la LX a
la LXII) en el Congreso mexicano se presentaron no menos de 55 iniciativas de
ley para, tentativamente, acotar el inconmensurable poder de los barones de la
minería, pero el resultado fue catastrófico: de esas 55 iniciativas, 51 fueron
rechazadas o se enviaron a la congeladora parlamentaria. Lo anterior es igual a
que 93 por ciento de los intentos fracasaron; las cuatro iniciativas que sí se
aprobaron fueron descaradamente favorables a los citados barones.
Cada vez que algún legislador iluso intenta presentar una
iniciativa de ley en el sentido descrito líneas arriba, entra en acción el
ejército de cabilderos de los barones mineros, que incluye un mundo de ex
funcionarios al servicio de los corporativos, legisladores en activo y, la joya
de la corona, el propio gobierno federal. Resultado concreto: 93 por ciento de
tales iniciativas terminan en el bote de la basura, y las escasas que son
aprobadas sólo favorecen a los contados beneficiarios de esta República
concesionada.
El Cesop considera que las numerosas propuestas
legislativas que buscan un replanteamiento del marco fiscal de las actividades
mineras en México permiten confirmar que este tema es una preocupación
recurrente de los miembros del Congreso de la Unión. Sin embargo, esa
preocupación no se ha traducido aún en reformas encaminadas a satisfacer los
planteamientos que los legisladores detallan cuidadosamente en las exposiciones
de motivos de las diferentes iniciativas en materia fiscal sobre la minería
nacional. De ahí que aspectos como el pago de derechos por concesiones o la
figura tributaria de pago de regalías mineras o de impuestos a la extracción de
minerales, sean algunos de los temas más constantemente mencionados por los
especialistas como esenciales en una revisión de la legislación tributaria del
ramo. En los hechos, algo de ruido y nada de nueces.
Por ejemplo, el pasado 14 de diciembre, tres senadores
(el panista Ricardo García Cervantes, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, hoy
diputado, y Ericel Gómez Nucamendi, de Convergencia) presentaron una iniciativa
para la creación de la Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón, organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, y con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, que
tendría entre sus objetivos impedir la operación de yacimientos
clandestinos; frenar la violación de los derechos humanos y laborales de los
trabajadores; evitar accidentes que provoquen muertes y promover y orientar el
desarrollo económico sustentable de la minería del carbón. Además, acusaba al
gobierno federal de ser el primero en incumplir la legislación minera vigente.
¿Qué sucedió? Se presentó al pleno, y de inmediato se turnó a las
comisiones de comercio y fomento industrial y de estudios legislativos,
segunda, y allí se mantiene en riguroso clima polar.
Caso similar lo aporta el propio Arroyo Vieyra, quien en
septiembre de 2009 presentó una iniciativa para “modernizar el marco fiscal de
la industria minera y obligarla a pagar impuestos con base en las ganancias que
obtiene, en el entendido de que el pago de derechos por explotación
de los territorios concesionados es no sólo un asalto al erario y una
aberración económica, sino un verdadero insulto a la nación, toda vez que las
tarifas van de 5 a 101 pesos por hectárea concesionada, y nada más. El
legislador tardó más en subir a tribuna que el pleno en congelar la iniciativa.
Las rebanadas del pastel
Contundente, pero algunos legisladores se dicen sorprendidos.
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