Mineras: poder fáctico inaceptable
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Como si no hubiera sido bastante y excesivo con el
aluvión de recortes a los derechos laborales aprobados por las cámaras de
Diputados y Senadores durante el proceso de reformas a la Ley Federal del
Trabajo, los propietarios de los grandes consorcios mineros del país lograron
que se retirara de los dictámenes correspondientes partes de un artículo (el
343) originalmente incluidas en la propuesta del Ejecutivo y aprobadas por la
Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, que estipulaba la aplicación
de disposiciones de seguridad en todas las minas de la República, y
prohibía el trabajo en tiros verticales de carbón a profundidades menores
de 100 metros.
La inexplicable alteración que sufrió la minuta enviada
al Senado, en donde no se incluyeron las estipulaciones mencionadas, así como
la resistencia de las bancadas de PRI, PAN, PVEM y Panal en esta última
instancia legislativa a discutir la reincorporación de las mismas, permiten
ponderar los alcances del poder indebido que ejercen los consorcios mineros que
operan en el país, los cuales han sido sistemáticamente reacios a incorporar
condiciones mínimas de seguridad en sus yacimientos; han ocasionado con ello
múltiples accidentes mortales en el sector y han podido, a pesar de todo,
permanecer impunes.
Un ejemplo obligado de lo anterior es la tragedia
ocurrida hace más de seis años en Pasta de Conchos, Coahuila, en donde murieron
65 trabajadores del gremio. Desde el momento en que las autoridades federales
renunciaron a su tarea de investigar esos hechos y sancionar a los
responsables, se alinearon a los intereses de Grupo México de Germán Larrea, y
emprendieron una ofensiva en contra del sindicato minero que continuó durante
la actual administración, otorgaron a los empresarios del sector una patente de
impunidad, de presión y de chantaje que ha sido utilizada, ahora, para retirar
uno de los contados aspectos rescatables de la propuesta de reforma laboral
calderonista.
Por lo demás, hay indicios contundentes de que el poder
real de las mineras no es ejercido únicamente para garantizar la persistencia
de condiciones de trabajo no muy distintas de la esclavitud en sus socavones:
deben añadirse, también, las múltiples irregularidades y omisiones que operan
en los títulos de concesión de esas compañías, como han documentado
organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de deudos de mineros muertos
en accidentes, así como las recientes declaraciones del ex gobernador de
Coahuila, Humberto Moreira, en el sentido de que en esa entidad operan
empresarios mineros coludidos con el crimen organizado.
Semejante confrontación de los intereses empresariales
con los principios republicanos más elementales y, en última instancia, con la
legalidad sólo puede tener un desenlace deseable: la acotación del referido
poder fáctico acumulado por los propietarios de grandes consorcios mineros, el
establecimiento de regulaciones estrictas que les impidan abusar de la
necesidad de los trabajadores; la adopción de mecanismos de transparencia para
el otorgamiento de títulos de concesión para operar yacimientos, así como el
inicio de las pesquisas correspondientes para esclarecer y sancionar cualquier
tipo de actividad ilícita en que puedan estar involucrados esos grupos. Si la
autoridad no actúa en esos sentidos estará enviando a la opinión pública una
señal inequívoca de debilidad, ineficiencia e irresponsabilidad, y se
agudizarán las pretensiones de impunidad de importantes empresarios del gremio,
para quienes la ley es un mero formulismo susceptible de ser violentado e
incluso borrado.
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