Carlos Fernández-Vega
México SA
Mano de obra: bara, bara
Cambios y beneficiarios
Attolini: chao congruencia
Finalmente, ya entrada la noche del pasado martes y de
último minuto, los senadores acordaron una mínima modificación al texto de la
(contra) reforma laboral, lo que, de cualquier forma, en nada afecta el
fondo y el objetivo de la presunta modernización de la Ley Federal
del Trabajo aprobada en lo general a media tarde del mismo día. Es de suponer
que el súbito cuan milagroso cambio de actitud de los legisladores priístas (de
la rotunda negativa a aceptar cambio alguno al texto enviado por los diputados,
al sí estoy de acuerdo, aunque sea poquito) contó con el visto bueno del
encopetado presidente electo, de tal suerte que en San Lázaro ratificarían los cambios (salvo
mejor opinión de Manlio), y de allí directo a la promulgación de la nueva ley.
¿Qué significa, qué pretende, para qué es, y a quién
beneficia la nuevalegislación?, pregunta el Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la UNAM (Una nueva crisis para los trabajadores
mexicanos, un estudio de su autoría recién salido del horno), del que se toman
los siguientes pasajes. Pues bien, se trata de garantizar y justificar
legalmente nuevas formas para arrancarles a los trabajadores las conquistas
obtenidas desde la Revolución mexicana (conocido como proceso de precarización
o pauperización del trabajo). En la realidad muchas de las propuestas que hoy
se presentan como nuevas operan desde hace décadas en los centros de trabajo de
millones de trabajadores mexicanos y que, desde luego, funcionan fuera de la
ley con la contemplación y aval del gobierno federal. Sin embargo, para los
patrones hoy es necesario regularizar tal situación, con el fin de abaratar aún
más el costo de la mano de obra, algo que han concretado por cortesía del
Ejecutivo y del Legislativo.
Gobierno, empresarios y dirigentes sindicales oficiales
(léase charros), apunta el CAM, reiniciaron el proceso que en su momento
planteó Vicente Fox cuando, según decía, despachaba en Los Pinos, es decir,
“generar, supuestamente, un debate de ideas y presentar ‘nuevas’ alternativas
laborales, cuando en los hechos ya tienen la ‘reforma’ que necesitan los dueños
del dinero” y amarrada la decisión del Legislativo. La Ley Federal del Trabajo
ha sido una ley fundamental para regular las relaciones laborales entre
trabajadores y patrones, pero “el sentir de muchos trabajadores mexicanos es
que el patrón, con el gobierno a su favor, trata de despojarlos de sus derechos
laborales, ya que sin ellos el costo de la mano de obra es mucho más barato
para los patrones. Éstos han requerido de la complicidad de quienes se supone
representan a los trabajadores, la clase política, son ellos quienes han
convalidado la ‘reforma’ a la ley en 2012”.
Existe una tendencia histórica documentable, sostiene el
CAM, en el sentido de que las empresas cada día que pasa respetan menos las
leyes laborales. Por ejemplo, mientras que en 1992 el 52.4 por ciento de los
trabajadores consideraba que las empresas sí respetaban la ley; para junio de
1998 esa proporción disminuyó a 38.7 por ciento, y en 2011 se desplomó a 18.83
por ciento. Los trabajadores mexicanos viven cotidianamente atropellos a
los derechos laborales en sus centros de trabajo; los dueños buscan sacar
ventaja de esa situación, pues al evadir la responsabilidad que implica el
respeto de la LFT se pueden ahorrar muchísimo dinero; el problema radica en que
ese despojo es producto de que el trabajador labore en peores condiciones.
La reforma a la LFT impone, por parte de
patrones y gobierno, la nueva legalidad a los trabajadores que
regulará las relaciones laborales en los próximos años. Los trabajadores
expresan por propia experiencia y por propia voz que dichas modificaciones en
la realidad ya funcionan en México, independientemente de que esté al margen de
la ley. Mientras tanto, la legislación en México es cada día más violada con la
complicidad de las instituciones laborales del Estado, pues ellas, obligadas a
vigilar y hacer respetar las leyes laborales en el país, no cumplen mínimamente
con sus objetivos y funciones, pues son víctimas de la burocracia, ineptitud,
improvisación y la cultura de la corrupción.
La nueva LFT, impuesta por los patrones con la
complicidad del Ejecutivo y Legislativo, “garantiza la no recuperación del
poder adquisitivo del salario y que las condiciones de vida y laborales no
mejoren para los trabajadores, todo esto para mantener e incrementar las
ganancias de los empresarios a través de una mayor explotación de los
trabajadores. La modificación a la LFT es una adaptación del marco legal que
persigue mantener y perpetuar los beneficios y los intereses de unos cuantos a
costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Es así que los
patrones, mediante la regularización jurídica de las múltiples violaciones en
mucho fragantes, buscan fragmentar el mercado laboral, fomentando la
competencia entre los trabajadores que buscarán permanecer laborando pero ahora
en peores condiciones; con tal ‘reforma’, los trabajadores del sector formal de
la economía quedarán al nivel de los trabajadores del sector informal”.
Los cambios a la LFT, puntualiza el CAM, tienen la
finalidad de garantizar mano de obra de muy bajo costo al capital nacional y
extranjero. “Así, mientras los ricos se la pasan haciendo cuentas alegres, en
el mundo de la mayoría de los mexicanos, el valor de la fuerza de trabajo –el
salario– continúa en proceso de deterioro. Tal es el caso del salario mínimo,
el cual de diciembre de 1987 a enero de 2012 acumula una pérdida real en su
poder adquisitivo de 82.36 por ciento, es decir, actualmente se requieren más
de seis salarios mínimos para adquirir la Canasta Obrera Indispensable. Dicha
canasta la consume una familia de cinco personas (dos adultos, un joven y dos
menores), y está conformada por 35 bienes y servicios; 27 alimentos, tres
productos de aseo personal y del hogar, transporte, energía eléctrica y gas. La
indicada canasta no incluye gastos en renta, salud, educación, vestido, calzado
y diversiones). Del 16 de diciembre de 1987, cuando entra en vigencia la era de
los ‘pactos’, al primero de abril del año 2012 el costo de la COI se ha
incrementado 5 mil 576.82 por ciento, y del otro lado el aumento acumulado del
salario mínimo nominal diario ha sido de sólo 963.37 por ciento”.
Las rebanadas del pastel
Producto de la reforma laboral, en Televisa ya
contratan nuevo personal: hasta hace poco acérrimo crítico, según decía, de una
empresa mafiosa que nos ha engañado durante años y años, Antonio Attolini, ex
vocero de #YoSoy132, ahora despacha en la fábrica de sueños de Emilio Azcárraga
(el dueño de la empresa mafiosa), quien, vía outsourcing, desde
luego, le dio su programa en la telera. Hueso mata congruencia.
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