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Primera represión de Graco Ramírez: ataque a campesinas de Huexca
A tres semanas de haber tomado posesión, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu decidió reprimir a campesinos de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, que ni siquiera su antecesor, el panista Marco Adame, se atrevió a tocar.
Cientos de policías estatales arremetieron contra un grupo de campesinas de esta comunidad, cuyos accesos se mantuvieron bloqueados por cerca de tres horas, con el propósito de que maquinaria y trabajadores de contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ingresaran al predio donde pretende edificar dos termoeléctricas.
El despliegue policiaco inició poco antes de las 10:00 horas, cuando un grupo de agentes vestidos de civil se internó en los sembradíos de sorgo que circundan la comunidad. Minutos después, unas 35 patrullas cargadas de policías antimotines, se formaron en el camino de acceso donde los pobladores de Huexca mantienen un plantón cuyo objetivo es repudiar la construcción de una termoeléctrica.
Sólo en la carretera Cuautla-Izucar de Matamoros, con la que entronca el camino de Huexca, unas 10 patrullas y un centenar de policías montaron guardia, mientras que ya en el camino, se abalanzaron en formación contra las campesinas.
Con los escudos por delante y golpeando en formación amenazante, avanzaron hasta chocar contra el grupo de mujeres que intentaban mantenerse unidas entrelazadas en sus brazos. Replegadas a empellones con los escudos, no resistieron y unos metros atrás rompieron su formación, resultando lesionadas dos de las manifestantes.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Olga Anzures y Susana Catalán, mostraron los golpes que con “kendo” y escudo les propinó el contingente enviado por el gobernador Graco Ramírez, según confirmaron sus propios funcionarios en diferentes entrevistas.
Las campanas de la iglesia comenzaron el repique y a través de altavoces, la comunidad fue alertada y salió al camino en apoyo de sus compañeros.
“Golpearon a 30 y salió todo el pueblo”, explicó uno de los campesinos que se mantiene en el plantón.
Hasta las 13:00 horas los tres accesos a Huexca fueron tomados por los policías que impedían que nadie entrara o saliera de la comunidad de unos 900 habitantes. Finalmente, ante la presencia de reporteros locales que se daban cita en la carretera a Cuautla, los policías rompieron el cerco y se apostaron en las aceras del camino a dicha localidad.
La mayoría de los habitantes de la comunidad se opone a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), una obra que de realizarse estaría compuesta de un gasoducto y dos termoeléctricas, estas últimas instaladas en las inmediaciones de Huexca.
El gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu aseguró a través de su cuenta de Twitter que la mayoría de los habitantes piden el gasoducto y la termoeléctrica, en tanto, su secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, aseguró inclusive, que sólo fueron 20 policías los que participaron en la represión.
En un recorrido por la zona, Apro pudo constatar que aún a las 19:00 horas, se mantenían en la comunidad al menos 60 policías, pues un numeroso contingente regresó a Cuernavaca alrededor de las 15:00 horas.
Los campesinos retomaron el control del acceso a la población mientras los policías permanecían a la expectativa. A lo largo de la tarde, permitieron pasar a todos los vehículos que no tenían relación con el PIM ni la CFE, pero se apostaron en el camino cuando cuadrillas de trabajadores intentaban ingresar a la comunidad.
En la edición 1870 de la revista Proceso, se informó que en esa comunidad no se realizó consulta pública y ante las dudas sobre la sustentabilidad y seguridad del PIM, basadas en el propio Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), elaborado por la CFE, los campesinos decidieron tomar el acceso para impedir el paso de maquinaria y trabajadores.
El PIM es un proyecto concesionado por el gobierno de Felipe Calderón a las empresas españolas OHL, Abengoa, Enargas y Elecnor, que en la actual administración han sido ampliamente favorecidas con contratos de obra, en especial de agua y energía.
Luego de diversas peticiones de diálogo, el gobierno de Graco Ramírez respondió con aproximaciones que no resolvieron las dudas de la comunidad, del mismo modo que lo había hecho su antecesor, Marco Adame.
Esta tarde, al sitio arribó un funcionario municipal que dijo llamarse Ricardo Robledo, para solicitar diálogo.
–Pero si lo que hemos pedido todos estos meses es diálogo y en lugar de escucharnos nos mandan a los granaderos –dijo Mayra, una joven lugareña.
–Eso sería en la administración pasada, si yo hubiera sabido que estaban dispuestas a hablar –repuso el funcionario, quien presumió haber conseguido el retiro de la policía como signo de buena voluntad.
El contrasentido era evidente: Él mismo estaba custodiado por los policías, que sumaban más de 50.
Tanto Graco Ramírez como sus funcionarios aseguraron a lo largo del día que cuentan con 500 firmas de apoyo al PIM, lo cual fue rechazado por los vecinos del lugar que participaban en la protesta.
Denunciaron que la mayoría de esas firmas corresponden a personas que no viven en el lugar y que fueron obligadas a firmar, al mismo tiempo que firmaban la recepción de despensas y otros beneficios de programas sociales.
Inclusive, exhibieron las actas de sus últimas asambleas en las que más de 250 rechazan el PIM.
“Hablar de 500 firmas es superar la totalidad de los adultos del pueblo, donde viven 900 personas, con todo y niños y menores de edad, mientras que muchos de los hombres han migrado al extranjero en busca de trabajo”, explicó una de las manifestantes.
Al lugar arribaron representantes de organizaciones de Puebla y Tlaxcala, así como del movimiento #YoSoy132, en apoyo a los campesinos.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” (CAM), emitió varios comunicados a manera de acción urgente, a fin de evitar que las acciones policiacas pongan en riesgo la integridad de los habitantes del lugar.
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