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Panamericanos: El juego de los millones perdidos
Una auditoría realizada por la contraloría de Guadalajara al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag) detectó un manejo irregular de 320 millones de pesos en el periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 2011. En el informe respectivo, los investigadores enumeran los ilícitos: compras a empresas que no se encuentran en el padrón de proveedores, licitaciones fantasmas, duplicidad de pagos, fianzas no cubiertas y hasta nepotismo.
Asignaciones multimillonarias directas por orden de Mario Vázquez Raña, compras a empresas que no se encuentran en el padrón de proveedores, licitaciones fantasmas, duplicidad de pagos, fianzas no cubiertas y nepotismo son algunas de las muchas irregularidades detectadas al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag), en una auditoría efectuada por la Contraloría tapatía.
El 22 de junio de 2011, el entonces titular de la dependencia, Francisco Javier Morales Aceves, notificó al director del comité, Carlos Andrade Garín, sobre la revisión y sus alcances. La investigación se restringió en el ejercicio presupuestal de ingresos y egresos de 2010 y el primer semestre de 2011. Los auditores detectaron gastos no comprobados por casi 320 millones de pesos durante ese periodo.
La auscultación se concentró en las áreas de adquisiciones, nóminas, horas extras, normatividad, patrimonio y recursos financieros. Entre las anomalías destaca la contratación de la empresa Internacional Sport Broadcasting, a propuesta directa de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), cuyo titular es Mario Vázquez Raña, para la producción y transmisión de la señal de la justa continental.
Al principio se autorizó la transmisión por 500 horas, con un costo de 14 millones de dólares; pero se amplió a 700, por lo que la cuenta se elevó a 16 millones.
“La Comisión de Adquisiciones determinó contratar a la empresa por recomendación de la Odepa sin observar los procedimientos contenidos en el Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Guadalajara; al no cumplirse lo estipulado por la normatividad correspondiente, se considera una adjudicación irregular”, apuntan los auditores.
En agosto pasado Vázquez Raña denunció que el Copag tenía una “escandalosa deuda” de más de mil millones de pesos debido a un desorden administrativo (Proceso 1870).
Juan Ángel Guadarrama Faya, Edith Alejandra León Díaz y Alejandro Villaseñor Tatay, adscritos a la Secretaría de la Contraloría, comentan la opacidad del personal del Copag durante la revisión. Cuando pidieron al área jurídica del comité copias de los contratos relacionados con las prestación de servicios, adquisición de bienes y patrocinios, la respuesta fue: “Allí están, son cientos”, pero no les fue entregado ninguno. Al final, el Copag entregó sólo 70.
Los auditores también hicieron observaciones a los fondos revolventes que manejaron Idalia Echegollen Mestas y Vladimir Hurtado Burgos, directores general y administrativo, respectivamente. Según las copias de los documentos, ambos funcionarios compraron bebidas alcohólicas, cigarrillos, y sólo entregaron facturas y comprobantes que no cumplían con los requisitos fiscales.
Hasta el momento de la revisión, el Copag tenía adeudos por un millón de pesos a diversos acreedores, entre ellos Fábricas Selectas, la Secretaría de Finanzas, OTI Internacional LLC, GDF Suez Gas NA LLC y Terra Network Chile.
En relación con los gastos de los funcionarios –que incluyen pasajes, transporte, hospedaje y consumo de alimentos–, la dependencia no aplicó el tabulador del Reglamento de Visitas Oficiales, por lo cual sus directivos ni siquiera presentaron comprobantes de consumo, según el reporte de los auditores. Incluso en algunas facturas cargaron consumos extras, aun cuando la contratación incluía todos los servicios.
En lo concerniente al consumo de gasolina, la dependencia ni siquiera entregó documentos de los modelos y placas de los vehículos. Lo que sí detectaron los auditores es el pago de la cuenta del celular del director de comercialización y mercadotecnia, Horacio de la Vega Fuentes.
Asimismo, las diferencias en el tipo de cambio provocaron pérdidas, sobre todo en la cuenta de Rendimientos Financieros de la comisión. Según la documentación analizada, la diferencia fue por 2 millones 317 mil pesos en el periodo.
En cuanto a las adquisiciones, los auditores detectaron compras directas injustificadas a favor de empresas no incluidas en el padrón de proveedores del municipio ni del Copag; en ocasiones ni siquiera se especifica el monto del contrato ni a quién adjudicaron la compras, en los casos en los cuales hubo concurso.
Un dato curioso: la información proporcionada por la comisión indica que el servicio de transporte para la Olimpiada Nacional 2010 se contrató vía telefónica, pero sólo se menciona la empresa ganadora.
Otras irregularidades son: la de la compra de equipo de telefonía y 400 celulares a Telmex, cuando la plantilla de la dependencia es de sólo 186 personas; el pago de mil 840 viajes al servicio de transporte TTUR Autobuses de la Piedad, cuando en realidad fueron mil 400, lo que implicó una erogación extra injustificada de 500 mil pesos.
Las trácalas
Una de la empresas favorecidas por el Copag fue Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), a la que se le adjudicaron contratos por casi 6.6 millones de pesos en una presunta licitación pública para la realización de eventos deportivos. No obstante, los auditores no encontraron el nombre de las otras empresas concursantes.
En la revisión de la licitación pública para contratar un seguro para la transmisión de la señal International Sports Broadcasting (ISB) observaron la misma irregularidad. No encontraron el nombre de los proveedores participantes ni el cuadro comparativo; sólo obtuvieron el dictamen técnico, según el cual se adjudicó un contrato por 1 millón 39 mil 188 dólares a Grupo Mexicano de Seguros.
Asimismo, en las actas del Comité de Adquisiciones del Copag se detectó la erogación de 1 millón 212 mil 702 pesos que no estaban previstos en los gastos de la comisión por la develación del reloj de la cuenta regresiva para la inauguración de los Juegos Panamericanos en la glorieta Minerva, así como por la difusión de los eventos “campaña de ciclismo, gimnasia y se acerca el espíritu”.
Respecto a las compras del área médica, el reporte consigna: “No se tiene una estadística de los servicios otorgados ni de los medicamentos y materiales de curación solicitados y consumidos durante 2010 y 2011, únicamente se registró el evento al que fueron destinados”.
También destacan el desaseo en el organismo dirigido por Andrade Garín con relación al resguardo de los bienes muebles, algunos de los cuales ya están semidestruidos o abandonados. Algunas de las facturas, dicen, no concuerdan con el monto ni con el contenido, o simplemente los bienes no se encuentran en la base de datos.
Y mencionan el caso del almacén general, donde las existencias no coincidían con el material de los registros; algunos de los bienes no aparecían en el inventario, aun cuando por reglamento deben ser registrados cuando ingresan. Los auditores tampoco hallaron 18 facturas correspondientes a muebles asignados al área de tiro con arco.
Algo similar observaron en lo relativo a los siete celulares, las dos laptops y un radio Nextel desaparecidos, que nunca fueron reportados a la Procuraduría de Justicia del estado, pues, dicen, no se encontró ningún documento en el cual se “detalle el compromiso de cubrir el costo del bien extraviado”.
Y aun cuando detectaron “pagos a extranjeros”, no se les retuvo el 25% de impuestos correspondiente. Es el caso de la empresa Cuba Deportes, S.A., que se embolsó 96 mil 368 dólares (equivalente a 1 millón 252 mil 784 pesos) por asistencia técnica sin pagar los 24 mil 92 dólares de ISR.
La Contraloría municipal menciona también a 21 proveedores a los cuales se les pagaron 12 millones 476 mil 726 pesos, aun cuando incumplieron con las bases del Reglamento de Adquisiciones del ayuntamiento. Entre las anomalías destacan: duplicidad de pagos y adjudicación directa so pretexto de que “es la única empresa que puede dar el servicio en los términos requeridos”.
Tampoco especificaron las características ni el valor del producto, fianza, contrato posterior a la adjudicación ni otras propuestas de presupuesto ni el acta del Comité de Adquisiciones.
Además, se asignaron compras con un giro distinto al requerido. Por ejemplo, la fabricación de dos relojes grandes utilizados para llevar la cuenta regresiva en Plaza Liberación y las avenidas Chapultepec y Vallarta, se le asignó a Blanca María Eugenia Guzmán Hernández, quien se dedica a la fabricación de botes de basura y mobiliario urbano.
En la develación del reloj panamericano, que tuvo un costo de casi 2 millones de pesos, varios proveedores fueron descartados “no por motivos económicos, sino por razones de índole subjetiva”. La empresa ganadora, Productora Master Links, S.A. de C.V., recibió del Copag más de medio millón de pesos adicionales después de la firma del contrato, aunque esa cantidad no se reportó.
Los auditores aluden también a un gasto de 881 mil 112 pesos para hospedar a 15 personas durante seis noches, aunque sólo se mencionan los nombre de 13. Las otras dos, según la comisión, eran de la “Oficina Guadalajara”, aunque no entregó ningún oficio para justificar su presencia. La misma situación se repitió en un viaje a Mérida que tuvo un costo de 278 mil 219 pesos para la realización de una asamblea de la Odepa.
Parientes y aviadores
En la plantilla del Copag se registró Carlos Armando Andrade Durán, sobrino del director general de la dependencia, Carlos Andrade Garín, quien fue nombrado como analista de Televisión y Medios. Su sueldo mensual: 15 mil 816 pesos.
Los auditores apuntan que la contratación violó el artículo 61, fracción XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Jalisco, según el cual los funcionarios deben abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación o promoción, o por conducto de otro servidor de personas con las que se tenga parentesco consanguíneo o por afinidad (…) para ocupar algún cargo público.
Otra irregularidad es la de Ofelia Medina Valadez, quien perdió uno de los siete celulares durante la realización de la justa deportiva continental. Ella ingresó a la nómina del Copag como directora de Relaciones Públicas el 16 de octubre de 2010. No obstante, continuó laborando en el ayuntamiento de Guadalajara hasta el 31 de diciembre siguiente como coordinadora NA3. Ahí cobraba cada mes 62 mil 76 pesos.
De acuerdo con los auditores, Medina Valadez infringió los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos. Lo mismo pasó con Roberto Kenny Espinosa, contratado como subdirector de Televisión a partir del 1 de febrero de 2011, aunque fue hasta el 25 de ese mes cuando la Comisión de Adquisiciones del Copag autorizó el nombramiento. Su sueldo mensual: 100 mil pesos.
Al revisar su caso, los auditores detectaron varias irregularidades: su contrato carece de firmas, comenzó a cobrar a partir de enero y sus percepciones mensuales eran superiores a los 111 mil pesos:
“De acuerdo con los registros contables, se encontró un pago mediante el cheque número 5748, con fecha 12 de mayo de 2011, por la cantidad de 333 mil 566 pesos; es decir que se pagaron 111 mil 188 pesos por mes, cuando el contrato marcaba un sueldo de 100 mil pesos, por lo que resulta improcedente el pago.”
Refieren también que muchos expedientes estaban incompletos: algunos no tenían el acta de nacimiento de los funcionarios, en otros faltaban las cartas de policía, altas en el Seguro Social; en casos como el del director comercial y mercadotecnia, Horacio de la Vega Flores, faltaba la declaración patrimonial.
En situación similar estaban otros directivos del Copag: Anahí Quezada Becerra; Carlos Alberto Ramírez Cuéllar, Miguel Ángel Wong Álvarez y Ana Paula González Horn, jefa de traducción.
Respecto del personal eventual, la mayoría de los empleados laboró durante el periodo de la Olimpiada Nacional y, según los auditores, dos personas cobraron doble sueldo: como eventual y de confianza.
La contraloría encontró que ninguno de los contratos verificados tenía la firma del titular del Copag, Carlos Andrade Garín, ni la del coordinador legal ni la de la encargada del departamento de Recursos Humanos.
Otro detalle: las fechas de firma de los contratos son posteriores a las actividades del prestador de servicio, e incluso después de su terminación. En ninguno de los casos se menciona fecha de ingreso, sueldo y adscripción.
Los auditores detectaron una falta de control del parque vehicular, puesto no se tomó nota del rendimiento de cada vehículo ni del kilometraje recorrido ni de los servicios realizados, menos aún de los vales de gasolina de cada vehículo. Además, detectaron gastos adicionales no autorizados.
La revisión fiscal reveló también duplicidad de cuentas bancarias, la no correspondencia de los conceptos que manejaba la empresa o que las requisiciones carecían de las firmas autorizadas del Comité de Adquisiciones. Incluso se comprobó que hubo pagos antes de ser autorizados, con lo cual se incumplió el artículo 36 del Reglamento Interno del Copag.
Otros proveedores entregaron al comité organizador documentos que no reunían los requisitos fiscales, estaban vencidas o eran consecutivas. Por ejemplo, Maquinaria de Elevación y Carga, S.A. de C.V., emitió las facturas consecutivas del número 1253 al 1256 por 104 mil 798 pesos.
Un detalle más es que la empresa no estaba registrada en el padrón de proveedores de Guadalajara ni en el del Copag, y la requisición carecía de las firmas del director administrativo.
Otras facturas fueron “infladas” o el costo del producto resultó elevado. La requisición para rentar mobiliario a Rivera Equipo para Eventos, S.A. de C.V., para la posada de los empleados fue de mil 400 pesos, pero la factura salió por 10 mil 370 pesos.
El 11 de febrero de 2010, Casa Arte Mexicano, S.A. de C.V., cobró 3 mil 830 pesos por blusas de rebozo, pero no se especificó para qué evento se adquirieron ni a quiénes se le entregaron; tampoco se emitió una requisición. Según los auditores, “el costo de cada blusa –680 pesos– fue excesivo”.
Un gasto innecesario fue la contratación de servicios de traducción cuando el Copag contaba con una jefatura externa de traducción, por lo que no “tiene justificación la erogación realizada”.
Lo mismo sucedió con las empresas Legal Solutions Servicios, S.C. y Media Planning Group, S.A. de C.V., contratadas para elaborar los contratos para socios comerciales, patrocinadores, proveedores, colaboradores y benefactores, cuando el Copag tenía un área jurídica consultiva con las mismas “facultades y conocimientos”. Por lo anterior, dicen los auditores, “es evidente la duplicidad de pagos por concepto de esos servicios”.
La duplicidad de funciones se repitió con la contratación de Partida Morales, S.C., para registrar el nombre y propiedad industrial e intelectual de los Juegos Panamericanos 2011, cuando dentro del organismo existía una gerencia de uso de marcas.
Más abusos
Los auditores también señalaron que el Copag realizó gastos para la Olimpiada Nacional, cuando eso correspondía al Code –del cual Andrade Garín también es titular–, que en 2010 manejó un presupuesto de 110 millones 136 mil 574 pesos.
De las 68 observaciones de la Contraloría municipal al Copag, el organismo sólo atendió 20 de manera parcial, según los auditores.
Entre las recomendaciones, la dependencia pide al Copag que los deudores del organismo finiquiten los saldos pendientes; en caso contrario, indica, debe darse inicio al procedimiento que permite la recuperación de los adeudos.
Por lo que atañe a las exfuncionarias Claudia Téllez Balcázar y Ofelia Medina, quienes perdieron dos laptops y un nextel, la Contraloría municipal recomendó que reintegren otros aparatos de iguales características o paguen su equivalente en efectivo y que se inicien los procedimientos administrativos contra cada una de ellas, a “efecto de determinar su responsabilidad por el robo o extravío”.
Asimismo, recomienda abrir una investigación y, en caso de ser necesario, un procedimiento contra del gerente de adquisiciones del Copag, cuyos directivos modificaron el fallo de adjudicación, con lo cual causaron un daño al erario al pagar 200 mil pesos extras a la empresa TPS Empresarial, S.A. de C.V., por el servicio de transporte para la Olimpiada Nacional de las delegaciones, jueces y personas VIP.
Según el reporte de los auditores, el convenio de construcción y comodato de la Villa Panamericana que firmó Corey Integra, S.A. de C.V., con el gobierno estatal se incumplió con la garantía y con la fianza pactada entre las partes.
El documento estipuló que si Corey demoraba la entrega del inmueble, “por causa imputable a ella (…) autoriza al Copag para que, de considerarlo necesario, tome las medidas oportunas para remediar el retraso; y cualquier costo que estos trabajos generen para remediar el retraso, serán pagados a más tardar dentro de los 30 días naturales, posteriores a la notificación que haga (el organismo a la constructora)”.
Además, fijó una pena convencional por 10 millones de pesos, que entraría en vigor “sólo en el caso de que Corey omita entregar al Copag en tiempo y forma la posesión física y jurídica del bien”, como en realidad ocurrió.
Para dar mayor certeza al cumplimiento de la sanción, la empresa presuntamente debió emitir un pagaré, el cual debió generar un interés moratorio anual “que resulte de multiplicar la tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), vigente al momento en que se incurrió en mora, más cinco puntos, por el periodo que dure el pago”.
Los auditores no encontraron evidencia del cumplimiento de la garantía y refieren que la Villa Panamericana debió entregarse a más tardar el 30 de junio. Corey la entregó hasta el 4 de octubre.
En el convenio también se especificó que el edificio –donde se alojaron los 8 mil 400 atletas durante los Juegos Panamericanos– estaría a disposición del Copag a partir del día de su entrega en comodato y hasta el 15 de enero de 2012. Durante ese periodo, el Copag debió cubrir todos los gastos de agua, energía eléctrica, servicio telefónico y de “cualquier otro tipo por la utilización del inmueble”.
La villa se construyó en cuatro predios ubicados en la zona de El Bajío, pertenecientes, entre otros, a Francisco Cornejo, dueño de Corey. En el contrato se mencionó que la edificación correría a cargo del gobierno del estado de Jalisco a través de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe).
La villa tuvo un costo de mil 200 millones de pesos, de los cuales 865 millones fueron aportados por Iprovipe con recursos de los burócratas, según informó en su momento el Ejecutivo.
En las 16 hectáreas donde se levantó el conjunto habitacional, se encuentran 942 departamentos que no han podido ser vendidos puesto que Corey no cuenta con el permiso de habitabilidad del municipio de Zapopan (Proceso Jalisco 404).
Así como Corey incumplió con la garantía especificada en el convenio, la misma irregularidad cometió el Copag, cuyos directivos debieron obtener una fianza que respaldara la “devolución de los bienes inmuebles que integran la villa en las mismas condiciones en que los recibió y en el plazo establecido”. Los auditores indican que “no se encontró evidencia del cumplimiento de la fianza referida”.
Otro punto en el contrato, con un claro favoritismo para la constructora, es que al término de la vigencia del comodato, el Copag debía restituir la posesión de la villa en el mismo estado en que la recibió, reponiendo materiales y equipos dañados, “pudiendo contratar a Corey para la realización de esos trabajos”.
Los auditores expusieron también que, por falta de documentación, “no fue posible verificar que el Copag contratara un seguro que amparara “los rubros de responsabilidad civil, daños y gastos médicos a terceros que incluya daños causados por sismo, por la naturaleza, por terrorismo, vandalismo o cualquier otro que pudiera afectar los inmuebles, así como a los atletas y demás personas que sean albergadas o utilicen la Villa Panamericana durante los juegos”.
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