Derechos Humanos: legalidad demolida
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Javier Hernández Valencia, representante de la alta
comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio cuenta ayer de la
situación desastrosa que enfrenta México en esa materia. Dijo que la tortura y
las detenciones arbitrarias siguen siendo el pan de cada día en el
país y son además un mecanismo de investigación al que no dejan de
recurrir los cuerpos policiacos y militares, y puso de ejemplo el caso de
Israel Arzate, joven de 26 años detenido y torturado en febrero de 2010 por
policías estatales y militares, quienes pretendían que se declarara culpable
por la matanza de jóvenes ocurrida en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad
Juárez, a principios de ese mismo año.
El caso comentado, junto con las afirmaciones del
funcionario de la ONU, constituye un desmentido contundente a un discurso
oficial que insiste en afirmar que el propósito principal de la política
vigente de combate al crimen organizado es elfortalecimiento de la legalidad.
La realidad es que el saldo de dicha estrategia de seguridad pública –además de
los más de 60 mil muertos, de una creciente descomposición institucional y una
pérdida de soberanía inaceptable– no ha sido el reforzamiento del estado de
derecho y la paz pública, sino el de la ilegalidad y la barbarie, así como la
colocación del país en escenarios de guerra sucia parecidos a los que se
vivieron durante las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo,
caracterizados por la incorporación de las desapariciones forzadas y la tortura
como prácticas cada vez más frecuentes de las fuerzas públicas.
Hace más de un lustro, cuando la actual administración
inició los espectacularesoperativos y desplazamientos de soldados y
policías por todo el territorio nacional, con el supuesto propósito de
restablecer el estado de derecho en las regiones controladas por la
criminalidad, diversas voces de la sociedad organizada, la clase política y la
academia señalaron que combatir a la delincuencia mediante la violencia oficial
y la militarización de la vida pública no sólo no garantizaba el éxito, sino
alentaba peligrosamente la configuración de circunstancias de pesadilla como
las que hoy enfrentan el país y su población.
En el momento presente, resulta imperativo recordar que
la tarea irrenunciable del Estado de combatir a la delincuencia no excluye de
ninguna manera la obligación de velar por las garantías individuales de todos
los ciudadanos –independientemente de su situación jurídica– y de vigilar que
las acciones de la autoridad se desarrollen en el marco de la ley. En cambio,
la relación directa existente entre las acciones oficiales para combatir a la
criminalidad y el incremento de las violaciones a la legalidad por parte de las
propias autoridades constituye una razón adicional para demandar el viraje y la
reformulación radical de la estrategia de seguridad en curso.
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