LFC: parcialidad y mentiras
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Por medio del Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE), el gobierno federal impugnó ayer el amparo definitivo otorgado
por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo al Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), en el que se ordena que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) asuma la figura de patrón sustituto de los electricistas
despedidos en forma injustificada tras la intervención policial y el
desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro decretada por Felipe Calderón.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación anunció que el
gobierno federal presentó un recurso de revisión de aquel fallo ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y porfió en el argumento de que la
destrucción de LFC se realizó porcausal de caso fortuito –eso dijo ayer el
subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Max Diener– y que, en
consecuencia, resulta improcedente la figura de patrón sustituto.
Se inicia de esta forma un nuevo episodio jurídico –que
habrá de ser el definitivo– en el ya largo empeño de la administración saliente
por acabar con el SME. Por otro lado, el amparo a esa organización sindical
pone en cuestión, así sea en forma implícita, las persistentes afirmaciones del
gobierno federal sobre las supuestas causas de fuerza mayor que
habrían llevado a la decisión de liquidar a la empresa paraestatal que
distribuía energía eléctrica en el centro de la República.
Cabe recordar que la pretendida inviabilidad
financiera y operativa esgrimida por el Ejecutivo federal para justificar
el decreto de extinción y el asalto policial a las instalaciones de la
paraestatal el 11 de octubre de 2009 resultó insostenible ante la enorme
cantidad de recursos del erario destinados a concretar esa operación –más de 22
mil millones de pesos–, ante el precio desmesurado que la CFE ha debido pagar a
cientos de contratistas por servicios y obras que antes desempeñaban los
trabajadores del SME, y ante la opacidad con que se ha manejado el remate de
los bienes de la entidad destruida.
En suma, a más de 36 meses del asalto policial a las
instalaciones de LFC, es claro que la desaparición de ese organismo y la
campaña contra su sindicato fueron dos componentes del mismo designio: generar
oportunidades de ganancia a operadores privados, incluso en condiciones de
dudoso apego a la legalidad y asestar un golpe mortal a una organización
sindical independiente con una historia de décadas de lucha. Cobra especial
sentido, así, la decisión de la Secretaría de Energía de reservar el contenido
del informe sobre la extinción de LFC, con el argumento de que su
difusiónpodría suscitar actos de violencia y conflicto social.
En la circunstancia presente, y ante la renuencia del
gobierno federal a acatar el fallo que le ordena la designación de la CFE como
patrón sustituto de los electricistas despedidos, la SCJN tiene la oportunidad
de corregir una injusticia cometida durante todo este tiempo contra esos
trabajadores y ordenar su recontratación.
Es necesario, por último, que la sociedad demande el
esclarecimiento pleno de una medida que significó un severo golpe a la
propiedad pública, a la economía del país y al decoro institucional.
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