José Gil Olmos : "Pentiti"

"Pentiti"
José Gil Olmos

MÉXICO, DF, 8 de diciembre (apro).- Entre los mafiosos de Italia, a los felones que aceptan colaborar con la justicia a cambio de protección y trato preferencial del gobierno les llaman “pentiti”, que proviene del término “pentito”, que significa arrepentido.

Esta figura, creada por la justicia italiana desde los años setenta, ha tenido éxito en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado pues desde entonces fue empleada por el gobierno sin otra intención que la de ser utilizada en los procesos de investigación en contra de los diferentes grupos de mafiosos o extremistas que atentan contra el Estado o la sociedad.

De ahí que el nombre técnico de “pentiti” sea el de collaboratori di giustizia o "colaborador de la justicia".

Aunque a últimas fechas esta figura o este recurso del aparato de justicia italiana --que por cierto también se aplica en Estados Unidos-- ha sido utilizado con menos frecuencia que en los ochenta, como ocurrió en el llamado ‘maxiproceso’ de 1986 y 1987 para desmantelar a la mafia siciliana, tampoco ha dejado de ser una de las herramientas principales de la justicia en el combate al crimen organizado.

El famoso ‘maxiproceso’, que derivó en el asesinato de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borcellino, así como en la aprehensión de 474 mafiosos sicilianos, se basó en buena medida en el testimonio de Tommaso Busecetta, el primer gran “pentiti”.

A lo largo de las investigaciones, las revelaciones del “pentiti” tuvieron un enorme peso y a partir de entonces se usó esta herramienta en la lucha de la justicia italiana contra los principales capos de la época.

La efectividad de este instrumento fue tal, que desde entonces ha pasado a ser una de las formas de asociarse con antiguos miembros de la Mafia siciliana que aceptan colaborar con la justicia, bajo el riesgo de ser sentenciados a muerte por sus propios exsocios, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

Por la información que aportó a la justicia, toda la familia de Tomasso Busecetta fue asesinada por el capo Totò Riina, en una tarea sangrienta que duró varios años.

A pesar de esto, el Estado y gobierno italianos, lo mismo que el estadunidense, encontraron en los “pentiti” información de primera mano y no se ha sabido que la hayan manipulado contra algún medio de comunicación “incómodo”, o contra los opositores al régimen, como ya ocurrió en México.

A cambio de información privilegiada, los “pentiti” reciben sentencias más cortas por sus crímenes y, en algunos casos, incluso la libertad.

También pueden obtener protección personal, un nuevo nombre y algo de dinero para comenzar una nueva vida en otro lugar, normalmente en el extranjero.

Sin embargo, esta herramienta de la justicia italiana y estadunidense no es perfecta ni confiable cien por ciento. Las principales críticas son que los “pentiti” tienden a inventar historias para recibir beneficios procesales o para provocar que sean perseguidos sus enemigos.

Asimismo, estos singulares colaboradores son capaces de mentir con tal de recibir recompensas en lugar de castigo, y por ellos a veces sus testimonios no se consideran confiables, dado que provienen de elementos vinculados a alguna organización criminal.

A estas críticas habría que aumentarle una más grave y que trata de la manera facciosa en que en México los testigos protegidos son utilizados por el gobierno para perseguir a sus enemigos o a los medios de comunicación que les son incómodos.

Creado en 1996, el Programa de Testigos Protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) fue modificado recientemente para formar parte de un conjunto de instrumentos legales que el Congreso legislativo aprobó, con el fin de que el gobierno federal tuviera mayores elementos de combate efectivo contra el crimen organizado.

Los otros recursos son el arraigo domiciliario y la extensión de dominio o confiscación de bienes de los presuntos criminales.

Con base en la información obtenida de los “testigos protegidos” o “testigos colaboradores”, el aparato de justicia mexicano realizó muchos de sus operativos, entre ellos en el que fue abatido Arturo Beltrán Leyva, El Barbas o El jefe de jefes.

Pero también se ha manipulado estos instrumentos de justicia utilizándolos de manera mafiosa por el gobierno de Felipe Calderón para dar golpes políticos, como en el caso del famoso michoacanazo y, recientemente, en la estrategia de difamación en contra de la revista Proceso.

En ambos casos sus intenciones han fracasado porque fue evidente la manipulación que hizo de los testigos protegidos para que acusaran a sus opositores de tener vínculos con el narcotráfico.

Detrás de la acusación en contra de los ediles de Michoacán estaba la idea de debilitar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esa entidad y apuntalar a la hermana del presidente María Luis Calderón como candidata a gobernadora, lo cual está por ocurrir el próximo año.

Mientras que en la estrategia contra Proceso --lanzada desde Televisa-- fue más que evidente la pretensión de desacreditar a un medio de comunicación que ha sido crítico al gobierno calderonista, a su partido y a la empresa de televisión con la que han hecho alianzas de poder.

Con el manejo tendencioso y partidario de estos instrumentos de investigación contra el crimen organizado, el gobierno de Calderón ha retrocedido de manera grave en la confianza de ciudadanos y medios.

El gobierno filtró a Televisa las declaraciones hechas a modo por Sergio Villarreal Barragán, El Grande, con el propósito más que claro de golpear a Proceso, de restarle credibilidad a lo que ha publicado sobre la vinculación de destacados funcionarios con diversos cárteles de la droga y de frenar investigaciones futuras.

Pero fue tan burda y errática dicha campaña televisiva y de gobierno que, de inmediato, hubo una reacción total en su contra, y el efecto de restar credibilidad al semanario se les revirtió incrementando la animadversión social que de por sí ya tenían en su contra el gobierno y su compinche Televisa.

A diferencia de Italia, los “pentiti” mexicanos no han tenido el mismo peso en la lucha contra el crimen organizado. Y en gran parte tiene la culpa la manipulación grosera que han hecho de ellos este gobierno que, como destaca la película El Infierno, prefiere una país de soplones que de justicia.