Libertad de expresión: castigos oficiales
9 de noviembre del 2010
Ayer, en una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en la capital yucateca, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, tras opinar que el crimen organizado es el mayor riesgo al ejercicio del periodismo”, aseguró que su gobierno “no acosa a nadie por razones ideológicas o políticas” y que “se puede criticar abiertamente al Presidente o al gobierno, incluso en el exceso del escarnio o la burla”.
Sin ignorar que, en efecto, las organizaciones delictivas constituyen, más que un obstáculo, una amenaza constante e innegable al ejercicio periodístico –sobre todo en las regiones que se encuentran bajo control de los cárteles de la droga y de sus grupos de sicarios–, es pertinente apuntar que, desde antes de que esos estamentos criminales adquirieran el poder que hoy ostentan, los gobiernos estatales, algunos municipales, así como los cacicazgos informales, han sido y siguen siendo un factor de intimidación y represión de la libre tarea informativa, y que los periodistas de medios locales suelen encontrarse a merced de represalias del poder con mucha más frecuencia que sus homólogos que trabajan para medios nacionales.
Calderón también omitió mencionar que los propietarios de los medios, con sus complicidades con el poder público y sus intereses empresariales, suelen ser el primer filtro de censura y el primer obstáculo para que los trabajadores de la información puedan realizar su labor sin cortapisas.
Por otra parte, es inexacto afirmar que el gobierno federal respeta plenamente la libertad de expresión. Si bien la actual administración no ha incurrido en acciones abiertamente represivas o persecutorias, no ha dejado de recurrir, para premiar actitudes obsecuentes y castigar voces críticas, a la distribución discrecional y patrimonialista de la publicidad oficial.
Las partidas presupuestales correspondientes a la propaganda gubernamental son, no tendría que hacer falta decirlo, dinero público, y como tal, su asignación tendría que estar sujeta a la aplicación de normas establecidas, a mecanismos transparentes y a criterios confiables y conocidos por la sociedad: la proporcionalidad, por ejemplo, entre el porcentaje de publicidad que se asigna a un medio y la circulación, la penetración, el impacto y la credibilidad de éste, así como un principio de equidad entre medios electrónicos –a los cuales se otorga actualmente la abrumadora mayoría de los recursos publicitarios– y los medios impresos. Pero la actual administración ha optado por mantener en la opacidad el manejo y la distribución de ese dinero público; ello le ha permitido asegurar la subsistencia de publicaciones incondicionales –aunque carezcan de lectores– y, también, perjudicar a los medios informativos críticos.
Por más que éstos no dejen de realizar su tarea ni de ejercer el derecho irrestricto de la libertad de expresión –conquista de la sociedad y de los propios informadores, y no graciosa concesión del poder público–, las autoridades sí que disponen de instrumentos para presionarlos y para intentar incidir en su línea editorial.
Tal situación, resabio del hegemonismo antidemocrático priísta, ha de ser superada. El Ejecutivo federal debe emprender la regulación de sus fondos de publicidad, manejados hasta ahora de manera arbitraria y facciosa, y manejarse con transparencia en este terreno.
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