Álvaro Delgado
MÉXICO, DF, 22 de noviembre (apro).- En medio de la fastuosa celebración por el bautismo de su hija, el 24 de agosto de 2006, en Torreón, Coahuila, el senador panista Guillermo Anaya Llamas reunió a Felipe Calderón, el padrino, con Sergio Villarreal Barragán, identificado por el gobierno como el principal narcotraficante de la región y miembro del cártel de los Beltrán Leyva.
--Cualquier cosa que se le ofrezca, quedo a sus órdenes --le ofreció El Grande.
--Igualmente --respondió Calderón.
Este encuentro lo narró El Grande ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a raíz de su detención, el 12 de septiembre, en Puebla, y como parte de esas declaraciones ministeriales aseguró también que, entre 2003 y 2005, cuando fue alcalde de Torreón, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.
El narcotraficante confirmó, además, que las familias Anaya y Villarreal “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, y que su hermano Adolfo estuvo casado con Elsa, hermana del senador panista, aunque ya llevan años separados.
En sus declaraciones ante la SIEDO Villarreal Barragán implicó en las redes de corrupción a altos servidores públicos del gobierno de Calderón, entre ellos a Luis Cárdenas Palominos, coordinador de Seguridad Regional y uno de los hombres de confianza de secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Pero resulta que como parte de la componenda para que El Grande se acogiera al programa de testigos protegidos, y evitar que la Operación Limpieza se desbarranque por la falta de pruebas contra mandos policiacos implicados con el narco, la SIEDO archivó las declaraciones ministeriales que detallan las relaciones de éste con Calderón, Anaya Llamas, Cárdenas Palominos y otros servidores públicos.
Conforme al amplio reportaje publicado en el semanario Proceso, bajo la firma de Ricardo Ravelo, Villarreal Barragán hizo un trato con el gobierno de Calderón para revelar las redes de corrupción del cártel de los Beltrán Leyva con funcionarios a cambio de que, “por órdenes superiores”, la Procuraduría General de la República (PGR) le garantizara no sólo su completa impunidad, sino la conservación de su vasto patrimonio.
En efecto, la PGR garantizó a “Mateo”, como se identifica a Villarreal Barragán como testigo protegido, que tendría seguridad para él y su familia, pago de escuela para sus hijos, una mensualidad decorosa y respeto a sus ranchos, vehículos, aviones y diversos negocios.
¿Son creíbles las declaraciones de El Grande sobre la relación con Calderón y Anaya Llamas? Lo son en tanto que han servido, también, para formular acusaciones contra otros servidores públicos. ¿O son válidas sólo para una parte y para otra no?
Esta componenda del gobierno de Calderón con El Grande ilustra, en todo caso, la perversidad del programa de testigos protegidos, cuyos testimonios han servido para procesar a numerosos servidores públicos que, al cabo de un juicio, han resultado exonerados por los tribunales, como ocurrió con el célebre michoacanazo, que hizo quedar en ridículo al gobierno.
En el caso específico de la fiesta por el bautismo de la hija de Anaya, que selló el compadrazgo con Calderón, ese legislador insiste en que ese encuentro nunca se celebró, aunque tuvo que reconocer la relación entre las familias, como el matrimonio de su hermana Elsa con Adolfo Villarreal Barragán.
Pero en vez de esperar a que la PGR le informe si efectivamente El Grande emitió esas declaraciones, como ya lo solicitó él mismo, Anaya acusa a Proceso de publicar esa información en revancha por haber demandado penalmente al corresponsal Arturo Rodríguez García, por un párrafo de un reportaje.
“Jamás he tenido contacto con nadie del crimen organizado, mucho menos le he presentado a nadie a ningún otra persona, y por ello es que afirmo que lo que se dice en aquella revista es una vil mentira, calumnia y una revancha por haber emprendido una demanda judicial por daño moral en contra del señor Arturo Rodríguez”, cantinfleó Anaya.
No son nuevos los señalamientos de protección de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) a El Grande en la Comarca Lagunera, como cuando vivió en Lerdo, donde presuntamente fue protegido por la alcaldesa panista, Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).
Ahora El Grande goza de la protección directamente del gobierno de Calderón…
Apuntes
Mientras no cese la demencial “guerra” de Calderón se sucederán más muertes a manos de las fuerzas militares y de seguridad, como el asesinato del médico Mario Eduardo Robles Gil Bernal a manos de policías de Colima, tras la ejecución del exgobernador Silverio Cavazos, o los dos jóvenes en Tabasco abatidos por balas de marinos…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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