Julio Pimentel Ramírez
Mientras Michoacán arde, Tamaulipas se estremece bajo una tormenta de balas, Acapulco se paraliza por la muerte, por sólo mencionar unos ejemplos de la extrema situación de inseguridad que se padece a lo largo y ancho de la República, el ilegítimo inquilino de Los Pinos persiste en su estrategia de “guerra” contra el narcotráfico que acumula más de 31 mil ejecuciones, destruye el tejido social y deteriora aún más el entramado institucional; todo lo cual sumado a la crisis económica, política y social tiene al país al borde del abismo.
A pesar de que las estadísticas de la muerte son incompletas pues la información no fluye adecuadamente, ya sea por la presión ejercida por la delincuencia, por la temerosa autocensura de creciente número de medios de comunicación o porque así lo deciden desde la cúpula del poder, se señala que en los primeros diez meses de este año van ya más de 10,000 ejecuciones, fría cifra tras la cual se oculta el dolor, sufrimiento, desesperanza y desamparo de miles de familias mexicanas.
Cada día que pasa es evidente para todos que en las intensas confrontaciones entre grupos rivales de narcotraficantes y de éstos con fuerzas policíacas y militares del Estado queda en medio la población y con ello se incrementan las posibilidades -como ya sucede, un día sí y otro también- de que se incrementen los mal llamados “daños colaterales, en realidad muerte de víctimas civiles inocentes.
Al tiempo que esto sucede en el terreno de la seguridad, en el campo de la política y la seguridad social las cosas no andan mejor. Los diputados del Verde Ecologista, respaldados enérgicamente por sus socios y patrones (por ahora, pues suelen hacer alianzas según la dirección de los vientos y el volumen de la cartera ofrecida) priístas y con la complicidad del PAN, aprobaron que farmacias privadas, de preferencia las del tío Simi, surtan recetas del IMSS cuando éste no tenga los medicamentos, paso subrepticio en su privatización.
Para cerrar ese círculo neoliberal se anuncia con estridencia que el Seguro Social está en quiebra técnica y que a partir del 2012 ya no tendrá recursos para cubrir pensiones y jubilaciones, cuyos fondos son utilizados para la operación corriente de la institución. Con esto se prepara el terreno para que los diputados, por supuesto el binomio PRI-PAN, den una vuelta más a la tuerca de la privatización y saquen adelante una de las llamadas “reformas estructurales”, colocando el suculento “pastel” de la salud de los mexicanos en la mesa de la gran empresa privada.
También en el aspecto político-electoral las cosas no andan muy bien. El de por sí cuestionado y desprestigiado Instituto Federal Electoral (IFE) padece nuevos problemas, en específico el referente a la renovación de tres de sus consejeros, proceso que se encuentra entrampado por el empecinamiento de los partidos, en particular el mayoritario PRI, por obtener cuotas preferentes. Cabe preguntarse si eso es la ciudadanización del IFE: la respuesta es obvia y la perspectiva es sombría en el camino del 2012.
Ante aspectos de la realidad aquí enunciada no hay mucho margen para el optimismo, sin embargo cabe observar que toda crisis tiene ante sí diversas salidas y no únicamente la de la fatalidad y descomposición social. Mientras llega el momento de que respondan ante la justicia quienes han sumido al país en este baño de sangre, barbarie y desesperanza, el movimiento social resiste y se reactiva en muchas partes de la golpeada República.
Así vemos, por ejemplo, que en el corazón mismo de la urbe más violenta de México, Ciudad Juárez, los jóvenes estudiantes se movilizan y exigen modificaciones radicales a la estrategia represiva instrumentada por el gobierno calderonista. La respuesta a esta demanda social no fue el diálogo sino el uso de la fuerza bruta de la Policía Federal, lo que constata que Felipe Calderón y sus allegados cercanos, Genaro García Luna en este caso, no conocen otro lenguaje.
Por esto, precisamente por esto, es necesario que el movimiento de transformación social que representa Andrés Manuel López Obrador no pierda el paso y tenga la capacidad de aglutinar, organizar y elevar la conciencia social del descontento ciudadano de manera que en el 2012 no haya fraude que cuente.
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