Pemex: opacidad proverbial
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
A 11 días de que se dio a conocer la firma de un contrato
entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y astilleros de Galicia, España, para
construir dos plataformas habitacionales, persisten más dudas que certezas en
torno a esa operación, que costará a la paraestatal unos 380 millones de
dólares.
A la falta de explicaciones consistentes sobre las
condiciones en que se firmó el contrato –prácticamente en secreto y sin proceso
de licitación pública de por medio– se suman las colisiones declarativas en
torno a su naturaleza y contenido: las afirmaciones del director de la
paraestatal, Juan José Suárez Coppel, de que el documento no fue suscrito por
Pemex, sino por su filial internacional PMI; que contiene cláusulas
suspensivas, y que todavía debe ser examinado por el consejo de administración
de la paraestatal, contrastan con la versiones difundidas desde la semana
pasada por autoridades de la Xunta de Galicia (gobierno autonómico), que
afirman que los contratos son plenamente válidos y vigentes.
Más preocupante resulta el escenario a raíz de las
declaraciones formuladas el sábado pasado por el titular de la Secretaría de
Energía y presidente del consejo de administración de Pemex, Jordy Herrera,
quien afirmó que desconoce el contenido de los referidos documentos. Tal
situación pone en evidencia un accionar unilateral de la dirección encabezada
por Suárez Coppel, una inexcusable falta de cuidado de las autoridades
administrativas en torno a las operaciones realizadas por la paraestatal o una
combinación de ambos factores. En cualquier caso, el episodio da cuenta de una
continuidad en la opacidad proverbial con que Pemex ha sido manejada durante
las presidencias del ciclo neoliberal, particularmente durante las dos
recientes, y que va más allá de la relación turbia del gobierno con la
dirigencia del sindicato petrolero, del descontrol fiscal de las empresas
privadas contratistas y del destino incierto de los recursos obtenidos por
concepto de ventas internacionales de crudo: además de esos elementos, destaca
la construcción, en las pasadas décadas, de una red de compañías privadas
filiales de la paraestatal, que operan como fachadas corporativas, realizan
operaciones en el extranjero y, por consiguiente, no rinden cuentas ni están
sujetas a la legislación mexicana, lo que limita las capacidades de
fiscalización del Estado sobre ellas.
Un precedente ineludible es la fallida adquisición de
acciones de Repsol por Pemex ocurrida el año pasado, operación que se saldó con
pérdidas para la paraestatal; que colocó a ésta en medio de una disputa entre
dos bandos corporativos dentro de la petrolera ibérica, y que se realizó, según
información oficial, a través de la misma filial internacional empleada ahora
para suscribir la operación de los llamados hoteles flotantes.
Ante el cúmulo de dudas que persisten en torno a la
construcción de tales plataformas habitacionales, lo procedente es que las
autoridades pongan un alto a la opacidad con que se han conducido y
transparenten plenamente éste y otros casos de presumibles manejos inadecuados
de la paraestatal. La discrecionalidad en estos asuntos puede resultar muy
costosa, como quedó de manifiesto con la aventura corporativa de Pemex en
Repsol, y no sólo en términos de pérdidas económicas, sino también en desgaste
de la credibilidad de la administración pública en su conjunto.
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