Mejorar imagen electoral del PAN, propósito de reforma al tema del aborto : FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA

CUITLATLÁN
Mejorar imagen electoral del PAN, propósito de reforma al tema del aborto
FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
La reforma que ayer el Poder Ejecutivo presentó a tres artículos del Código de Defensa Social relacionados con el tema del aborto es parte de un movimiento electoral del Partido Acción Nacional (PAN), a nivel nacional, que busca limpiar la imagen creciente de este partido de ser una fuerza política intolerante, inquisidora, violenta, obscura y misógina, que intenta encarcelar a mujeres que interrumpen un embarazo.

Proyectos similares al que ayer ingresó al Congreso local se presentarán en diferentes partes del país, sobre todo en aquellos estados –como Puebla– en donde se ha enconado la discusión legislativa por el tema del aborto. Esta decisión se tomó en el PAN cuando recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió si era válido que un Poder Legislativo local podía regular desde cuando inicia la vida, tal como lo hicieron en San Luis Potosí y en Baja California.


Al darse el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el PAN se hizo una medición en la opinión pública y se percató que este asunto lo aleja de importantes segmentos del electorado que rechazan el talante inquisidor del blanquiazul. Por esa razón los dirigentes de este partido desde esa fecha anunciaron que buscarían en todo el país evitar llevar a prisión a las mujeres que aborten.

Sin embargo, la propuesta del PAN, como la que ayer presentó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, poco abonan para quitarle al Partido Acción Nacional la imagen de fuerza política oscurantista. Dicha propuesta sigue siendo una negativa a los derechos reproductivos de la mujer, es torpe, incongruente y solamente genera una discusión en el terreno ideológico y no como una posibilidad real de resolver un problema de salud pública, como es el alto índice de abortos clandestinos.


Aunque existe un dominio de un discurso conservador a favor del aborto, son pocos los gobiernos que se atreven a ir a los extremos en este asunto. Para muestra están las siguientes cifras:

En Puebla se sabe que están abiertas unas 45 averiguaciones previas contra mujeres que abortaron y que, de acuerdo con la reforma legislativa de 2009, en la cual el Congreso local aprobó que se debe defender la vida desde la concepción, se posibilita que las féminas acusadas puedan ser encarceladas.

Pese a lo anterior, ninguna mujer en Puebla está encarcelada por abortar.

Incluso se sabe que varios casos se han cerrado, no solamente por los argumentos que han presentado los abogados defensores, sino porque los agentes del Ministerio Público no le dan seguimiento por tratarse de un delito no grave. Es decir, que aunque la acusada se le dicte una pena privativa de su libertad, puede evitar ir a prisión mediante el pago de una fianza.

Durante el gobierno de Mario Marín Torres se aceptó hacer la reforma de 2009 como una concesión que el Poder Ejecutivo hizo a Margarita Zavala, la esposa del presidente de la República Felipe Calderón, quien es la principal impulsora de los proyectos anti–abortos en la mayor parte del país.

Pero queda claro que el gobierno marinista no buscó devaluar su imagen –por lo menos en ese año– persiguiendo y metiendo a la cárcel a todas las mujeres que pudiera detectar como abortistas, pues le hubiera significado un alto costo político y sobre todo, hubiera llenado las prisiones, ya que son miles las féminas que interrumpen sus embarazos en diferentes ámbitos, incluidos los de las clínicas clandestinas o con las matronas.

Ahora, en el presente sexenio, el gobierno de Moreno Valle ya dio muestras que tampoco quiere cargar con ese costo político de perseguir a las mujeres que abortan. Pero tampoco permite avanzar en el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y ejercer libremente sus derechos reproductivos.

Más allá del propósito electoral que se persigue con la iniciativa que ayer se turnó a los diputados locales, resulta un grave retroceso que se mandé al Poder Legislativo un proyecto lleno de incongruencias, tales como la siguiente:

Según la reforma planteada la mujer que aborte por primera vez en lugar de ser mandada a una cárcel, se le daría “un tratamiento médico integral” y si reincide, se le daría esa ayuda médica y entonces si se le podría encarcelar con una pena que va de seis meses a un año.

Ese planteamiento es una contradicción que raya en el absurdo, pues primero se trata a una mujer como “enferma” y luego, por el mismo “delito”, se le puede acusar de “criminal”. Eso no puede ser.

Una persona es delincuente o enfermo mental. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo.

Además, nunca se dice qué tipo de atención médica se daría a las féminas que aborten.

E incluso, se puede advertir desde ahora que muchas mujeres que deciden abortar no necesitan ningún tipo de atención médica, solamente que les respeten sus decisiones y derechos.

Lo más infame, es que en la iniciativa se sugiera que el “tratamiento” que se debe dar a una mujer que busca abortar o interrumpió en embarazo, es como si padeciera un trastorno mental.

Es decir, si antes se proponía dar cárcel a las ciudadanas que aborten, ahora se les quiere mandar al manicomio.

Ojalá que existiera un castigo similar para los miembros del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que no han interrumpido un embarazo, pero si provocaron una guerra que lleva casi 50 mil muertos.

Y lo más aberrante. Se dice que las mujeres que aborten se le obligará a que entren en un proceso de concientización sobre la afectación que provocaron “al bien jurídico tutelado”. ¿Eso es posible? Yo creo que sí, con los viejos recursos de la Santa Inquisición que mediante métodos violentos hacía que todos los acusados se declararan ser demonios o brujas.