Gilberto López y Rivas
El 20 de marzo se presentó el Nuevo proyecto de nación”, del cual Andrés Manuel López Obrador esbozó en su discurso 50 acciones indispensables para la “regeneración nacional”, partiendo de la tesis ya conocida de que la crisis de México “se debe al predominio de un grupo oligárquico, que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la entrega a particulares, nacionales y extranjeros, de los bienes de la nación y el pueblo”, sin reparar en el carácter sistémico de esta crisis, enmarcada en las características propias de esta etapa de mundialización capitalista.
El discurso es importante porque en movimientos con un dirigente máximo, como el de AMLO, la criba que él hace del “Proyecto de nación”, un documento de dos centenares de páginas, da una idea de los énfasis y coordenadas reales del precandidato presidencial, del programa “mínimo” con el que pretende presentarse electoralmente. También, en el discurso se matizan temas candentes, o se dejan fuera (aborto, derechos de minorías sexuales, guerra sucia, etcétera), mientras que otros son tratados dentro de la lógica de la mercadotecnia electoral: ¿qué tanto conviene sostener una determinada perspectiva para las encuestas, para el apoyo, rechazo o neutralidad de los poderes fácticos? Así, lo que podría ser proyecto de nación, se trastoca finalmente en una plataforma electoral negociable.
Tomemos el caso de los pueblos indígenas, tratados escasamente en la pieza oratoria, donde se les muestra como víctimas que esperan la mano clientelar del Estado: “42. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a pobres y desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene con las comunidades y los pueblos indígenas. Es una infamia que donde hay carencias, pobreza y marginación no lleguen los apoyos que necesitan”. Pregunto: ¿quiénes son los que tienen que pagar y quiénes son los que recibirán esos apoyos?: “Nosotros” = Estado-gobierno = sujeto activo, les pagará a “ellos” = pueblos indígenas = sujeto pasivo. ¿Dónde quedaron los acuerdos de San Andrés? ¿Dónde las autonomías de hecho actualmente en marcha? ¿Dónde la contrainsurgencia y paramilitarización contra el EZLN y el despliegue de las fuerzas armadas (a las que por cierto se ofrece en otro pasaje “cuidar su prestigio”) en otras etno-regiones? ¿Qué sobre los presos indígenas? ¿Qué acerca de la criminalización de sus organizaciones? ¿Temas electoralmente incómodos?
En el punto 39, en el contexto de la preservación biológica y cultural de México, pasando por prácticas agropecuarias y la no introducción de semillas transgénicas, se llega finalmente a un párrafo que sostiene: “Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos”. ¿Es esta la expresión de las autonomías indígenas contemporáneas, o una vuelta de tuerca más del apoyo estatal a las comunidades “tradicionales” de “indígenas-campesinos”?
En el punto 33, donde se proponen carreteras para los 362 municipios que no cuentan con caminos pavimentados, nuevamente los indígenas aparecen, ahora como fuerza de trabajo: “Nos comprometemos a construirlos con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local”. Serán empleados, pues. ¿Qué tipo de empleos?
Si estas son las menciones en torno a los pueblos indígenas que el discurso registra, analicemos otras acciones que los afectan directa o indirectamente. Una de ellas es una propuesta que siempre ha formado parte del Plan Puebla-Panamá, ahora rebautizado Proyecto Mesoamérica, al cual se han opuesto tajantemente las organizaciones indígenas: “Se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico, mediante el desarrollo integral del istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de dos puertos, en Salinas Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente (sic) y con la participación de las comunidades de la región (sic)”. ¿Cómo participarían las “comunidades de la región”? ¿Nuevamente como mano de obra intensiva? ¿Se beneficiarían del comercio en gran escala a transportar en esos contenedores? ¿La ampliación de la carretera se haría a costa de territorios comunitarios?
Ya entrados en proyectos extractivistas y desarrollistas que han dañado siempre a los pueblos indígenas se propone, para fines “nacionales”, la construcción de cinco refinerías, cuatro de ellas en estados con presencia notable de población indígena: Hidalgo, Tabasco, Oaxaca y Campeche, sin considerar lo que significan semejantes proyectos para la vida indígena y el cuidado del medio ambiente. Igualmente, “se propone atender con esmero la actividad turística”, sin mencionar sus impactos negativos sobre los pueblos indígenas en su territorialidad, control de recursos naturales, folclorización de sus culturas, migración forzada, etcétera.
En el numeral 21 se afirma que se hará valer el artículo 27 constitucional, pero sólo referido al dominio directo de la nación sobre los recursos naturales. ¿Qué pasará con la contrarreforma salinista que provocó –en parte– una rebelión indígena en 1994?
El debate es necesario, imprescindible. En el caso de los pueblos indígenas, las propuestas de seguir empleándolos, concediéndoles desarrollo y respetándolos discursivamente, resultan, paradójicamente, bastante salinistas. Si lo original es, tomando en cuenta los niveles ínfimos en que se arrastra la clase política, plantear un proyecto de nación, lo menos que se puede esperar, si se trata de una convocatoria, es que se dejen de eludir, por cálculo o simple miopía, aspectos apremiantes y fundamentales. En efecto, México requiere un proyecto de nación, pero radical, en el sentido más claro del término: que verdaderamente vaya a la raíz.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario