Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 10 de abril.- Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.
Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.
El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.
A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.
El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.
A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.
Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.
Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.
Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.
La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”.
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