SME: violencia injustificable y linchamiento mediático
El pasado lunes 11 de abril, en el contexto de las movilizaciones del Sindicato Mexicano de Electricista (SME) para conmemorar 18 meses del decreto presidencial que acabó con Luz y Fuerza del Centro y dejó de golpe en el desempleo a más de 40 mil trabajadores afiliados a esa organización sindical, tuvieron lugar actos de violencia que dejaron un saldo de dos periodistas golpeados –el fotógrafo Marco Peláez, de La Jornada, y el reportero de Radio Fórmula Juan Carlos Santoyo– y varios vehículos particulares incendiados, así como un número indeterminado de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por efectivos de la Policía Federal en una entrada de la estación Zócalo del Sistema de Transporte Colectivo.
Además de la acción policial torpe e irresponsable que generó pánico en el Metro, son condenables también las agresiones perpetradas por los electricistas contra los informadores, no por la condición laboral de las víctimas, sino porque es inadmisible que cualquiera que protagoniza una protesta social, por justificada que sea, recurra a la violencia contra cualquier ciudadano. En este sentido, resulta impresentable el intento de explicación manifestado ayer por Martín Esparza, líder máximo del SME, en el sentido de que nuestro compañero fue agredido por los manifestantes porque supuestamente se negó a identificarse ante ellos: los participantes de un acto de protesta no tienen la menor facultad legal para pedir documentación de cualquier clase a quienes sean testigos –por desempeño del oficio informativo o por cualquier otra razón– de sus movilizaciones.
Por otra parte, el proceder reprochable de algunos integrantes del SME no debiera dar pie para descalificar a la organización sindical en su conjunto, ni para tergiversar y demeritar la resistencia del gremio ante un acto de gobierno cuestionable por muchas razones, como lo es el decreto presidencial de octubre de 2009, desaseado en la forma y, en el fondo, profundamente lesivo para el país, para los consumidores de energía eléctrica y para los trabajadores, tanto los electricistas como los asalariados en general.
Con esos elementos de juicio en mente, resulta perverso presentar al movimiento de resistencia del SME en este año y medio como mero vandalismo. Eso es, sin embargo, lo que ha venido haciendo el conjunto de medios informativos oficialistas, para los cuales los deplorables hechos del lunes pasado representaron una nueva oportunidad para azuzar a la opinión pública contra los electricistas que se mantienen en pie de lucha a pesar de la vasta panoplia de recursos jurídicos, administrativos, policiales y propagandísticos empeñados por el gobierno federal en su afán por liquidar a una de las organizaciones sindicales más antiguas del país y por borrar todo rastro de las conquistas obreras obtenidas a lo largo de décadas.
Es significativo, por lo demás, que este nuevo linchamiento mediático contra el SME ignore los muchos agravios y arbitrariedades cometidos desde el poder contra el gremio y que desconozca un telón de fondo que debiera ser ineludible cuando se habla del conflicto generado por la extinción de Luz y Fuerza: la creciente exasperación social causada por la sostenida política antiobrera ejercida por las sucesivas administraciones federales desde hace más de cinco lustros, el empeño por eliminar derechos laborales –del que la malograda reforma priísta es un ejemplo reciente–, el empecinamiento en transferir toda entidad de propiedad pública a manos privadas, y la necedad de golpear a los organismos sindicales independientes mientras, en contraste, el poder público convive en plena condescendencia con cúpulas charras, sumisas y jurásicas, como las que controlan a los sindicatos de maestros y de trabajadores petroleros.
La condena a las agresiones y a la violencia no debe convertirse en una venda en los ojos para ignorar sus causas profundas ni en una patente para descalificar, en su conjunto, a un gremio que lleva 18 meses de defensa inclaudicable de su fuente de empleo, de sus legítimas conquistas laborales, de los derechos de los trabajadores y consumidores en general, y de la propiedad de la nación.
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