Víctor M. Quintana S.
Michele Leonhart, titular de la DEA, se ha de haber inspirado en el ingenioso comercial de una librería que reza: "Si la letra con sangre entra, México estará leyendo mucho" para declarar la semana pasada que el grado de violencia que padecemos en nuestro país es "señal del éxito de las autoridades nacionales en su combate al narcotráfico".
Y ya establecida por quienes nos endilgan esta guerra la medida para evaluar sus resultados, no cabe duda que la entidad federativa más exitosa en la batalla contra el crimen organizado es Chihuahua. Desde que se inició el Operativo Conjunto Chihuahua de las fuerzas federales y estatales, el 28 de marzo de 2008, los niveles de violencia se han disparado en esta entidad norteña.
Comencemos por los homicidios dolosos, el delito más sangriento y visible: el año antes del operativo, 2007, hubo alrededor de 469 homicidios en todo el estado, una tasa de 14.4 por cada 100 mil habitantes. En 2010 el número de asesinatos escaló a 5 mil 212, que eleva la tasa a 148.91 por cada cien mil habitantes, es decir, a partir de los operativos la tasa de homicidios dolosos se multiplicó por diez. Durante los tres años de los operativos el número de asesinados en todo Chihuahua supera ya los once mil. Prácticamente uno de cada tres homicidios de la guerra calderoniana se perpetra en Chihuahua. (Datos de la Fiscalía General de Chihuahua y del Inegi.)
La versión oficial y también la de la Leonhart del incremento espectacular de los asesinatos es que la presión de las fuerzas del orden hace que los delincuentes "se maten entre ellos". Que sepamos, en ningún texto jurídico ni en ninguna obra de teoría del Estado se establece que una de las funciones de éste es provocar el exterminio de quienes infringen la ley. Pero además, la interpretación es muy endeble, porque a la par de los homicidios dolosos se han elevado varias veces las cifras de otros delitos. Veamos: según datos de la fiscalía general, el total de delitos cometidos en el estado de Chihuahua, en el año 2007 fue de 34 mil 800; para 2010, la cifra se elevó a 66 mil 125, un 90 por ciento más que antes del operativo. Entonces ¿no sólo "se estarían matando entre ellos", sino también extorsionando, secuestrando, robándose los vehículos entre ellos?
Definitivamente eso no es lo que vive cotidianamente la población civil, porque su día a día es que los atentados contra su integridad y su patrimonio son cada vez más frecuentes y violentos: la cifra de secuestros denunciados se ha comportado así: en 2007 se denunciaron 21; en 2008, 42; para 2009 la cifra se disparó a 190 y luego disminuyó en 2010 a 132. En lo que se refiere a robo de vehículos, el año antes del operativo, en 2007, se reportaron 9 mil 490 en todo el estado; tres años después, en 2010, 30 mil 757, un incremento de 224 por ciento coincidente con los operativos. Peor aún, cada vez es mayor la proporción de carjackings, robos de vehículos a mano armada. (Datos de la Fiscalía General del Estado.)
Otro delito de fuerte impacto en la sociedad chihuahuense son las desapariciones de personas: desde marzo de 2008 se cuentan alrededor de 200 desapariciones forzadas, es decir, aquellas en las que se presume que intervinieron elementos del Ejército o de las diferentes policías, a las que habría que agregar las de cuatro jóvenes levantados por policías municipales, escoltas del director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, apenas el 26 de marzo. (Sus cuerpos fueron encontrados semienterrados al momento de cerrar estas líneas.) En lo que se refiere a desapariciones de mujeres, según la organización Justicia para Nuestras Hijas, tan sólo en 2010 hubo 107 y en lo que va de 2011, una preocupante cifra de 39.
Por desgracia ahí no se agotan las cifras de la violencia en Chihuahua. Desde que se iniciaron los operativos calderonianos-baecianos-duartianos van más de diez mil nuevos huérfanos en el estado. Decenas de miles de desplazados de sus hogares, entre ellos 230 mil juarenses, es decir, uno de cada cinco habitantes de aquella frontera. Se han agudizado también las incursiones de bandas de sicarios contra pueblos inermes, como las colonias Nicolás Bravo o El Alamillo, en el municipio de Madera, o como el pueblo de Jicamórachi, municipio de Uruachi, el pasado fin de semana.
Y, si hacemos caso a los pronósticos de García Luna, expresados en el mismo foro que la titular de la DEA, en el sentido de que esta guerra aún durará siete años, podemos proyectar que en Chihuahua en ese lapso habrán de ocurrir más de 25 mil homicidios dolosos adicionales a los de este trienio, que el número de delitos podría llegar a los 250 mil anuales, y el de personas desaparecidas fácilmente llegaría al millar.
Ni duda cabe: vamos a terminar aniquilados por tanto éxito.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario