Miguel Concha/I
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) comenzó a circular esta semana una síntesis de las conclusiones más apremiantes del Encuentro Nacional por la Diversidad y Calidad de los Medios de Comunicación, que con el apoyo de muchas otras organizaciones civiles y sociales tuvo lugar en la ciudad de México los días 5 y 6 de abril.
En él participaron más de 887 ciudadanos de 18 entidades de la República, y se enviaron y presentaron 119 ponencias en seis mesas de trabajo, que abarcaron toda la problemática de los medios de comunicación en México: monopolios, regímenes de concesiones y permisos, efectos de la concentración en la diversidad y calidad de los contenidos de los medios, y medios públicos y medios comunitarios, por un lado; y, por otro, derechos y defensorías de las audiencias, educación para los medios, participación de los ciudadanos en la promoción de la calidad y diversidad de los contenidos de los medios, así como medios de comunicación y desarrollo humano, medios y comunicación política (elecciones, publicidad gubernamental, política y propaganda), y finalmente comunicación en línea.
Con carácter de urgente y de obvia resolución, estas 33 conclusiones, que dan muestra de que los usuarios y consumidores de los medios han dejado de ser pasivos en nuestro país, y que cada día se configuran como ciudadanos y ciudadanas ante ellos, están siendo ya enviadas a legisladores, dirigentes políticos y medios de comunicación, para seguir insistiendo en una reforma legal que limite su acaparamiento, regule los mercados y actores de las telecomunicaciones, reivindique los derechos de los usuarios y audiencias, y garantice el funcionamiento de los medios públicos y comunitarios.
Entre éstas destacamos por hoy inicialmente la urgencia de que el Congreso dictamine y apruebe por fin la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que promovida por varios partidos políticos, y en cuya elaboración participaron miembros de la Amedi, fue entregada de manera simultánea hace ya más de un año a las cámaras de Diputados y Senadores.
Destaca igualmente la consideración de que los medios son un asunto de política de Estado, la cual debe ser incluyente, transversal y suficientemente debatida entre todos los actores de la comunicación (gobierno, legisladores, empresas, operadores y sociedad), para democratizar el actual sistema de medios en el país, así como su inclusión prioritaria en las plataformas programáticas y propuestas de campaña, políticas y acciones de los partidos y candidatos que aspiren a contender en las elecciones de 2012.
Se da cuenta además de que hoy existen todas las condiciones técnicas para que sean puestas a licitación las frecuencias para dos nuevas cadenas de televisión, por lo menos, y se señala que la inhibición en este asunto sólo se debe a la subordinación del gobierno a Televisa y Televisión Azteca, siempre contrarias a la competencia de un mercado que han monopolizado indebidamente. Se exige que las nuevas frecuencias que dejará disponibles el cambio del sistema analógico al sistema digital no sean aprovechadas por quienes hoy ya acaparan las frecuencias comerciales, sino prioritariamente por nuevos operadores, incluyendo desde luego instituciones culturales y grupos sociales injustamente postergados.
Se exige también que los medios no comerciales sean entendidos como promotores de la democracia y construcción de la ciudadanía; como espacios de pluralidad y libertad, independientes de las instituciones oficiales. Para ello es indispensable que cuenten con suficiente y permanente respaldo financiero, sin tener que comercializar espacios con fines publicitarios, y que se abran al público en general las señales de los canales de televisión del Congreso y del Poder Judicial, así como opciones de televisión universitaria, como Tv UNAM. Teniendo en cuenta que las telecomunicaciones deben ser vistas no únicamente como un negocio, sino como una nueva oportunidad para abatir brechas sociales en temas como educación, salud, seguridad y gobernanza, se exige que la interconexión entre las empresas de telefonía sea para lograr la mejoría y no el encarecimiento de tales servicios, y que es urgente que la autoridad establezca y verifique obligaciones de inversión y cobertura, para que las nuevas tecnologías y sus ventajas lleguen a la mayoría de los habitantes del país, especialmente los más desprotegidos.
Se establece que todos los sistemas de televisión codificada deben estar autorizados a difundir las señales de televisión abierta, pues es absurdo que las empresas interesadas y con capacidad para ofrecer televisión de paga no puedan hacerlo debido al amago de quienes controlan ese mercado; así como que el Estado tiene la obligación de garantizar auténticas conexiones de Internet de banda ancha, libre, rápido, barato y a precios accesibles, a toda la población.
Se exige igualmente regular el artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda y comunicación social, para evitar la simulación y el sometimiento de los gobiernos a los medios electrónicos, así como transparencia y claridad en los gastos de comunicación social de éstos y otras instituciones públicas, para controlar su utilidad y montos por parte de la sociedad. En relación con las radios comunitarias, se exige reconocerlas legalmente, garantizar condiciones para su autofinanciamiento, y no criminalizarlas ni perseguir penalmente a sus promotores y actores.
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