Antonio Gershenson
Se extiende el contratismo, y sobre todo nos referimos a la firma de un contrato con una empresa o con un grupo empresarial para todo un proyecto. Ahora se habla de un dineral para perforar pozos en la región noreste de Pemex, para extraer crudo pesado y superpesado.
Se ha hablado de los contratos para yacimientos “maduros”, con una producción mínima, incentivados y con todas las ventajas para las empresas contratistas.
El enorme gasto en una gran empresa para la supervía poniente no sólo es costoso, sino que ha provocado muchos problemas, el más reciente son la tala excesiva de árboles y la intervención de autoridades ambientales federales.
Hemos visto que las grandes obras en general, incluso en el Distrito Federal, al contratarse con una gran empresa, salen mucho más caras. La experiencia ha indicado que la entidad pública, al comprar en grandes cantidades los materiales o componentes, y al contratar la pura obra civil o eléctrica cuando no se tiene personal propio suficiente, el costo es mucho menor, el tiempo también, y la calidad del trabajo no se diga.
Ya durante años se han hecho perforaciones y otros trabajos petroleros, por contrato y dejando a las trasnacionales todas las actividades del proceso, en Chicontepec. La producción es ridícula.
Todavía desde antes se hicieron contratos a 15 y 20 años, en la región de Burgos en el noreste del país. La entrega del proceso a empresas extranjeras fue muy completo. Era la principal región productora de gas natural, pero ya está declinando, desmintiendo la supuesta productividad de la empresa privada, y en otras regiones crece esa producción (Veracruz, región marina suroeste, etcétera).
Con el pretexto de nuevas tecnologías que sólo tienen trasnacionales (la petrolera estatal brasileña Petrobras lo hace con sus propios medios), se contratan perforaciones en aguas profundas con altísimos costos y ninguna producción. Se acaba de anunciar otro contrato al respecto.
Como es sabido, cuando Miguel Alemán era presidente se firmaron los llamados contratos riesgo, que se pagaban con mucho petróleo, al punto en que el petróleo escaseó en México. Y la Constitución de hecho lo prohibía, pero en 1960 hubo una prohibición adicional: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Lo que ya decía el artículo 27 en un texto anterior, y lo sigue diciendo, es: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los dominios naturales... (incluyendo) el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos... (en estos casos) ... “no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal”.
De modo que al prohibirse, en 1940, las concesiones para el petróleo y los hidrocarburos en general, y es esta la única forma permitida, ya se prohibía la participación de quien no fuera la nación. Al agregarse la prohibición de los contratos, es una doble prohibición. Por lo mismo, quienes regresan al contratismo violan la Constitución por partida doble.
Otro problema del contratismo es que se suma con la corrupción. Entre que el “ganador” del concurso le da su premio al que decide el concurso, que se debe repartir esto hacia arriba, y todo tipo de regalos y premios (hasta departamento en una u otra ciudad), la corrupción es tremenda. Y esto es impune. Cuando se “sanciona” a un funcionario, lo peor que le pasa es que sale del trabajo, o que se le inhabilita para un puesto público. Pero lo que hemos visto en estos casos es que la empresa favorecida le da un puesto importante, con un sueldo mayor que el de antes, al funcionario supuestamente sancionado.
De ahí que este problema ya no sea individual, sino del sistema imperante. Es parte del sistema y es parte de la corrupción.
antonio.gershenson@gmail.com
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