PGR: extravíos refrendados
El Senado aprobó ayer, por mayoría –84 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones–, el nombramiento de Marisela Morales Ibáñez como nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), propuesto por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, tras la renuncia de Arturo Chávez Chávez la semana pasada.
Sin adelantar juicios sobre el desempeño que pueda tener la ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al frente de la procuraduría federal, el nombramiento resulta preocupante tanto por la trayectoria de Morales Ibáñez como por el deterioro que acusa la institución que ahora tiene a su cargo. La sucesora de Chávez Chávez es una funcionaria sobre quien pesan justificados cuestionamientos –los cuales salieron ayer a relucir en el Senado– por su papel de gestora y operadora de persecuciones y golpeteos políticos contra adversarios del partido gobernante: baste citar, por ejemplo, su responsabilidad en la integración del expediente que dio cobertura jurídica al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, bajo la gestión de Rafael Macedo de la Concha al frente la PGR –cuando Morales encabezó la Coordinación General de Investigación de esa dependencia–, y su participación, ya como titular de la SIEDO, en el episodio conocido como michoacanazo, en el que una treintena de funcionarios públicos, la mayoría de ellos perredistas, fueron detenidos por supuestos –y, a la postre, falsos– vínculos con el narcotráfico en la tierra natal del jefe del Ejecutivo federal.
Ambos casos fueron señalados en su momento como muestras de una aplicación facciosa y con claros fines partidarios y electorales de la procuración de justicia, y profundizaron la erosión de la credibilidad y la autoridad moral de la PGR: en el primer episodio, el amplio rechazo ciudadano a la maniobra de la Presidencia foxista por inhabilitar políticamente al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal obligó al grupo gobernante a dar marcha atrás y derivó en la remoción del propio Macedo de la Concha y en el retiro temporal de la hoy procuradora; en el segundo, la casi totalidad de los funcionarios y políticos michoacanos imputados y encarcelados por supuestos nexos criminales fueron puestos en libertad por fallos judiciales absolutorios, y quedó exhibido con ello el arbitrario proceder del Ministerio Público.
Por otra parte, es imposible desvincular el reciente nombramiento de Morales Ibáñez de las expresiones formuladas por la embajada de Estados Unidos en nuestro país respecto de sus antecesores en el cargo, según consta en cables diplomáticos de Wikileaks reseñados por este diario: en esos documentos, la legación diplomática estadunidense refiere que el primer titular de la PGR en el calderonismo, Eduardo Medina Mora, se granjeó la animadversión de su jefe “porque no promocionaba la línea del PAN”, y sostiene que la designación de Arturo Chávez Chávez al frente de la dependencia obedeció a que Calderón “decidió impulsar a un soldado de a pie” del partido en el poder.
A lo que puede verse, en el reciente relevo en la titularidad de la PGR han vuelto a prevalecer los intereses políticos de Los Pinos por encima de criterios como el consenso, la eficiencia y la credibilidad, con una diferencia sustancial: la nueva procuradora tomará las riendas de una dependencia llevada, durante la gestión de Chávez Chávez, a una virtual inexistencia institucional y a un abandono del cumplimiento de sus responsabilidades básicas: así quedó demostrado con la decisión de retirarse de las investigaciones por el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, lo que representó, en los hechos, una renuncia del Estado mexicano a su obligación de procurar justicia en el territorio nacional.
Con base en estos antecedentes, el nombramiento de Morales Ibáñez parece ser la ratificación de la inoperancia y la descomposición que acusa la PGR, y ello a su vez transita en sentido contrario a los pretendidos afanes oficialistas por contener la impunidad, la ilegalidad y la crisis de seguridad pública que laceran el país.
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