Por Guillermo Fabela Quiñones
Un YA basta, a la impunidad
La impunidad prevaleciente en México es una de las causas de que la criminalidad vaya en aumento, fenómeno que se magnificó en los últimos cuatro años al ser rebasado el aparato de procuración y administración de justicia, no sólo por el incremento sin precedente en el número de delitos cometidos, tanto del fuero común como del federal, sino por la gravísima descomposición social, sin parangón en el resto de naciones en vías de desarrollo. Si dicho fenómeno, la impunidad, era de por sí grave, en el actual sexenio pasó a convertirse en un cáncer terminal.
Podrán realizarse decenas de spots para demostrar que México avanza en materia de procuración de justicia, pero la verdad acaba imponiéndose. Es mínimo el porcentaje de casos donde se haya aplicado la ley conforme a derecho, como está documentado por diversos organismos públicos y privados y como quedó evidenciado en la película “Presunto culpable”. Si en materia social retrocedimos a los tiempos del Porfiriato, en lo tocante a la procuración de justicia nos encontramos en pleno siglo dieciocho. Se castiga sólo a quienes no cuentan con medios para defenderse y son ajenos a los círculos de poder.
Las cárceles del país están llenas de miserables cuyo principal delito es haber nacido en la pobreza, flagelo que se acentuó en los últimos treinta años, quienes pasan años sin recibir sentencia, las más de las veces sin siquiera tener el derecho a una defensa de oficio. Hay casos grotescos, como el de un pobre diablo preso bajo acusación de abigeato, por haber robado un “burro”. Cuando por suerte, luego de tres años, su caso cayó en manos de un ministerio público deseoso de hacer bien su trabajo, se encontró éste que se trataba de un “burro”, pero de planchar que se había robado de una tintorería para venderlo y continuar la borrachera.y procuración de justicia “está podrido”, por lo que el país “está cayéndose a pedazos”. Esto no les importa a los beneficiarios del modelo neoliberal vigente, ni tampoco a la clase política a su servicio, pues unos y otros sólo actúan en consonancia con sus intereses muy particulares. Por eso es indignante que Calderón nos venga con que nosotros los ciudadanos tenemos que asumir responsabilidades que le competen a él, principalmente. ¿Acaso un ciudadano común gana lo que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿No debieran éstos asumir su compromiso profesional conforme a los privilegios que gozan indebidamente? ¿No deberían haber sido procesados conforme a derecho los hijos de Martha Sahagún, por citar un ejemplo digno de atención?
La violencia en las escuelas no es otra cosa que una consecuencia más del sistema corrupto y viciado prevaleciente en materia de impartición de justicia. Los directores se desentienden del problema para no tener que acudir ante el ministerio público, y así día tras día el problema crece a niveles cada vez más dramáticos, a extremos inconcebibles, como la pérdida total del valor de la vida, que se manifiesta en que, con la mayor naturalidad, niños y adolescentes, que deberían tener una actitud fraterna y plena de verdaderos valores humanos, se medio matan entre sí.
De ahí que sea grotesca la actitud asumida por Felipe Calderón, al exigirnos a los ciudadanos que nos pongamos a gritar a los delincuentes que ya le paren. Como bien dijo el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, “el gobierno es quien tiene la responsabilidad de brindar seguridad pública”. No lo ha hecho porque se ha dedicado a manipular la procuración de justicia con una finalidad mediática, como es del dominio público, no para ejercer el derecho de conformidad con la gravedad de los hechos delictivos.
Tal situación es consecuencia de la impunidad, más evidente mientras más es la importancia de quien delinque. Baste echarle un vistazo a los muchos casos de corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en muchas otras dependencias gubernamentales, donde están coludidos funcionarios de alto nivel con delincuentes de “cuello blanco”, sin que prosperen denuncias ni haya un mínimo seguimiento a las mismas. Si se ha actuado contra narcotraficantes bien conocidos, es porque había que hacerlo, a sabiendas de que el flagelo continuaría igual o más calamitoso.
En los viejos tiempos del PRI, había cuando menos el cuidado en mantener reglas no escritas que permitieran al sistema seguir funcionando. Se procesaba a funcionarios que desobedecían esas reglas o se extralimitaban en la comisión de corruptelas. En la actualidad, y desde los tiempos en que los tecnócratas accedieron al poder, eso cambió para otorgar más impunidad y facilitar formas nuevas de rápido enriquecimiento. De ahí que le sobre razón al senador Ricardo Monreal cuando afirma que el sistema de administración
(gmofavela2010@hotmail.com)
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