Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 15 de abril (apro).- Mientras la ciudadanía sigue pidiendo en las calles que se detenga la estrategia de Felipe Calderón para acabar con el crimen organizado, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) parecen reactivarse las cosas y ya empiezan a operar con respecto del tema del combate al narcotráfico.
A casi dos meses de haber asumido la presidencia de ese partido, Humberto Moreira ha decidido tomar cartas en el asunto y empujar por un combate al narcotráfico un poco más ordenado.
Me explico. Hace un año, el Senado de la República aprobó cambios a la Ley de Seguridad Nacional para darle a las Fuerzas Armadas parte de lo que han solicitado: los instrumentos jurídicos para participar en la lucha contra el narcotráfico, dejar de “auxiliar” a las policías federales en este ataque y convertirse en protagonistas de la estrategia contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, lo aprobado por el Senado no fue lo que los generales pidieron, incluso ni siquiera llegaron a incluirse sus propuestas en la iniciativa de modificación que envió Calderón Hinojosa.
El documento que salió de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue elaborado por todos los actores de la seguridad nacional, menos por las Fuerzas Armadas.
El Senado de la República le dio a Calderón los cambios que pedía, e incluso le agregó otros para que se busque el respeto a los derechos humanos.
Pero al llegar la minuta a la Cámara de Diputados, ésta se quedó en la congeladora. Bueno, es un decir, porque las Fuerzas Armadas empezaron a “rehacer” la minuta y, junto con PAN, PRI y el respaldo de algunos perredistas, elaboraron un nuevo documento.
En diciembre de 2010 ya se contaba con el texto, pero a la salida del presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, todo se detuvo nuevamente.
Apenas el mes pasado, el PRI designó a un nuevo presidente, el neoleonés Rogelio Cerda. Luego, los generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron, por primera ocasión, a la Cámara de Diputados, se entrevistaron con el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín.
Luego de una hora, el propio presidente de Cámara les anunció que todo parecía indicar que en este periodo no habría Ley de Seguridad Nacional. Y así será.
Pero lo que no dijo Ramírez Marín es que el nuevo presidente del PRI, Humberto Moreira, quien goza de excelentes relaciones con los principales hombres de la Sedena, estaba tratando de destrabar el asunto.
Así, apenas el lunes 4 hubo un nuevo encuentro en el que el PRI presentó finalmente otra propuesta de reforma y se llegó al acuerdo de trabajar durante estos meses que vienes para tener todo listo y, en diciembre próximo, aprobar los cambios a la ley.
Por lo menos este es el pronóstico que tienen en el PRI de Humberto Moreira y en la propia Sedena, quienes suponen que al reactivarse las pláticas con los legisladores priistas es posible que antes de que concluya el sexenio de Calderón Hinojosa los militares cuenten con una ley que evite sean juzgados por “crímenes de guerra” o por violaciones a los derechos humanos o a las garantías individuales.
Y el tema aquí no es juzgar a los militares que participan en el combate al crimen organizado. El punto es darles los instrumentos jurídicos y las reglas para que ello suceda, pero claro está que sí sean juzgados cuando caigan o hayan incurrido en violaciones a la ley.
El otro punto es qué tanto puede influir el PRI que encabeza Moreira para cambiar la estrategia emprendida por Felipe Calderón en el combate al narcotráfico y detener este baño de sangre. La muerte en bloque de tantos mexicanos, sicarios o no, indocumentados o no, civiles o no, nada justifica que se les asesine, se acabe con ellos y sean apilados en fosas clandestinas.
México no necesita ni un muerto más, lo que requiere son hombres de Estado que estén dispuestos a brindar protección, salud, vivienda, trabajo y paz a la población.
¡No más sangre! ¡Alto a la impunidad!
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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