Eduardo Nava Hernández
La renuncia del embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, voluntaria, al decir del Departamento de Estado, aparece como el desenlace espectacular de la crisis diplomática que Felipe Calderón hizo pública en una entrevista con The Washington Post, durante su reciente visita a la capital estadounidense. En efecto, dijo ahí que la revelación por WikiLeaks de los cables enviados por el embajador a sus superiores en Washington había generado gran descontento en los círculos gubernamentales mexicanos y particularmente en el Ejército, al que en dichos cables se señalaba como incapaz y aun como cobarde en la lucha contra el narcotráfico.
No como jefe de Estado sino como vocero de la milicia, Calderón demandó desde entonces que el informante diplomático fuera removido, y probablemente lo hizo también durante la entrevista que sostuvo con el presidente Barack Obama. Ahora, fuera ya Pascual de la legación, el gobierno mexicano parece haberse anotado una pírrica victoria diplomática que, sin embargo, tiene fuerte tufo de derrota.
Rápidamente, las contrafiltraciones desde los Estados Unidos hundieron al gobierno mexicano y exhibieron su absoluto sometimiento a los designios imperiales. Primero, la revelación del sonado operativo que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego denominó Rápido y Furioso para introducir en México cargamentos de armas de alto poder destinadas a las bandas del crimen organizado. Como se sabe, de las casi dos mil armas introducidas ilegalmente en México por esa dependencia para supuestamente establecer las rutas que las llevan a los criminales, sólo una mínima parte fue recuperada y el resto se encuentra en manos de los delincuentes para el uso que éstos suelen darles. Y acto seguido The New York Times reveló que al menos desde 2009 aviones espías no tripulados de las Fuerzas Armadas estadounidenses sobrevuelan el territorio mexicano para, supuestamente, contribuir al combate a las bandas organizadas. Previamente, con el asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata, en San Luis Potosí, se habían evidenciado las presiones de las agencias norteamericanas para que se autorice a sus elementos deambular armados por el territorio mexicano.
Tanto en relación con las armas contrabandeadas como en el caso de los vuelos de espionaje, los altos funcionarios del gobierno calderonista como el vocero Alejandro Poiré y la canciller Patricia Espinosa han intentado dar explicaciones y justificaciones que más se parecen a las de un infante a quien se ha pillado en evidentes mentiras. De negar el conocimiento gubernamental del operativo Fast and Furious se pasó a reconocer que sí se sabía pero que se desconocían sus alcances. En el caso de los sobrevuelos, la secretaria de Relaciones y el propio vocero de Seguridad Nacional han confesado que la Presidencia pactó, a espaldas del Senado y en contravención a la Constitución, un acuerdo bilateral secreto con el gobierno estadounidense para permitir acciones militares extranjeras en el territorio y el espacio aéreo nacionales. El diputado Jaime Cárdenas Gracia ha solicitado ya formalmente que Calderón sea enjuiciado por traición a la patria.
Lo que se ha logrado con la renuncia del embajador Pascual es que, en uno de los momentos más delicados de las relaciones México-Estados Unidos, el gobierno mexicano no cuente con un interlocutor de alto nivel. El gobierno de Obama y el Senado estadounidense podrán retrasar por un largo tiempo la designación de un nuevo representante, mientras dejan en manos de un encargado de despacho la conducción de los asuntos bilaterales. Seguramente, ese encargado seguirá enviando al Departamento de Estado y a la Presidencia yanqui la información que considere relevante en relación con los comportamientos del gobierno mexicano y de sus distintas dependencias, incluidas las involucradas en la lucha contra el narcotráfico.
El fondo del asunto es, sin embargo, otro, que va más allá de la diplomacia convencional. Las filtraciones de WikiLeaks, las contrafiltraciones de la prensa estadounidense y las forzadas confesiones del gobierno mexicano han venido a comprobar lo que tanto fuerzas opositoras como medios de difusión independientes han venido reseñando: la creciente subordinación del gobierno mexicano ante el de los Estados Unidos en diversas materias (no olvidar los contratos “incentivados” en materia de petróleo), pero particularmente en relación con la seguridad interior. Se ha confirmado que el operativo de diciembre de 2009 en Cuernavaca, en el que fue abatido el capo Arturo Beltrán Leyva, fue dirigido por la embajada estadounidense. También se sabe ahora que Estados Unidos ha desplegado en México una amplia red de agentes, informantes y colaboradores de sus diferentes agencias de seguridad (FBI, CIA, DEA, ICE, etcétera) que, armados o no, operan a sus anchas por el territorio mexicano. Sólo entre 2007 y enero de 2009 fueron asesinados por bandas criminales diez agentes mexicanos que colaboraban con la DEA y 51 informantes del FBI (cable secreto 193, del 23 de enero de 2009).
A eso se le agregan las operaciones aéreas de inteligencia militar y el que dependencias del gobierno estadounidense estén tomando decisiones en relación con la seguridad en territorio mexicano. Un cable de febrero de 2010, tras la matanza de jóvenes en Salvarcar, planteaba que se abría “una oportunidad clave para que nosotros desarrollemos con México el tipo de estrategia que necesita para restablecer el control de las calles de Juárez”. Otro cable, el mismo que recriminaba al Ejército Mexicano su ineficiencia en la lucha contra el narco, se jactaba de la confianza estadounidense en la Marina mexicana, cuyos elementos de élite y gran parte de la oficialidad han sido formados y entrenados en instituciones de los Estados Unidos. El alcalde de Ciudad Juárez, al contratar como nuevo secretario de Seguridad Municipal al teniente coronel retirado Julián Leyzaola, a quien se señala como torturador y violador de diversos derechos humanos en su anterior puesto, en Tijuana, declaró que su llegada a la frontera chihuahuense fue “aprobada” por el hoy defenestrado embajador Carlos Pascual.
Asistimos a un fenómeno de virtual anexión del territorio mexicano por los Estados Unidos como espacio ampliado de su seguridad interior. No se trata de una ocupación militar tradicional ni de un mero caso de injerencia indebida en los asuntos mexicanos, sino de una nueva definición de las fronteras y de amplias comarcas de nuestro país como extensiones del territorio estadounidense, al menos en lo que a seguridad se refiere. Es lo que podríamos denominar una anexión de baja intensidad, acaso encubierta pero no por ello menos real; todo ello, con el conocimiento y el consentimiento del presidente Calderón. Lo han dicho expertos como Edgardo Buscaglia: la guerra de Calderón es en realidad una guerra de los Estados Unidos que se libra en territorio mexicano.
La salida de Pascual no resuelve ninguno de los temas de la agenda bilateral México-EU; seguramente tampoco mejorará las relaciones entre ambos países. El gobierno estadounidense difícilmente perdonará la humillación de ver renunciar a su representante diplomático a petición de Calderón y de unas Fuerzas Armadas a las que considera ineficientes y en alguna medida corruptas. La dimisión tampoco disminuirá el nivel de dependencia de nuestro país ni la injerencia estadounidense. Como se dice popularmente, nuestra diplomacia sin rumbo es mera agua de borrajas.
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