Por: Redacción de www.sinembargo.mx
Casa de citas
La prisa del PRI por expulsar de sus filas al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y deslindarse de él no se había visto antes. Más aún porque el de Matamoros incluso aún ni siquiera ha sido juzgado.
Claro, la prisa se entiende sólo porque el tricolor está inmerso en una batalla electoral por la Presidencia de la República que, además, en las últimas se le ha complicado más de lo que pudo imaginar. Pero, ¿no debió actuar así en muchos otros casos?
Yarrington Ruvalcaba fue alcalde de Matamoros y luego gobernador del estado Tamaulipas entre 1999 y 2004, y ahora se sabe que fiscales de Texas, en Estados Unidos, solicitaron legalmente que se le confisque un condominio en Isla del Padre, debido a que fue comprado con dinero del narcotráfico. La acusación plantea que el priísta tamaulipeco recibió sobornos de cárteles del narcotráfico cuando fue funcionario público, aunque sus abogados niegan las acusaciones bajo el argumento de que la propiedad en cuestión no le pertenece.
La reacción de Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI, para pedir suspender la militancia de Yarrington fue inmediata.
En un comunicado, el PRI destacó: “El PRI no solapa, bajo ningún concepto, impunidades. Donde se compruebe que ha habido faltas a la ley, ésta debe aplicarse con todo rigor”.
Sin embargo, si con tanta celeridad se actúa ahora para deslindarse de este priísta supuestamente ligado al narco y aún no juzgado, ¿por qué el tricolor no lo ha hecho con otros personajes de oscuro currículum?
En enero pasado, por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que investigaba a Yarrington y a otros dos ex gobernadores priístas de Tamaulipas,Manuel Cavazos Lerma (quien gobernó entre 1993 y 1999) y Eugenio Hernández Flores (quien estuvo al frente del gobierno estatal entre 2005 y 2010) por presuntos nexos con prestanombres y negocios vinculados al crimen organizado. Pero el PRI, que “no solapa, bajo ningún concepto, impunidades”, no ha solicitado quitar la militancia ni a Cavazos Lerma ni a Hernández Flores. Ni se inmutó, pues.
Tampoco lo ha hecho con otros ex gobernadores quienes tienen acusaciones formales y graves, ante distintas instancias, lo mismo por enriquecimiento ilícito que por violaciones legales y a los derechos humanos. Sólo por mencionar algunos ahí están Ulises Ruiz Ortiz, ex mandatario de Oaxaca; Mario Marín Torres, ex mandatario de Puebla y mejor conocido como “el gober precioso”, e incluso Arturo Montiel Rojas, ex mandatario del Estado de México y quien casi se convierte en candidato del tricolor a la Presidencia de la República.
Y bueno, la perla de la corona: ¿qué pasó con Humberto Moreira Valdés? ¿Por qué los priístas evitaron desde el Congreso que se le juzgara? ¿Pues qué les hizoYarrington para que la decisión de suspender su militancia fuera tan fulminante?
Si se trata de expulsar a todos sus ex gobernadores con acusaciones de ligas con el narco, por corrupción y por abusos legales y a los derechos humanos, pues ahí tienen trabajo para rato. Y deberían empezar ya: sólo les quedan 37 días antes de la elección federal del 1 de julio.
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