JOHN M. ACKERMAN
La sensatez e inteligencia del emergente movimiento juvenil es asombrosa. Todas sus manifestaciones han sido pacíficas y sus exigencias siempre concretas y estratégicas. En lugar de sabotear las elecciones, llaman a participar en ellas. En lugar de convocar a acciones violentas u obstruir vialidades, ocupan banquetas y lanzan consignas. En lugar de pedir la inmediata cancelación de la concesión a Televisa, exigen que esta empresa transmita el próximo debate presidencial por cadena nacional. Los estudiantes sin duda tienen grandes ideas y una sed de revolucionar el sistema de raíz, pero también saben bien cómo evaluar el impacto de sus acciones y calibran perfectamente sus decisiones.
Por ello son absurdas e indignantes las recientes descalificaciones e intentos de cooptación. Quizás el más retrógrado de estos esfuerzos es el de Jorge Castañeda, quien nos vuelve a obsequiar un monumento a la intolerancia y al elitismo, cuando afirma que los estudiantes no son más que orates inmersos en una indigencia política y que carecen de la cultura política que se esperaría de un sector tan privilegiado. Enrique Krauze guarda mejor las formas, pero lanza una sugerencia igual de venenosa. Para el integrante del consejo de administración de Televisa, la mejor opción que queda a estos jóvenes rebeldes es despedirse de la espontaneidad y riqueza de un movimiento social para mejor dedicarse a construir un nuevo partido político. Así, la efervescencia juvenil se canalizaría hacia la creación de nuevas burocracias fácilmente controladas por el poder y el dinero.
Queda claro que los verdaderos orates, o personas de poco juicio y prudencia, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, no serían los jóvenes en busca de un mejor país, sino los intelectuales orgánicos del poder que insisten en seguir estirando la liga para ver hasta cuándo se rompe.
El gran éxito del movimiento juvenil hasta ahora ha sido que ha desenmascarado el mito de la supuesta transición democrática en México. A pesar de décadas de valientes luchas por elecciones más libres y limpias, así como una enorme inversión en la construcción de instituciones electorales, siguen siendo los poderes fácticos y no la ciudadanía quienes eligen a los gobernantes.
Los estudiantes quizás no recuerden bien la corrupción y la inefectividad del PRI-gobierno, pero padecen cotidianamente los estragos de la manipulación mediática y la opacidad electoral. Ellos no están dispuestos a aguantar otros seis años con un presidente de la República de dudosa legitimidad que no cuenta con el respaldo social o la voluntad política para resolver de raíz los grandes problemas nacionales.
Las manifestaciones juveniles de hoy, entonces, no solamente recuerdan el movimiento estudiantil de 1968, sino también constituyen la continuación histórica del movimiento civil pro democrático de la década de los noventas y de las protestas poselectorales de 2006. Las caras, las consignas y la forma de organizarse son innovadoras, pero los fines son los mismos. Por ejemplo, la página de Internet yosoy132.mx indica que el objetivo es construir un proceso democrático limpio y honesto por parte de los candidatos, instituciones y medios. Asimismo, las tres exigencias básicas serían que el proceso electoral sea transparente y claro, que el voto sea consciente e informado, así como la democratización de los medios de comunicación.
Son exigencias tan claras y sencillas que dan en el blanco de la problemática actual. Sin procesos electorales auténticamente democráticos jamás habrá justicia, desarrollo o rendición de cuentas.
La exigencia de la marcha del sábado de transmitir en cadena nacional el próximo debate presidencial sería entonces el símil histórico a la solicitud de recuento total de la votación que coreaban millones de ciudadanos libres hace seis años. Si en 2006 fue totalmente falso el argumento de que las instituciones electorales estaban impedidas por la ley a dar trámite a esta justa petición, hoy existirían aún menos obstáculos legales para que el IFE y la Secretaría de Gobernación puedan responder positivamente a la nueva solicitud ciudadana. El consejero presidente, Leonardo Valdés, incluso ha confesado públicamente que el IFE efectivamente sí cuenta con la facultad de solicitar una cadena nacional y que lo hará el día de la jornada electoral, aunque de manera inexplicable no le parece conveniente hacerlo para el debate presidencial.
Las autoridades y los poderes mediáticos harían bien en pensar dos veces antes de ignorar a los jóvenes movilizados. Una actitud de cerrazón frente a una solicitud tan sensata fácilmente podría incendiar la pradera con consecuencias impredecibles.
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Twitter: @JohnMAckerman
Simultáneamente, estos agudos intelectuales y sus aliados solicitan al Instituto Federal Electoral la aplicación de medidas cautelares para permitir la contratación por particulares de propaganda electoral en radio y televisión. Así buscan apuntalar aún más la voz de los que más tienen y opacar al movimiento juvenil con nuevos espots que expresarían el punto de vista de una sociedad civil supuestamente más responsable y respetuosa. Los otrora abajo firmantes deliberadamente también cancelan nuestro derecho a la información al negarse a convocar a debates presidenciales adicionales o asegurar la cobertura nacional de aquellos organizados por el IFE.
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