Jorge Carrasco Araizaga
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El arraigo judicial contra el general de división retirado, Tomás Ángeles Dauahuare, y otros mandos del Ejército, la arremetida contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, lejos de sorprender, confirman el uso político del principal problema de seguridad nacional por parte de Felipe Calderón.
Más evidente no puede ser. Así lo hizo desde el primer día en que ocupó la residencia oficial de Los Pinos y así será hasta el último segundo de su Presidencia, la más violenta en un siglo en México, desde la Revolución Mexicana.
No es ninguna coincidencia que todo se haya desencadenado en unos cuantos días, cuando, a seis semanas de la elección presidencial, es cada vez más difícil sostener en las encuestas a la vacía candidata oficial, Josefina Vázquez Mota.
El objetivo de las acciones judiciales y policiales ha sido el PRI, un partido que, más por desencanto hacia el PAN y mercadotecnia política que por méritos democráticos, se mantiene hasta ahora en las preferencias de cara a la elección del domingo dos de julio.
Tampoco sorprende lo que ahora se viene a “descubrir”, que Calderón no tenía la menor idea del problema y de lo que su “guerra a las drogas” iba a desatar: una violencia extrema, propia de un país en conflicto interno.
Gracias a esa “estrategia” de Calderón, México es ahora visto en el mundo como un país donde de manera sistemática y cotidiana se violan los derechos humanos, ya por agentes estatales, ya por particulares.
Los informes del Departamento de Estado y de Amnistía Internacional difundidos en Washington y Londres, respectivamente, este jueves 24, registran esa realidad.
Durante cinco años y medio, Calderón se ha dedicado a pontificar su “estrategia” violenta y ahora quiere que quien lo suceda en la Presidencia de la República mantenga su “legado” contra el narcotráfico.
El elevado costo social y económico que Calderón ha hecho pagar a la sociedad –con la principal complicidad del Poder Legislativo, pero también del Judicial– no corresponde a los supuestos logros del calderonato, pues los cárteles del narcotráfico sólo han mutado para mantener sus negocios ilegales.
Para ello, han contado y cuentan con el apoyo político de todos los partidos. No sólo del PRI. También hay casos en los que los involucrados han sido del PAN, el PRD y el Partido Verde.
En las elecciones intermedias del 2009, Calderón arremetió contra el PRD en el llamado michoacanazo y ni siquiera pudo ganar en Michoacán, su gran frustración electoral porque nunca ha podido ganar unas elecciones en su estado.
Ahora, lo hace contra el PRI. A explicación no pedida, la PGR salió a “aclarar” que la detención del general retirado Ángeles Dauahare no tenía motivaciones políticas, pues apenas unos días antes el general en retiro se había encontrado en el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en un foro sobre seguridad nacional.
En medios castrenses no era un secreto que el militar era un crítico de las acciones de Calderón y lo refrendó en esa reunión, realizada en San Luis Potosí. Por lo mismo también era sabido su desencuentro con el actual Alto Mando del Ejército, el general Guillermo Galván, como lo fue con su antecesor en el sexenio de Vicente Fox, Clemente Vega García.
Si las acusaciones de Calderón contra Dauahare son sólidas, no había razón para violar el proceso judicial, al negarle la legítima defensa, y someterlo bajo arraigo de 40 días, como si el militar pretendiera huir.
Dice la PGR que tenía información contra el general desde 2010, entonces por qué esperar a las elecciones presidenciales para actuar. Calderón administró políticamente el caso.
En el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, desde fines del gobierno de Vicente Fox hubo señalamientos públicos por esa supuesta relación. El gobierno mexicano siguió proveyendo información al estadunidense. De nueva cuenta el oportunismo político.
No es ninguna casualidad que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya anunciado la acción contra personas y bienes vinculados a Yarrington, en una Corte de Texas, por su presunto nexo con el narcotráfico un día después de que Calderón le entregara a El Grande, quien fuera jefe operativo del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Calderón lo entregó a la DEA, que depende del Departamento de Justicia.
El mensaje a la sociedad y, en particular, a los electores, es claro: vincular al PRI al narcotráfico, pero no parece claro que eso sea suficiente para relanzar la triste campaña de Vázquez Mota.
Con un eventual regreso del PRI a Los Pinos, pero manchado por el narcotráfico, Estados Unidos garantiza la continuidad de la “guerra a las drogas” que definió para América Latina hace 40 años y que ningún político mexicano como Calderón la había hecho tan suya.
jcarrasco@proceso.com.mx
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