Editorial del diario la jornada
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La minera canadiense First Majestic Silver cedió ayer al gobierno federal sus títulos de concesión ubicados en Wirikuta, la región sagrada del pueblo wixárika (huichol), localizada en siete municipios de San Luis Potosí y declarada área natural protegida desde 1994 por el gobierno de esa entidad. En un acto de entrega simbólica de los títulos de concesión a representantes de esa comunidad, el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, afirmó que estamos comprometidos con la protección y la preservación de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios de nuestro país. En tanto, el titular de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que las 45 mil hectáreas que abarcan los títulos de concesión cedidos por la compañía canadiense pasarán a formar parte de la reserva minera nacional, lo que evitará que se vuelvan a concesionar en el futuro.Significativamente, el anuncio referido se produce en vísperas de la realización, el sábado próximo en la capital del país, de un festival artístico cuyo propósito es reunir fondos económicos para la defensa de Wirikuta, que forma parte de un amplio movimiento de oposición a los yacimientos mineros en la región. En meses previos, el Frente de Defensa de Wirikuta logró agrupar a miembros de la comunidad académica, cultural, artística y política del país y proyectó a escala nacional e internacional las afectaciones que habrían derivado del establecimiento de explotaciones mineras en la región, tanto en el plano ambiental como en la vigencia de los derechos de los pueblos originarios del país.
Así, más que atribuirla a la sensibilidad social y ambiental del corporativo canadiense o al compromiso y los buenos oficios de las autoridades federales, la cancelación de las concesiones mineras en Wirikuta es reflejo de la capacidad de presión y movilización de una opinión pública que, en este caso, pudo colocar la defensa de ese sitio en la agenda de asociaciones ambientalistas, de organismos internacionales y de autoridades gubernamentales y se desempeñó, de esa manera, como un contrapeso por demás valioso a intereses empresariales depredadores.
Resulta imposible desvincular el intenso activismo social practicado en favor de la preservación de Wirikuta del conjunto de movilizaciones ciudadanas, predominantemente juveniles, que han irrumpido en forma tan inesperada como extendida en el panorama nacional en días recientes, y cuyos ejes articuladores han sido hasta ahora el rechazo al sistema político autoritario –y a las candidaturas presidenciales que lo personifican–, la denuncia de la parcialidad informativa que practican los medios afines al régimen y la defensa del derecho de la sociedad a la información. Así como ocurrió con las expresiones para preservar el sitio sagrado de los wixárikas, los participantes de estas movilizaciones han adoptado como instrumentos fundamentales las redes sociales y los medios de información alternativos, han sabido articularse en una estructura horizontal y al margen de partidos políticos y han podido erigirse, de esa forma, en la gran sorpresa del proceso electoral en curso. Por lo demás, en uno y otro casos la sociedad organizada ha tenido el mérito de hacer visibles, por la vía de la presión y la movilización pacífica, asuntos que de otra forma habrían escapado del campo de visión de la clase política y de la mayoría de los espacios televisivos y radiofónicos.
A reserva de lo que ocurra en las semanas y meses próximos con estas expresiones de resistencia ciudadana, su irrupción en la arena pública y la confirmación de sus alcances reales constituyen importantes logros democráticos inestimables para el país.
Finalmente, resulta impostergable revisar el marco legal que ha hecho posible la entrega de millones de hectáreas del territorio nacional, a cambio de casi nada, a los intereses depredadores de empresas mineras, a fin de impedir la repetición de situaciones como la de Wirikuta.
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