Jorge Lara Rivera
Rastro de avorazados
Con el 3er. “gasolinazo” del año con que la incompetencia tecnócrata de Antonio Meade Kuribreña en Hacienda oculta su raquítica recaudación fiscal con los mayores grupos empresariales del país, tan prósperos como díscolos, y de la economía informal, como telón de fondo; justo luego de que empiezan a conocerse los saldos de la balacera del viernes en Guadalajara, Jalisco, entre fuerzas federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, el propósito del ministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar Lelo de Larrea de conceder amparo y en consecuencia liberar a la secuestradora Florence Cassez, integrante de la banda “Signos del Zodíaco”, ha desatado la desesperación proteccionista del régimen federal.
Pero no hay motivo de confusión: tal ánimo no tiene nada que ver con la salvaguarda de los derechos de las víctimas de la maldad de esos delincuentes, ni siquiera con la de las garantías procesales de la probada criminal francesa. Se trata en realidad de encubrimiento. Sí, para evitar que uno de sus altos funcionarios –entre los más señalados por su comportamiento incompetente, ineptitud, dolo y mala fe– quede exhibido y en ridículo. En pocas palabras mantenerlo en la impunidad de que es tan prolijo el actual Ejecutivo federal.
Y es que ávido de notoriedad el oscuro esbirro ascendido desde el CISEN a la AFI en el foxiato quien, por inconfesables servicios prestados durante la campaña al actual ocupante de Los Pinos, fue conservado y aun encumbrado en un “gabinete de cuates” de honorabilidad dudosa, alcanzando hasta la titularidad primero de la AFI y luego de la Secretaría de Seguridad Pública es hoy motivo de la movilización del régimen. Resulta que para autopromocionarse García Luna maquinó y realizó un operativo policial que derivó en montaje mediático propagandístico sobre el caso y se permitió una “reconstrucción de hechos” que no le competía, correspondiente a la PGR, demorando de paso la entrega inmediata de la detenida a la autoridad competente, vicios en que se basa la defensa. Tras ese “éxito” su patrón en Los Pinos lo designó titular de Seguridad Pública Federal pese al historial de objeciones que lo hacen inelegible y vuelven inexplicable que siguiera en el cargo. Y mucho menos la molestia que se toma el Ejecutivo federal para defenderlo en un caso que ha creado desencuentro internacional entre Francia y México.
Rodeado de colaboradores con historial delictivo, García Luna fue acusado desde su nombramiento en la AFI de nepotismo a favor de su hermana a la que le aumentó desproporcionadamente el sueldo y malos tratos al personal que luego persiguió hasta encarcelar; y carece de cualquier credibilidad por su torvo historial que lo vinculan a secuestro, robo de coches y tortura, así como entregar maletas llenas de dinero a Martha Sahagún durante el foxiato y en la actual administración de falsear datos estadísticos sobre inseguridad, violencia y delincuencia, de maquillar cifras sobre índices delictivos y violencia y por ocultar el número de muertos que genera, realizar montajes de operativos policiacos y financiar teleseries como “El Equipo” con fines cosméticos.
Así, para conseguir su avieso fin de mantenerlo en la impunidad, el régimen panista ha echado mano del recurso mediático dictando línea a noticiarios y testaferros en el duopolio para manipular desde la TV la sensibilidad social y generar animadversión en la opinión pública a fin de presionar politiqueramente a la Corte para que fundada en las irregularidades de que fue blanco la francesa no la libere, ni ponga, de paso, en evidencia los retorcimientos del sistema nacional de impartición de justicia en la gestión federal panista actual que tanto se llena la boca con el discurso de “apego al Estado de Derecho y cumplimiento estricto de la Ley”. Y desde luego impedir que quede en posibilidad de que finquen responsabilidades a tan esperpéntico funcionario. Todo por un teatrito que se les cae. Ante tan pobre desempeño del sistema policiaco y de justicia, qué paradójico resulta y qué poco importa el alarde del jefe del Ejecutivo con Marisela Cervantes Guerrero, Comisionada Nacional de la Policía Federal, por el supuesto “legado” que su régimen “deja a México en un momento crucial” con la División Científica de ésa, integrada por 650 “licenciados, muchos con posgrado y especialización”.
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