Jaime Ornelas Delgado : La pobreza: prioridad nacional

La pobreza: prioridad nacional
Por: Jaime Ornelas Delgado

La existencia reconocida oficialmente de 52 millones de pobres, hace inexplicable que el combate a la pobreza no sea una de las principales prioridades del gobierno federal. El hecho es que el notable incremento en el número de pobres en años recientes (pasaron de 48.8 millones en 2008 a 52 millones en 2010 los mexicanos en situación de pobreza en el país), demuestra dos cosas: el gobierno de Calderón prefiere mantener su conservador modelo donde la pobreza es un fenómeno estructural y de plano nadie en ese gobierno sabe cómo hacerle para vencer a la pobreza. De cualquier manera, es evidente que la pobreza generalizada no es la prioridad gubernamental.
Para tener un programa que vaya directamente a combatir las causas de la pobreza y no sus resultados, es necesario un diagnóstico elaborado sin prejuicios ideológicos como el de “los pobres son pobres porque son flojos”.
En cambio, podemos decir que el poder adquisitivo de los ingresos laborales de las familias mexicanas se ha visto afectado por, al menos, dos causas: el incremento en los precios de los alimentos y la incapacidad del modelo neoliberal para ampliar la oferta de trabajo formal. Por supuesto, la falta de crecimiento económico en el mediano y largo plazo (el PIB creció en los cinco años que van del gobierno de Calderón 1.5 por ciento en promedio anual) ha influido también en el desempeño de los salarios, el empleo y los ingresos. A su vez, la reducción del poder adquisitivo del ingreso tiene repercusiones directas sobre el desarrollo social de la población, especialmente sobre la pobreza. En cambio, las deficiencias de las políticas de desarrollo social emprendidas por los gobiernos del neoliberalismo, han logrado un modesto o nulo impacto poder revertir los retos estructurales del mercado laboral.

Pero el modelo no puede cambiar, quienes lo administran no pueden admitir que el incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso en el país debería provenir de mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios (especialmente de los alimentos), entre otras variables.
En fin, podemos concluir que para disminuir la pobreza son inútiles los programas asistencialista tipo Oportunidades, es preciso crear empleos aumentando la inversión pública en infraestructura productiva, elevar los apoyos al campo, mejorar los ingresos de la población para fortalecer el mercado interno, gravar las operaciones financieras y convertir al sector energético en el factor que sustente el crecimiento de la economía. En pocas palabras, se trata de iniciar el proceso de desarrollo mediante la promoción del empleo y el aumento de los ingresos de la población y no esperarlos sólo como su resultado incierto.
Atentado contra el Estado laico

Hace unos días, pocos antes de conmemorarse el natalicio de Benito Juárez, gestor del Estado laico, y como para refrendar que el país ha dejado de ser juarista y se pretende hacerlo confesional, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, presidida por el aristocratizante ex gobernador de Puebla Melquiades Morales, aprobó por ocho votosa favor (de panista, verdes y priistas) y cuatro en contra (PRD, ningún “Chucho”, y PT), la minuta de las reformas al artículo 24 Constitucional, aprobadas previamente por el pleno de la Cámara de Diputados, que abren la puerta a las expresiones religiosas fuera de los lugares destinados al culto y le otorgan carácter público a lo que debe ser privado e individual: la creencia religiosa, que se pervierte cuando adquiere ribetes políticos.
Lo peor es que los senadores aprobaron las reformas enviadas por la Cámara de Diputados simplemente porque, según dijeron algunos, urgían, admitiendo incluso la pésima y confusa redacción de los cambios propuestos al artículo 24 constitucional. Es el caso del senador panista Sergio Álvarez Mata, quien demandó aprobar la minuta “con todo y lo mal redactada que está”, pues, “pese a los errores, la urgencia amerita aprobarla así.” ¿La tal urgencia tendrá algo que ver con la inminente visita del Papa?
En fin, una vez más quedó demostrado que los acuerdos políticos cupulares pueden más que una sólida argumentación como la expuesta por quienes rechazaban los cambios tratando de evitar la reforma que atenta contra el Estado laico y puede generar problemas inútiles.

El numerito de los Diputados

Para no quedarse atrás, la Cámara de Diputados hizo también su numerito y la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, para variar con la alianza PRI–PAN, la iniciativa enviada al Congreso de Felipe Calderón para expedir un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que incluye detenciones “en caso de urgencia” y un sistema de investigación contra la delincuencia organizada que admite el cateo de domicilios por “denuncia anónima” sin orden judicial, así como la revisión y grabación de personas, sus pertenencias y vehículos. A esta reforma nada más les faltó legalizar las grotescas representaciones televisadas de las detenciones de presuntos culpables, días después de ocurridas en bien del rating del duopolio.
El problema es que muchas veces estas formas, que sin duda violentan el Estado de Derecho, no se limitan a la delincuencia organizada sino que se extienden hasta convertirse en instrumento de persecución contra el movimiento social. ¡El riesgo es mucho y de ninguna manera descartable!