La catástrofe Cassez
Por Alejandro Gertz Manero
El encontronazo entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente con motivo del asunto Cassez ha sido verdaderamente inusitado y se está convirtiendo en una catástrofe para el Ejecutivo, que defendió a ultranza las conductas de sus empleados y de jueces que ahora se hallan severamente cuestionados, ya que la procesada, Florence Cassez, acaba de obtener por mayoría de votos de cuatro ministros el reconocimiento de que sus derechos humanos fueron violados por las autoridades que la acusaron y que ahora deberán dar cuenta de sus presuntos abusos de autoridad y delitos contra la impartición de justicia, todo lo cual está convirtiendo a los acusadores en acusados.
Esa resolución tiene un enorme valor simbólico al llamar a cuentas a quienes han creído que pueden manipular a un país entero y a la comunidad nacional a través de una grotesca maquinaria mediática, de mentiras y de imposturas que han utilizado para presentarse como héroes y salvadores de la patria mientras todos los delitos y la violencia se multiplican en el país y los gastos en seguridad se disparan en forma desmesurada, quebrantando todas las reglas del ejercicio presupuestal. Ahora, con motivo de este caso todo el tinglado de quienes sólo saben espiar a todo mundo se ha venido abajo, convirtiendo el affaire Cassez en la piedra de toque y en un ejemplo más de su gran montaje de falsedades e ineptitudes que ha tenido como consecuencias trágicas 60 mil muertos y desaparecidos, y el incremento de la violencia y la impunidad que nos abruma.
Frente a ello, es encomiable la personalidad digna, republicana e independiente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Juan N. Silva Meza, así como la entereza del ministro Arturo Zaldívar y tres de sus compañeros de sala que se atrevieron a desafiar a esa aplanadora mediática, exhibiendo y cuestionando las conductas de los favoritos del poder, lo cual generó un verdadero parteaguas frente al tradicional sometimiento de la Corte ante el Ejecutivo, que ahora empieza a resquebrajarse.
Lo anterior no significa que este cambio en la correlación de fuerzas y en la conducta del Poder Judicial sea de fondo e irreversible, ya que el sistema judicial del país continúa siendo muy renuente a la transparencia y a la rendición de cuentas, lo cual sólo empezará a cambiar cuando en los Consejos de la Judicatura estén debidamente representadas la comunidad y la sociedad civil, y se establezcan y apliquen con claridad sanciones para los jueces que incumplan con sus funciones.
Por lo que toca al dictamen que favoreció parcialmente a Florence Cassez, éste se sustenta en un principio básico de legitimidad que establece que la autoridad no puede legalmente integrar una averiguación previa y un proceso cometiendo delitos para ello, puesto que los crímenes no pueden combatirse delinquiendo, porque eso significaría simplemente multiplicar al infinito la cadena delictiva, así como la más absoluta injusticia y la impunidad consecuente, todo ello propiciado por el mismo gobierno.
En el dictamen de referencia, la sala penal de la Corte mostró un equilibrio ejemplar al reconocer las violaciones constitucionales cometidas contra Cassez, sin aceptar a priori la inocencia absoluta de dicha persona, que deberá analizarse en un nuevo proyecto en el que seguramente se le ordenará al Tribunal Colegiado correspondiente recibir y valorar las pruebas que no se le habían aceptado a Cassez, rechazando las del Ministerio Público, que se obtuvieron a través o como consecuencia de presuntos delitos y arbitrariedades, valorando todas las pruebas que sean legítimas, en favor y en contra, de una manera clara, transparente y equilibrada.
La equidad de lo acordado por los ministros de la Corte es un modelo de lo que debería ser la justicia en México en todos los casos, y es ahora tarea de la ministra Olga Sánchez Cordero el plasmar esos principios de justicia fundamental en un proyecto que sea aceptado por la mayoría de sus colegas de sala.
La lucidez, la ética y el humanismo de Sánchez Cordero nos permiten esperar un proyecto que transparente la verdad, que establezca las responsabilidades objetivas en los abusos de autoridad y delitos oficiales, y analice también con absoluta imparcialidad todas las probanzas válidas del Ministerio Público y de la defensa, para que así se imponga la justicia sobre las aplanadoras oficiales mediáticas y sobre cualquier visión parcial que ya es inadmisible en este caso.
En este país de víctimas, donde 98% de 13 millones de delitos que se cometen anualmente queda impune, y donde los “presuntos culpables” luego resultan inocentes, el deber de la Judicatura es el de identificar a los responsables de cualquier delito, tanto los cometidos por agentes gubernamentales como por particulares, convirtiendo este caso particular en el símbolo y en el motor de un verdadero cambio que nos permita acceder a un sistema de justicia que sea independiente y eficaz, que rinda cuentas y que nos rescate de esta vorágine de injusticia y de violencia que estamos sufriendo.
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