Porfirio Muñoz Ledo : Cal y arena

Porfirio Muñoz Ledo
Cal y arena

Esta Legislatura ha sido marcada por la influencia de los poderes fácticos, los intereses políticos ajenos al Congreso, los acuerdos cupulares y el menosprecio a los representantes del pueblo soberano. En el último periodo fue, además, arrastrada por un productivismo estéril, que confundió presidencia con prefectura y persiguió para la estadística el mayor número de votaciones aunque fuesen vacuas, en detrimento del debate parlamentario y olvido de los cambios que verdaderamente se requieren.
Dentro de su antología de diferenciación sobresale el tortuoso calvario de la designación de tres consejeros del IFE, en clara violación de preceptos constitucionales. Desde el 30 de octubre del 2010 se lanzó la convocatoria y poco después, se seleccionaron 17 aspirantes sin que ninguna terna haya podido alcanzar mayoría calificada entre los grupos parlamentarios, por el prurito de mantener un sistema de cuotas contrario a los principios de la institución.
A pesar de que diputados del Partido del Trabajo insistimos en un procedimiento sumario mediante la presentación de ternas sucesivas al pleno, el “mandarinato” se cerró a cualquier asomo de elección abierta. Finalmente el TRIFE, a solicitud de Jaime Cárdenas Gracia, ordenó efectuar las designaciones antes del 15 de diciembre, lo que ocurrió en esa fecha mediante un método extraordinario y discreto de consultas.

Una de cal por las que van de arena: como efecto virtuoso de la trabazón se rompió el cerco de las posiciones partidarias y se eligieron personalidades no atadas a compromisos políticos, con prescindencia de sus orígenes académicos o administrativos. Con Sergio García Ramírez, María Marván Laborde y Lorenzo Córdova se restableció el criterio de altos perfiles que otorgó prestigio e independencia a los Consejos que integramos en 1994 y 1996.
Si bien impedimos que mediante un “albazo” noctámbulo se presentara de nuevo la minuta del Senado sobre la Ley de Seguridad Nacional, de modo alevoso y al margen de la legalidad se sometió a voto la Reforma del artículo 24 constitucional para incluir el concepto de “libertad religiosa” con una cauda explícita de amenazas al Estado laico. El método chapucero refleja las intenciones dolosas del proyecto. Se trata de una ofrenda que Peña Nieto y el PAN adelantan al Vaticano, en las cercanías electoreras de la visita de Ratzinger a México. Las arenas pantanosas de la rendición de la República.
Por presión de la Nunciatura, aun antes de ser aprobada la reforma al artículo 40 que formaliza el estado laico, ni emprendida la discusión sobre las modificaciones propuestas para el artículo 130, se concretó el atentado, anunciado desde que se introdujo el concepto de contrabando, al determinar los derechos no suspendibles en caso de estado de excepción. Con la Iglesia hemos topado, una vez más.
El pretexto de allanarse al sistema interamericano de derechos humanos, con motivo de la reforma del artículo 1 constitucional, es una falacia, ya que han rechazado tercamente la internación en la legislación nacional de las normas fundamentales de esos instrumentos internacionales, como el arraigo de sesenta días, la inexistencia del fuero militar en tiempos de paz o la excepción contenida en el artículo 21 al Estatuto de Roma. Ignoran, además, las reservas interpretativas hechas por el Estado mexicano a las disposiciones que ahora introducen.
La CERE decidió en el 2000, a propuesta del filósofo católico Fernando Estrada Sámano, anteponer el concepto de libertad de creencias sobre una pretendida libertad religiosa, ya que los actos de culto público, tratándose de una religión abrumadoramente mayoritaria, respaldada por una Jerarquía poderosa, arrollaría a las religiones minoritarias. Sin contar con la pretensión expresa de intervenir en los contenidos de la educación pública y del libre acceso a la radio y la televisión.
A pesar de que el proyecto se “descafeinó” en negociaciones de última hora, la lanza quedó clavada. Nunca debió ser aprobada, ni menos cediendo a un chantaje por la presidencia de una mesa directiva. Falta ahora la lucha en el Senado y el debate nacional abierto e informado.