País crispado
Alejandro Gertz Manero
Nunca, desde la revolución de 1910, se había vivido en México un estado de violencia y crispación como el que hoy enfrentamos, y esto se debe, fundamentalmente, a la ceguera e ineptitud de un gobierno que nunca supo entender con cabalidad lo que estaba ocurriendo y cómo se debía de enfrentar una crisis de violencia y corrupción que ha estado latente en el país, en razón de un sistema obsoleto y absolutamente ineficiente, todo lo cual explotó y se magnificó cuando el narcotráfico se apoderó de casi todas las ciudades y poblaciones del país, mientras las autoridades policiacas estadounidenses presionaban para que hubiera una respuesta efectiva frente a los narcotraficantes mexicanos que envían drogas hacia los Estados Unidos.
Este gobierno y sus “investigadores y analistas” nunca pudieron afrontar esa realidad, porque asumirla significaba descalificarse ellos mismos, ya que son parte fundamental de ese sistema corrupto y, por lo tanto, lo único que pudieron lograr fue complicar el asunto, haciéndolo cada día más violento e inmanejable, generando un monstruo burocrático de represión que nos ha costado más de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y el incremento en todos los delitos de fuero común y federal en una confrontación desmesurada e inútil.
Mientras todo eso ha venido ocurriendo, los gobiernos estatales se escondieron detrás de la autoridad federal para eludir sus responsabilidades y ahora, al final del sexenio, el gobierno de la república ha tenido que cargar con todo el peso de la crítica, el desprestigio y el fracaso.
Este asunto tan grave no podrá resolverse mientas no vayamos a la esencia del problema, que estriba en un sistema obsoleto y anacrónico que quiere parecer moderno y democrático cuando en realidad no ha cambiado ni un ápice por más que se disfrace, ya que no se puede combatir la corrupción cuando quien lo combate es la corrupción misma y cuando sus propias fuerzas trabajan al mismo tiempo dentro del sistema y en contra de él, generando una quinta columna permanente que traiciona en forma cotidiana al gobierno que las sostiene, les da un salario, el uniforme, una placa y armamento que usan para aparentar un servicio público que finalmente se convierte en una expresión más del crimen organizado.
Toda la información de “inteligencia” sobre cualquier acción sustantiva se filtra de manera cotidiana previniendo a los capos y delincuentes de cualquier acción que los pueda lastimar y, así, sólo se logran esporádicas detenciones a través de operaciones apoyadas por la inteligencia estadounidense y operadas por grupos selectos de las fuerzas armadas que se mantienen, con muchas dificultades, al margen de esa enorme corrupción.
En todo este ámbito, la figura del Ministerio Público como dueño absoluto de la acción penal y perseguidor único de los delitos, lo mantiene como un instrumento de control y venganza política oficial, pero pagando el enorme costo de esa colusión que después se cobra con complicidades y encubrimientos con los delincuentes, lo cual hace fracasar en forma abrumadora el combate al delito y por ello, la inmensa mayoría de los casos se pierde y los detenidos quedan en libertad.
Las cárceles son un ejemplo de la corrupción más evidente, ya que hasta se utilizan a diario como centro de operaciones para grupos delincuenciales que salen a cometer crímenes bajo el cobijo de sus autoridades, mientras el “autogobierno” de los propios reos establece las reglas más feroces de corrupción dentro de los reclusorios.
La prevención del delito es una fantasía, y los habitantes de las ciudades y quienes usan las carreteras de este país tienen que gastar miles de millones de pesos en guardias privadas y “guaruras” que defiendan su patrimonio e intereses, mientras los policías municipales se adueñaba de los ámbitos del robo y la extorsión en sus demarcaciones.
Declarar la guerra al crimen organizado, cuando éste se encuentra dentro de las filas de quienes van a dar la batalla por la sociedad, es un acto suicida o una torpeza inmensa y las cifras ahí están, mientras cada día explota un escándalo como el de los migrantes que se repite con las mismas corruptelas que dieron lugar al problema original.
En estas condiciones vamos a enfrentar un último año de gobierno, en el cual, a partir de julio, van a coexistir dos presidentes y una situación cada vez más tensa entre la población y sus autoridades, que se habrá de exacerbar con toda la violencia y descalificación que las contiendas políticas que nos esperan habrán de propiciar.
En ese contexto no tenemos opción clara ni esperanza de cambio, y por eso es momento de exigir a quienes van a ser los candidatos presidenciales y al Congreso, que definan cuál será su política y su verdadero compromiso en seguridad y justicia, ya que si lo único que ofrecen son “exámenes de confianza”, ellos deberían dar el ejemplo.
Comentarios: editorial2003@terra.com.mx
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