Absurdo judicial
JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA
Hace pocos días, en un hecho que podría ser bizantino y hasta hilarante si no fuera porque sucedió en México, el sacerdote diocesano Alejandro Solalinde Guerra debió comparecer ante funcionarios del Ministerio Público Federal para responder a una insólita acusación en el marco del despilfarro procesal más burdo que hayamos visto en los últimos tiempos.
Resulta que, con diligencia súbita, algún celoso burócrata tomaba a pie juntillas la seguramente prolija pesquisa de algún otro agente del orden público y, urgido por hacer justicia “hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga”, como se suele invocar en circunstancias tan serias, aparejó papeles y acusó al padre Solalinde de maltratar y abandonar a un migrante guatemalteco.
México es la patria de origen del mayor número de migrantes que viajan a Estados Unidos, la mayoría indocumentados. Los datos provenientes del vecino país indican que los mexicanos son casi un tercio del total de habitantes nacidos en el extranjero que habitan la Unión Americana. La cifra oficial de detenidos allá por su situación irregular superó el medio millón de personas el año pasado, de las cuales el 83% fueron mexicanas.
Por su parte, México absorbe cada año un gran número de migrantes (documentados, indocumentados, refugiados y víctimas de tráfico). En la literatura especializada y en los informes internacionales México es el país de origen, destino y tránsito de migrantes tal vez más prominente del planeta y presenta uno de los panoramas migratorios más complejos del mundo. Pero también en la historia de América Latina México ha sido un generoso país de asilo para el resto de las naciones de la gran patria.
Por todas estas razones y circunstancias históricas, no es exageración decir que aquí está el epicentro global de todos los desafíos que implica el abordaje contemporáneo de la migración.
A su manera y ciertamente sin buscarlo, el padre Solalinde ha devenido en símbolo de cientos de otros actores que, de forma sencilla y práctica, han marcado un eje fundamental del tenso debate político sobre este tema, que es el aspecto humanitario.
México aún no logra diseñar e implementar una política enfocada a reducir los riesgos de las y los migrantes indocumentados en tránsito, y no está de más traer a colación que, durante su última visita al país, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes se declaró “conmocionado” por los crecientes abusos contra migrantes, especialmente contra los de origen centroamericano, e hizo notar que el empleo de fuerzas militares en el manejo de flujos migratorios está prohibido por la legislación federal y la ley internacional.
El riesgo de secuestro para los migrantes en territorio mexicano es por demás preocupante; basta una revisión a los informes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrar la abrumadora cifra de más de 18 mil migrantes que se reportan como víctimas de ese delito, así como de extorsión, tortura, desaparición y muerte. Es una realidad cotidiana que al parecer sólo nos abofetea cuando las cifras se disparan. De hecho la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Navi Pillay, tuvo ese sinsabor precisamente cuando se encontraba en Puerto Vallarta asistiendo al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo el año pasado, mientras que el país se cimbraba ante la noticia del asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas.
Dentro de tal contexto, lo importante es validar y respaldar pública e insistentemente las tareas humanitarias que desarrollan las organizaciones mexicanas e internacionales de ayuda a los migrantes en México y fuera de México. Estoy convencido de que tras la reunión que habrían sostenido el padre Solalinde y la procuradora general de República, Marisela Morales, a solicitud de ella, podremos dejar de lado esa práctica tan común en América Latina de acusar a los pájaros de dispararles a las escopetas. l
*Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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