Deformidades y formulismos : Jorge Lara Rivera

Jorge Lara Rivera
Deformidades y formulismos


Ya se estaba tardando Pedro Joaquín Coldwell para defender sin ambages a Wilfrido Lázaro Medina, victorioso candidato del PRI que ganó para el tricolor la alcaldía de Morelia, Mich. en las recientes elecciones de la tierra purépecha ý quien ahora es víctima del despojo de su triunfo legítimo, agravio que en su contra perpetra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual carece de autoridad moral alguna –ninguno de sus integrantes fue, nunca, electo por el pueblo.
De “grave” califica al PRI tal conducta legaloide. Y es que si como afirmara el inefable Juan Molinar Horcasitas, lodoso Coordinador de Elecciones del CEN panista, apoyándose en la complicidad vil del TEPJF, las causas que éste estimó “relevantes” para dictaminar la anulación de los comicios por la alcaldía de Morelia, Mich., son igualmente válidas para demandar concluir lo mismo aplicado a la elección de gobernador de ese estado, siendo las mismas argumentadas por malos perdedores antidemocráticos; y tomando en cuenta que le parecen tan primordiales a los integrantes del TEPJF, sin importar el detalle nimio, pero indispensable, de seguridad y certeza jurídicas que no se cumplió, por no haber acreditado el PAN la responsabilidad atribuida al PRI y sus candidatos por el uso de su logotipo en el calzoncillo que portó el boxeador en la polémica pelea; ni tampoco demostraron fehacientemente los panistas la contratación de la transmisión por TV de cable por ese partido, ni su candidato a la alcaldía moreliana, del cierre de su campaña; ni –mucho menos– fueron capaces de probar que esos hechos influyeran decisivamente en la votación; uno no puede menos que repudiar al TEPJF por su parcialidad y favoritismo a la PANdilla.

En buena lógica y por mucho más y mejor fundadas razones DEBE ANULARSE, ENTONCES, LA ELECCIÓN DEL ACTUAL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL, de la cual surgió este sexenio de calamidades; al menos debió realizarse el recuento “voto por voto y casilla por casilla” como demandaba el PRD, porque las irregularidades fueron mucho más numerosas y obvias, están demostradas y su gravedad incluyó la injerencia ilegal del Ejecutivo federal, cuyo titular (quien a su vez usurpó el cargo con financiamiento extranjero) Vicente Fox, de modo expreso lo confesó públicamente en una entrevista al afirmar, sin sonrojo, que “cargó los dados” para favorecer al actual ocupante de Los Pinos.
Y más aún cuando tanto PRD como PRI exhibieron la manera ostensible cómo SEDESOL, SAGARPA y PROCAMPO, además de otros programas y dependencias federales y sus delegaciones, actuaron para cumplir lo que constituyó una clara ‘elección de Estado’. En igual condición de probanza queda el impacto medido de la campaña de desprestigio orquestada por el Consejo Nacional de la Comunicación, sector patronal y empresarial ligado al PAN-Gobierno, a través de los spots “Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México”, transmitidos masivamente por el duopolio. O sea, bajo ese criterio la elección presidencial de 2006 debe anularse. Pero qué esperanzas: sucede lo mismo que con las cifras; las estadísticas maquilladas son para desinformar el consumo popular, mientras que uno tiene que fiarse de los reportes extranjeros como la de CEPAL que evidencia al menos 3 millones de nuevos pobres surgidos entre 2009 y 2011 (cálculo conservador que no toma en cuenta numerosos rasgos que elevan la cifra a más del doble, por ejemplo incluir, entre otros, autoempleo y subempleo).
Allí tienen que, además de la aberración jurídica de su dictamen anulatorio (por lo ilógico, contradictorio, desproporcionado y abusivo que resulta, con tal de servir al poderoso en turno) el TEPJF despilfarra: son 20 millones de pesos los que ordena dilapidar, eso costará organizar la nueva elección. Eso sí, como la gente común puede esperar, sigue pendiente de resolver por el Poder Judicial de la Federación y el Ejecutivo federal panista la inimaginable concesión para la explotación minera de las tierras del Cerro del Quemado santuario huichol, próximo a Real de Catorce, San Luis Potosí, denunciada en los ‘Diálogos en Chapultepec’. No obstante, quienes persiguen el fin de la inequidad facciosa perseveran. No es posible obviar el manejo sectario que con criterio partidista el régimen da a la distribución de recursos federales.
Así –mezquino– regatea a Yucatán, donde gobierna el PRI, 200 millones de pesos necesarios para levantar cerca de Chichén Itzá el Palacio de la Civilización Maya (el Gran Museo de la Cultura Maya, con sede en Mérida, no costará al gobierno pues se construye bajo el formato de Proyecto de Prestación de Servicios, las PPS con inversión privada); obra tal celebraría de modo digno a ese fulgor mesoamericano en el Año de la Cultura Maya. Mientras, en abierta contradicción, dilapidó con manga ancha 1 mil millones de pesos para el parque temático en Guanajuato, bastión panista; y en la ‘Estela de Luz del Bicentenario’ (a cargo de la SEP de Alonso Lujambio, plagada de irregularidades) despilfarró 1 mil 300 millones de pesos –su entrega pendiente roza el 2012.