Jorge Lara Rivera
TEPJF: infiel de la balanza
Se veía venir. Era cosa de tiempo para que enseñara el cobre y fuera notorio el favoritismo y la parcialidad de árbitros, en cuya composición se tomó más en cuenta la afinidad con el régimen y la sumisión a la oligarquía para contarse entre sus integrantes, que la voluntad y el interés ciudadanos.
El más reciente y obsequioso pronunciamiento “orientador” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a solicitud del panismo, resultó –además de sorprendente por su inédita diligencia– no obstante, algo tardío para calificar los discutibles comportamientos de altos funcionarios federales y la obvia intromisión del Ejecutivo federal en el proceso electoral de 2012, en marcha desde hace algunos meses.
Se trata de una taxativa que deja inermes a los candidatos del PRI y del PRD al prohibirles realizar reuniones con la militancia, aunque en realidad lo que se busca es impedirles tener acceso a cobertura mediática que, en cambio, sí se autoriza a los fantoches de la farsa dizque democrática del proceso panista a proseguir su mascarada. Si el IFE y el TEPJF actuaran de buena fe, habrían desautorizado que los entonces secretarios de Hacienda, Trabajo, SEP, Economía, el depredador Ernesto Cordero Arroyo, el esquirol Javier Lozano Alarcón, el acomodaticio Alonso Lujambio Irazábal y Bruno Ferrari García de Alba, empresario implicado en la contaminación del agro nacional con transgénicos, respectivamente; la hipócrita Coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Chepina Vázquez Mota, el tartufo senador Santiago Creel Miranda y el gobernador jalisciense con lenguaje perdulario, Emilio González Márquez, hubieran hecho uso indebido de recursos públicos para autopromoverse, mediante giras supuestamente “de trabajo” por el país y “Ferias delegacionales regionales”, para hacer proselitismo con sus correligionarios y atraer la atención de la sociedad en general, vía la cobertura de los medios, o mostrarse en horarios estelares del duopolio para hablar abiertamente de sus aspiraciones.
Esos fueron, fuera de duda, actos anticipados de campaña. No obstante, ni de uno ni del otro se oyó sino el silencio cómplice. Tampoco hubo condena ni apercibimiento a funcionarios del gobierno federal ni al PAN, por el almuerzo partidista en que en horario hábil se reunieron con los 3 aspirantes a precandidatos, para —según sus propias declaraciones— “fijar estrategias y darles algunos tips para posicionarlos en la percepción ciudadana”. Y se echa en falta que no hubieran llamado la atención al reciclado vocerito en presentación nuevo Srio. de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y al turbio Roberto Gil Zuarth, otrora sub secretario de Gobernación con negros antecedentes injerencistas, infractor del COFIPE y flamante ex titular de una súper secretaría particular de la Presidencia, dotada de facultades metalegales para ser interlocutor de los partidos, tarea de la Segob. Ambos estuvieron presentes en esa pasarela transmitida en internet.
Ahora resulta que hay restricción a los spots del MORENA y se constriñe a los del PRI a estar sólo dirigidos a su militancia, pero, ¿por qué no se ha dictado idéntica prevención a los promocionales panistas? No puede pasarse por alto que en la presidencia del Tribunal estuvo enquistada la ministra María del Carmen Alanís Figueroa, demasiado cercana de Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón; ahora el cargo es del ministro José Alejandro Luna Ramos.
La autoridad moral de una institución desacreditada, como el IFE, y de una instancia definitiva como el TEPJF, cuya lejanía del pueblo se notó a leguas en 2006, se tiene que construir con actos transparentes y ganarse la confianza ciudadana si de verdad se quiere mantener el sistema democrático. Lo demás es simple simulación.
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