La reforma al artículo 24: todos pierden
Bernardo Barranco V.
En forma y fondo, la reforma al artículo 24 ha sido un fracaso. La Iglesia católica no quedó plenamente satisfecha, finalmente con una formulación amorfa, y los grupos laicistas quedaron agraviados por los desaseos legislativos de PAN y PRI, los cuales, a toda costa, se propusieron imponer una reforma con base en madruguetes y marrullerías legislativas, provocando la ira y nuevos sainetes entre los diputados. Una vez más, como sociedad, perdimos la oportunidad de un debate a fondo y de altura sobre libertades y derechos humanos. En cambio, reinó el oportunismo y la camorra; 80 por ciento del debate en San Lázaro se consumió en reproches de procedimientos, mociones, recriminaciones de los actores, y unos pocos entraron en el tema sustancial de las libertades en una sociedad moderna.
Con la reforma todos perdimos; la frustración en ciertos sectores del PAN era evidente, porque la reforma pudo ir más lejos y el dictamen elaborado por José Ricardo López Pescador se fue desdibujando; el PRI salió fracturado; algunos se sintieron agraviados y de plano se fueron; ahora la propia reforma está en riesgo porque puede revertirse en el Senado, según anunció María de los Ángeles Moreno, quien consideró grave que el coordinador de los diputados de su partido, Francisco Rojas, haya exigido a los integrantes de su bancada sacar esa reforma de manera acelerada y casi a escondidas, ya que el dictamen se aprueba en la madrugada y de inmediato se presentó al pleno. Todo apunta nuevamente hacia Enrique Peña Nieto. Y en el PRD se puso de manifiesto la división interna. La facción de los chuchos vende su voto a cambio de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara y festejó el resultado. Perdimos todos porque de un total de 500 votos, sólo se pronunciaron los 260 legisladores, es decir, apenas 52 por ciento. ¿Dónde se metieron los 240 diputados restantes que se ausentaron y por qué abandonaron el recinto?
La pérdida de la congruencia de los actores políticos es notable. El pragmatismo político conduce, cuando se actúa bajo consigna, a la pérdida de dignidad intelectual y política: tal es el caso de Emilio Chuayffet. Hace tan sólo unos días, alertó sobre la manipulación de conciencias por parte de la Iglesia católica y reafirmó su rechazo a la intervención de esa institución en la vida política de México, en la presentación de un libro, el 27 de noviembre. Fue contundente al afirmar: Por eso la queremos lejos los católicos, por eso no queremos que intervenga en la vida política, porque sabemos cuán lejos puede llegar y de qué manera tan sencilla puede manipular conciencias y orientar en su favor, en su propio interés, lo que ella dicta como prioritario. Emilio Chuayffet y la bancada priísta mexiquense fueron los principales promotores de la polémica reforma al artículo 24. La tradición laica y liberal de PRI se cuartea ante la lógica de poder de corto plazo que significa congraciarse con la Iglesia en tanto actor fáctico, y ceder a la pretensión explícita del clero, como ha sido reivindicar la libertad religiosa, para posicionarse de manera privilegiada en la lucha electoral por reconquistar Los Pinos como obsesión. En la reforma del artículo 24, PAN y PRI se alían en la carrera para granjearse las simpatías de clero y en vísperas de una inoportuna visita pontifical de Bendicto XVI a tan sólo unos días de iniciarse formalmente las campañas políticas.
La disputa sobre la reforma al artículo 24, de nuevo nos ha mostrado las heridas aún no cicatrizadas y que de alguna manera están vivas en la memoria colectiva de una parte importante de los mexicanos, las dos guerras fraticidas en la historia de la nación, así como de la torpe irrupción política que el alto clero, sobre todo los cardenales, que ha provocado en diversas coyunturas alta tensión y polarización social. He conversado con un obispo que, a propósito del desenlace sobre el artículo 24, muestra extrañeza y hasta desesperación por el rechazo y la suspicacia de actores laicistas y seculares sobre la presencia social de la Iglesia, y en especial por la percepción de desmedida ambición y constante búsqueda de privilegios. Lo que se le dificulta comprender a muchos actores religiosos es que el Estado moderno mexicano se funda y es fruto de un profundo conflicto religioso.
Más que jurídica y hasta política, el episodio del artículo 24 nos muestra una disputa simbólica. La reforma tiene que pasar aún por el Senado, probablemente se acompañe de otra reforma pendiente al artículo 40 que contrarreste el actual. El riesgo de un pobre debate nos puede conducir a falsas disyuntivas y callejones sin salida. Pensar que a mayor libertad religiosa menor Estado laico es un planteamiento absurdo; también a la inversa, el fortalecer el carácter laico del Estado, las libertades religiosas serán acotadas. Todo lo contrario, sólo un verdadero Estado laico es el único que garantiza la libertad religiosa, la equidad y el respeto de las minorías. Por ello, lamentablemente, por la forma en que se procesó la reforma del artículo 24, todos salimos perdiendo.
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