Julio Hernández López
Astillero
Exploración marina
Ensayos neofranquistas
Piolín: privilegiar a EU
AMLO pide precisiones
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (JDO; con jota, no con ge), se ha revelado como entusiasta explorador de nuevas formas de endurecer la mano en asuntos públicos. Tuvo su mayor momento de fama nacional cuando intempestivamente declaró como seguros delincuentes a quienes horas antes habían sido tirados como cadáveres de demostración en un puente de Boca del Río, en septiembre de este año. También logró colocar su nombre entre los más mencionados en Twitter cuando impulsó el encarcelamiento (y la posterior restricción legislada, bajo el disfraz de benevolencia) de usuarios de ese servicio de Internet que habían mentido, causando amplia alarma colectiva, sobre presuntos actos y amenazas criminales. Y ahora regala a la nación entera la oportunidad de ensayar, con la sustitución de la policía de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, la instauración de la Marina como alternativa de control social en una suerte de cogobierno entre el poder civil, declinante y cedente, y la fuerza armada de elite que el calderonismo ha ido imponiendo como su favorita y, a su juicio, la más confiable.
Admirador confeso de Francisco Franco, el gobernador JDO fue pionero en el establecimiento de una semioficial política de limpieza social que en otras entidades se practica pero sin que las autoridades acepten aunque sea indirectamente alguna autoría o responsabilidad. Luego del episodio de los 35 cuerpos descargados en las inmediaciones de una importante plaza comercial de Boca del Río, Duarte de Ochoa casi justificó en Twitter el episodio: Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar. Añadió: Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de plataforma México.
No todos los ejecutados, ni siquiera la mayoría, tenían antecedentes penales, ni se ha demostrado que hubieran escogido dedicarse a la delincuencia organizada ni están en registros federales. Pero lo peor no fue que el gobernador dijera mentiras (que en todo caso podría corregir e incluso ofrecer disculpas), sino el tono de justificación de una masacre porque los caídos formaban parte de los malos. Así como la administración federal ha renunciado a investigar y sentenciar sobre decenas de miles de muertes, como es su obligación (se matan entre ellos, son daños colaterales, fue a causa del crimen organizado, son algunas de las premisas de incivilidad a conveniencia que ha usado el calderonismo para negarse a dar continuidad procesal penal a esos casos), el duartismo veracruzano (en Chihuahua hay otro gobernador priísta con el mismo apellido) quiso sensibilizar a la sociedad sobre el hecho de que los masacrados en exhibición eran delincuentes, como si la cacería de ellos colocara los posibles delitos cometidos por los exterminadores en una franja de perdón necesario, de indulgencia jurídica forzosa.
En esa evolución represiva, el gobernador de Veracruz está abriendo la puerta a la instauración, por la vía de los hechos, del sueño dorado de Felipe Calderón y, aunque pensando más en su propia Policía Federal que en marinos, de Genaro García Luna: la supeditación de los cuerpos locales a los nacionales, como si éstos sólo por ser federales estuviesen vacunados contra los vicios de los agentes estatales y municipales. Durante años, García Luna ha sostenido una implacable guerra contra las policías que no son las suyas, en busca de establecer un mando único. Por su parte, el Ejército ha tomado el control de buena parte de las secretarías de seguridad pública y los cargos relacionados con cárceles en las entidades federativas, mientras los marinos se han encargado de las acciones más delicadas y se han ido asentando como poder alterno en ciertas regiones.
Otro botón de muestra del retorcimiento de las leyes por razones políticas (de entreguismo al extranjero, en este caso) se vivió ayer con la deportación del acusado de asesinar en México (cerca de Santa María del Río, en San Luis Potosí) a un agente estadunidense que en extraña y nunca aclarada misión viajó a esa entidad y luego fue asesinado en condiciones que mueven a natural suspicacia. Reivindicando una especie de derecho a la venganza imperial cuando son tocados algunos de sus representantes en las colonias, el gobierno estadunidense tomó el control de las indagaciones, desplazó abiertamente a autoridades nativas y emprendió una persecución ejemplar contra Los Zetas. Ahora, en una confirmación de la preminencia del interés jurídico de Washington sobre el de Los Pinos, Julián Zapata, alias El Piolín, acusado de asesinar al agente Jaime Zapata en México, no será sometido al curso procesal acá, sino en Estados Unidos, a donde fue extraditado ayer. Justificaciones técnicas podrán ser esgrimidas por las autoridades mexicanas, pero lo cierto es que el interés nacional fue relegado para permitir que la jefatura vecina se haga justicia por propias leyes.
Interpretación jurídica precisa es lo que demanda Andrés Manuel López Obrador al tribunal electoral federal para saber qué puede hacer y qué tiene prohibido en el espacio normativamente nebuloso de las precampañas y los candidatos únicos que, según una decisión dada ayer, a partir de un caso correspondiente a Yucatán, no deben realizar actos de proselitismo más que frente a militantes de las organizaciones que los postulan. El tabasqueño ha tomado en el aire la oportunidad de plantar cara a la legislación restrictiva, contradictoria y confusa que, en su caso, le obligaría a mantenerse virtualmente en silencio e inmóvil. Nos quieren callar, dijo de inmediato, recordando que al priísta sin lecturas mucho le conviene un retiro de esa naturaleza, pero no a un aspirante, AMLO, que necesita multiplicar su actuar para reducir la ventaja de candidatos que contarán con el apoyo del erario federal y de abundante propaganda, sobre todo en televisión. ¡Hasta mañana, ya preparando un breve descanso de temporada!
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