Laguna de sangre
La sociedad coahuilense ya no puede más con la violencia que se asentó en La Laguna desde que dos grupos del narcotráfico se disputan la plaza: Los Zetas y los sicarios del Chapo Guzmán. El crecimiento de los índices criminales ya era alarmante, pero desde que el gobierno federal aplicó su solución de mando unificado policíaco-militar las estadísticas asustan: casi cada mes se duplica el número de homicidios –incluso los no relacionados con el crimen organizado– y también crecen los asaltos y robos de autos…
Desde hace cuatro años, la Comarca Lagunera –en particular Torreón– es campo de batalla entre mafias y está agobiada por la delincuencia y sus crímenes de alto impacto, y también por la impunidad que permea hasta los asesinatos no relacionados con el narcotráfico, situación que ningún operativo ni plan gubernamental han podido solucionar.
Al contrario. La creación, en mayo pasado, de un “mando único” policiaco-militar coincidió con el aumento de los asesinatos relacionados con el hampa: el número de éstos se duplicó en un mes.
El mando único propuesto y acordado por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, es la más reciente de las acciones emprendidas por el gobierno federal como respuesta a la exigencia de seguridad del empresariado lagunero harto de la violencia, en especial luego del asesinato de Carlos Ignacio Valdés Berlanga, ganadero y accionista de Grupo Lala.
El pasado 24 de abril, Torreón sumó 11 crímenes a su estadística de ejecuciones; entre ellos, el de Valdés Berlanga, asesinado de 15 tiros.
El empresario y dirigente de la Unión de Crédito Rural y Agropecuario de la Laguna desayunaba en su casa cuando notó que dos extraños habían entrado. Con cautela salió de su domicilio, pero en la acera lo esperaban dos sicarios que lo acribillaron.
El crimen conmocionó a la clase empresarial, pues los hermanos Carlos Ignacio y Mario –este último, exdirigente priista local y líder de la Unión Ganadera Regional de La Laguna– pertenecen a una familia de productores de leche en una región cuya actividad económica depende en buena medida de los lácteos. En junio de 2010, Carlos Ignacio recibió la medalla presidencial al Mérito Ganadero.
Al velorio de Valdés Berlanga acudió la élite empresarial y política de la región. Pero les salió caro: nueve de las camionetas en las que llegaron a la capilla de velación –cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y de la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE)– fueron robadas y otras 14, desvalijadas.
Desprotegidos
El 26 de abril, Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala, se reunió con Felipe Calderón, según consejeros del corporativo lechero consultados por Proceso, quienes agregaron que al regresar de la capital el empresario convocó a una reunión a los socios de la empresa y les soltó: “Sólo me queda decirles que tomen sus precauciones, que se cuiden. Ya no tengo nada más que hacer”. Según las mismas fuentes esa semana la familia Tricio salió del país y se estableció en una ciudad texana.
Para entonces seis secuestros habían impactado a la élite lagunera, dos de ellos a accionistas del Grupo Lala. Las familias Yacamán, Tricio y Espada, además de dos reconocidos médicos, sufrieron secuestros aunque no los denunciaron ante las autoridades y las negociaciones quedaron a cargo de especialistas privados.
La versión de que el homicidio de Valdés Berlanga tenía como móvil el secuestro hizo que el 25 de abril el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada lanzara un ultimátum a las autoridades: les dio 72 horas para aclarar el crimen y exigió una reunión con los tres órdenes de gobierno en menos de una semana. “Nadie se siente a salvo, hemos llegado al límite”, declaró Óscar Soto, de la Coparmex local, al diario El Siglo de Torreón.
Pocos días después quedó asentado que el asesinato del ganadero obedeció a un problema familiar. La FGE presentó como autor intelectual al exyerno del empresario, Pablo Armendáriz Vela, quien habría contratado a los sicarios, entre ellos a Luis Antonio Jáquez Castañeda. El presunto ejecutor material fue internado en el penal de Torreón la mañana del 21 de junio… y horas después apareció colgado en su celda.
Los empresarios amagaron con dejar de pagar impuestos por lo que Blake Mora, el gobernador, Jorge Torres López, y el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro se reunieron de urgencia el pasado 3 de mayo. Acordaron establecer el mando único coordinado por la XI Región Militar.
No fue la primera vez que Blake –y antes Fernando Gómez Mont– se reunía con empresarios para prometerles seguridad.
El 14 de mayo de 2010, Gómez Mont incluso minimizó el problema de inseguridad en La Laguna y retiró a policías federales y soldados de la región, porque en Ciudad Juárez hacían más falta. Horas después de la salida de los uniformados un comando acribilló a ocho jóvenes en la inauguración del bar Juanas VIP.
En sus ediciones 1751 y 1760 Proceso dio cuenta de las súplicas de apoyo ante la violencia imparable. El 18 de julio de 2010 un ataque en la Quinta Italia Inn cobró la vida de 17 personas civiles inocentes.
Blake Mora incluso ofreció enviar refuerzos, pero sólo si las autoridades hacían una petición formal. Días después, el comisionado de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas, anunció la llegada de 200 de sus agentes a Coahuila.
La Comarca Lagunera abarca cinco municipios de Coahuila y 13 de Durango. El establecimiento de un mando que englobe esa región era una vieja exigencia de las autoridades locales, empresarios y la sociedad civil, pues el lado coahuilense corresponde a la XI Región Militar, en tanto La Laguna duranguense, a la III.
Con la visita de Blake, además de reforzar la vigilancia, el mando único quedó en las instalaciones de la XI Región Militar, con sede en Torreón, pero los resultados no fueron los esperados.
Estadísticas rojas
Convertida en una de las urbes más violentas del país, desde febrero de 2010 fue considerada por el Departamento de Estado norteamericano una de las zonas a las que recomienda a sus connacionales no viajar; en un día pueden ocurrir hasta 15 ejecuciones, como ocurrió el pasado 7 de junio.
Ante los hechos violentos que mantienen postrada a la región desde hace años, una serie de acuerdos entre instancias gubernamentales produjeron el programa Operación Laguna I-2011, que entre otras medidas apostó en torno al lecho del Nazas tres bases de operación ocupadas por militares y estableció retenes en distintos puntos.
Sin embargo, la puesta en marcha del operativo coincidió con la multiplicación de las ejecuciones.
La estadística de la FGE señala que en enero de este año Torreón tuvo 29 asesinatos; en febrero, 28; en marzo, 27; en abril, 28; en mayo; 32, y en junio, 59. Es decir que la primera mitad de 2011 sumó 203 asesinatos.
La situación también es alarmante respecto a la violencia social, pues de los 203 homicidios 163 corresponden a acciones relacionadas con la delincuencia organizada; el resto fue entre civiles. En el mismo periodo de 2009 eran 77 los homicidios y un año después, 149.
El incremento en los indicadores abarca otros delitos, como el robo de autos: en 2009 fueron 572; en 2010, mil 182 y en lo que va de 2011, mil 223 vehículos hurtados, 341 de ellos con violencia.
Lo mismo ocurre con el robo a transeúntes: en 2009 hubo mil 323 casos; en 2010, mil 424 y en lo que va de 2011, mil 625.
“M’s” y “Zetas”
El sábado 9, una pick-up estacionada en el periférico Raúl López Sánchez llamó la atención de policías que realizaban un patrullaje de rutina. Decidieron inspeccionarla. Había 10 decapitados en la caja de carga y en el parabrisas, una cabeza de mujer.
Las cabezas de esos cuerpos fueron halladas pocas horas después: tres en el cruce de Valdez Carrillo y bulevar Independencia, otras tres en el camino a Santa Rita y las tres restantes en el cruce de Salvador Creel y Río Nazas.
A cada uno de los cuerpos de la pick-up les habían cortado, además, un pie. Una cartulina lanzaba una advertencia para “los traidores”. Los Zetas reivindicaban el multihomicidio y los forenses asumen que el mensaje fue para quienes “brincaron” de Los Zetas a Los M’s.
Fuentes policiacas consultadas por este semanario indicaron que Los Zetas fueron replegados a los municipios de Matamoros y San Pedro de las Colonias desde donde enfrentan a Los M’s, los sicarios del cártel de Sinaloa que ha impuesto su hegemonía en La Laguna duranguense, que sin embargo tiene índices delictivos inferiores a los de Torreón, donde tiene lugar su guerra.
Autoridades federales y estatales han ubicado la base de operaciones de Los M’s en la violenta colonia La Durangueña, de Torreón e identifican como su líder local a un personaje apodado El Danny. A Los Zetas los dirigen localmente El Andy, El Pinky y El Junior. Entre sus líderes estaba también El Güero Loco, abatido recientemente por el Ejército en San Pedro de las Colonias.
En su disputa territorial Los M’s y Los Zetas han convertido en blanco de sus ataques a funcionarios del área de seguridad y a policías.
El 8 de abril, la subdelegada de la PGR para La Laguna de Durango, Claudia Ávila Yáñez –con apenas una semana en el cargo–, y otro funcionario identificado como Gilberto Barajas Raygoza fueron levantados. Un día después aparecieron sus cadáveres en Lerdo, Durango. Durante el levantón murió acribillado el fiscal federal Gustavo Armando García Silva.
Por el triple homicidio se abrió la averiguación previa AP/PGR/DGO/GP/1-INV/058/2011. Antes de que se ubicara a los responsables, el 8 de junio, los agentes federales Juan Antonio García Cruz y Juan Antonio Martínez Padilla fueron atacados por un grupo armado.
El 26 de junio, la PF detuvo a nueve presuntos integrantes de Los M’s a quienes atribuye el asesinato de la subdelegada y los otros dos funcionarios así como el ataque a los policías federales de principios de junio.
A un ritmo de 3.5 ejecuciones diarias, 10% de los muertos pertenecen a algún cuerpo de seguridad o instancia relacionada con el combate a la delincuencia. Ni siquiera los convoyes de varios vehículos escapan al poder de fuego de los grupos armados en La Laguna, como ocurrió el martes 19.
La averiguación previa AP/PGR/COAH/TORR/AGI-I/363/DD/2011, abierta por el ataque al convoy establece que cuando regresaba de realizar el traslado de un detenido al penal de Gómez Palacio, Durango, fue interceptado por dos camionetas cuyos tripulantes les dispararon en varias ocasiones. El saldo fue de dos policías heridos. Como suele ocurrir, no hubo detenidos.
La sociedad coahuilense ya no puede más con la violencia que se asentó en La Laguna desde que dos grupos del narcotráfico se disputan la plaza: Los Zetas y los sicarios del Chapo Guzmán.
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