Julián Andrade
Uno de los ejes de la estrategia que el gobierno mexicano le compró a la DEA es la de propiciar la división de los cárteles de las drogas.
La finalidad era lograr organizaciones más pequeñas, que pudieran ser desmanteladas en el corto plazo.
Las consecuencias no han sido las esperadas. Hoy hay más grupos criminales y su nivel de violencia no bajó.
Tres casos son los más notables. El cártel de Sinaloa, del que se desprendieron los hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas frente a sus antiguos socios del cártel de Golfo y lo que queda de La Familia Michoacana dándole batalla a Los Caballeros Templarios.
Las divisiones son más, pero el panorama no es nada esperanzador porque no está generando seguridad para la población que es lo que a fin de cuentas importa.
La experiencia internacional, y sobre todo la colombiana, indica que el proceso en el que nos encontramos está lejos de terminar. Los nuevos y los viejos grupos criminales seguirán disputando territorios y así lo harán mientras no equilibren su propio poder.
Para ellos, los criminales, es cuestión de negocio y ahora también de vida o muerte.
El vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, calificó de “absurda” la guerra entre bandas criminales y advirtió que sólo con investigaciones que lleven a la captura de los responsables de los crímenes es como se abonará para lograr mejores resultados.
Sin duda un tema pendiente es justo el de investigar cada uno de los asesinatos que se cometen en el país. El problema es que los estados están rebasados y en no pocas ocasiones se quejan del poco apoyo de la federación.
Lugares donde los muertos se cuentan por miles, como Chihuahua, hacen muy complejo que se pueda llegar a investigaciones satisfactorias, ya que a las debilidades institucionales hay que sumarle problemas operativos bastante serios.
El entonces gobernador Fernando Baeza pidió un compromiso mayor del gobierno federal para investigar los crímenes.
Argumentar, como con frecuencia se hace, que los homicidios son delitos del fuero común, es tapar el sol con un dedo, ya que existe un rango altísimo de estos delitos que tienen que ver justamente con el tema de las drogas y el crimen organizado.
El gobierno federal, por donde se le vea, tiene una altísima responsabilidad en el tema, aunque sin duda es un avance que los muertos no sean vistos sólo como una estadística, como ocurría hasta hace poco.
A esto, por supuesto hay que añadirle la necesidad de atender a las víctimas de los delitos y de diseñar políticas que impidan que se continúe con el círculo perverso del sicariato.
Las muertes no investigadas y castigadas, lo único a lo que abonan es a las venganzas en el futuro.
No es la primera vez que los grupos criminales la emprenden contra ellos mismos, pero sí es novedoso que la espiral de violencia vaya escalando sin control y, peor aún, sin final a la vista.
julian.andrade@razon.com.mx
Twitter: @jandradej
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