PAULA CARRIZOSA
Por el riesgo patrimonial que representa, por la opacidad en su licitación, por el “oscuro” papel que está jugando Víctor Hugo Valencia Valera, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la falta de una consulta ciudadana, un grupo de investigadores, especialistas y académicos de la UAP, del Consejo de la Crónica, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y del propio INAH han preparado la documentación necesaria con la que pugnarán, a nivel internacional, por que se detenga la construcción del Viaducto Ignacio Zaragoza ya que podría significar la pérdida de la denominación de ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad que otorgó la Unesco.
A las 13:15 horas de ayer un numeroso grupo de ciudadanos encabezados por Monserrat Gali Boadella, Anamaría Ashwell, Lidia Gómez y Rosalba Loreto, arribaron al barrio de San José, a la altura del bulevar 5 de mayo y la 2 Norte, para hacer una clausura significativa de la obra en la que se colocó un cartel con la imagen del recién beato Juan de Palafox, al que le pidieron librar a los poblanos del “mal gobierno”.
En días anteriores circuló a través de internet una carta dirigida a Alonso Lujambio secretario de Educación Pública, a Alfonso de María y Campos, titular del INAH federal; a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla; a Eduardo Rivera Pérez presidente municipal, y a Víctor Hugo Valencia, titular del INAH, en la que se exponían los motivos por los que especialistas en diversos ámbitos están en desacuerdo con la construcción de dicho viaducto, que rondará los 450 millones de pesos.
La historiadora de arte Monserrat Gali expuso que la misiva va encaminada a exigir que se detenga la obra hasta que el gobierno estatal no presente el proyecto técnico y su impacto ambiental, económico, social y cultural.
Enfatizó que por “encima de la ley no hay nadie”, e hizo referencia a que los gobiernos de toda índole ya sean federales, estatales o municipales, deben someterse a la “Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas y culturales” que actualmente es vigente y protege a espacios como el centro histórico de Puebla.
Tras la lectura de la misiva, en la que se llama a los habitantes de esta ciudad a sumarse a este frente con el propósito de salvaguardar el patrimonio cultural, Gali Boadella dejó en claro que aunque el INAH y su titular autoricen la construcción, está no será aceptada por la ciudadanía. “No puede haber una imposición, sino que tiene que ser una decisión legítima y técnicamente sustentable”, aseguró.
Sobre todo, expresó que no ha sido clara la licitación de la obra, y mucho menos, ha habido un consenso ciudadano por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Por su parte, la investigadora de la UAP Anamaría Ashwell, presentó unos fotomontajes realizados por Luis Fernando Rodríguez, en los que se muestra la forma en que el viaducto invadirá la zona del hospital del IMSS y la vida urbana del barrio. “En vez de consolidar los inmuebles que están a punto de derrumbarse, se quiere partir en dos una traza renacentista”, dijo.
Agregó que parece que en este gobierno “el automóvil es el principal ciudadano, mientras que los espacios están cerrados para la manifestación de la historia colonial e indígena”.
Lo que busca este grupo de intelectuales, continuó Ashwell, es que el gobierno cumpla con la ley ya que “no son las instancias políticas ni los funcionarios los dueños de la ciudad, sino empleados del estado”.
Enfatizó que no es clara la actuación de Víctor Hugo Valencia, ya que parece que se han dado “acuerdos en lo oscurito” como sucedió en Cholula, cuando el INAH aprobó la construcción de vialidades que afectaron unos murales policromados prehispánicos.
Sobre los 2 mil millones de pesos que costará el festejo por el sesquicentenario de la batalla del 5 de mayo, Anamaría Ashwell opinó que “los recursos se deberían dar para otro tipo de rescate patrimonial y no para la construcción de obras que forman parte de la cultura televisa” y que parecen ser proyectos que sirven para la promoción política.
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