Ingresos, desplomes y contrastes
En el contexto de la explosión de violencia que se desarrolla en el país; ante la crisis de representatividad política que acusa el régimen; con el telón de fondo de las crecientes inconformidades políticas y sociales que recorren el territorio, y frente a la descomposición evidente del conjunto de las instituciones, la divulgación de cifras oficiales sobre la recuperación económica había constituido, tras la crisis de 2008 y 2009, la única carta fuerte –ciertamente sobrexplotada– en el discurso del grupo gobernante. Resulta por ello particularmente significativo el dato revelado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, los ingresos de los hogares en México han acusado un desplome de más de 12 por ciento entre 2008 y el año pasado, lo cual representa una caída de 13 mil 274 a 11 mil 645 pesos en las percepciones mensuales promedio de las familias del país.
Aun sin considerar que la cifra referida acusa una distorsión derivada de la abrumadora desigualdad que hay en México –en efecto, el promedio de más de 11 mil pesos que, según el Inegi, ingresa al mes a los hogares mexicanos representa, para muchos de ellos, solamente un buen deseo–, el indicador es contundente sobre el retroceso en la economía real del país y la profundización de los inveterados rezagos sociales; aunque de acuerdo con el instituto la caída en el ingreso familiar ha afectado más en términos nominales a los hogares con mayores ingresos, el efecto de estos desplomes suele ser más devastador para las familias depauperadas, pues para éstas prácticamente cualquier reducción en los recursos de que disponen puede representar el paso de la pobreza a secas a la pobreza extrema.
Resulta previsible, por otra parte, que los propios encargados de la conducción económica ensayen, en las horas y días por venir, diversos intentos por explicar el desplome comentado como resultado de los descalabros económicos y financieros de hace dos años; de la consecuente pérdida de empleos, de la baja en las remesas enviadas de Estados Unidos a México en ese periodo, y del alza en los precios de los productos básicos. Pero es preciso acotar que esos factores, en todo caso, han agravado la situación de crisis permanente en que ha sido colocada la población nacional desde hace más de dos décadas; que el movimiento, ya sea al alza o a la baja, del ingreso nominal de los hogares suele verse afectado además por la inflación –lo que redunda en pérdida del poder adquisitivo–, y que la explicación última de estas circunstancias no se halla en fenómenos exógenos y coyunturales, sino en la continuidad a rajatabla del modelo económico vigente. La persistencia en la aplicación de las directrices emanadas del Consenso de Washington se ha traducido en un golpeteo incesante a la economía popular que tiene como componente principal una exasperante política de contención salarial que refleja la bancarrota moral del neoliberalismo: en la economía de libre mercado; la fuerza de trabajo es la única mercancía sujeta a un estricto control de precios.
Tan consistente ha sido la ofensiva contra la economía de las familias que en los últimos dos años –según puede ponderarse con las cifras del Inegi– prácticamente ningún hogar quedó exento de sufrir una merma en sus bolsillos. Acaso el único sector que ha logrado salir indemne del desplome generalizado del ingreso familiar sea el de los potentados mexicanos regularmente incluidos en las listas de Forbes, cuyas fortunas se incrementaron en 63 por ciento entre 2009 y 2010, según la propia publicación estadunidense.
La conclusión ineludible de este contraste es que la continuidad de la política económica neoliberal en los últimos dos años no ha tenido otro efecto que el de siempre: el mayor enriquecimiento de los potentados y la depauperación de las clases medias y bajas, y es obligado preguntarse si esa dinámica no refleja los objetivos reales del grupo que detenta el poder en forma mucho más fidedigna que los alegatos discursivos a favor de la recuperación, el crecimiento y el desarrollo.
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