JOHN M. ACKERMAN
¿Son las elecciones mecanismos efectivos de rendición de cuentas? ¿Empoderan al ciudadano o son una mera simulación? Tales interrogantes se escuchan una y otra vez en medio de la generalizada decepción sobre los comicios que se vive hoy en México. Si bien parecería que la vía electoral es cada vez menos capaz de estimular el cambio político, algunas veces también nos da gratas sorpresas, como hace un año en Oaxaca, cuando los electores emitieron un claro “ya basta” a la impunidad y al autoritarismo del Estado. Este domingo 3 de julio la democracia mexicana se somete a otra dura prueba con la celebración de elecciones en el Estado de México, Nayarit, Coahuila e Hidalgo.
Más allá de los porcentajes de votación que reciba cada uno de los candidatos, habría que poner particular atención a la tasa de participación ciudadana. Esta será la verdadera medida de la salud de nuestra democracia. Los ciudadanos solamente se toman la molestia de acudir a las urnas si creen que su participación realmente vale la pena. Llegan a tener esta convicción cuando las campañas electorales son sustanciales y competitivas y las instituciones garantizan la autenticidad del sufragio. Las campañas superficiales, con un claro favorito y con instituciones electorales cooptadas constituyen la mezcla perfecta para un alto abstencionismo.
En el Estado de México, la campaña de Eruviel Ávila apuesta precisamente a la abstención. Por ejemplo, la reiterada divulgación de encuestas que supuestamente reflejan un margen de victoria de más de 30 puntos porcentuales de Ávila sobre Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena tiene precisamente el fin de desalentar la participación al convencer al ciudadano de que el resultado ya estaría determinado y que no importa si vota o no. El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sabe muy bien que cuando se eleva la tasa de participación es mucho más difícil “dirigir” los resultados por medio del voto corporativo, el acarreo y la compra y coacción. Durante la elección de Enrique Peña Nieto hace seis años, por ejemplo, la tasa de participación llegó a uno de sus mínimos históricos, quedando únicamente en 43% del padrón electoral.
Pero recordemos que en los recientes comicios de Veracruz, Durango, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Sinaloa las encuestas sistemáticamente erraron entre 10 y 25%. Hay varias explicaciones para estas discrepancias. Primero, existen desde luego algunas casas encuestadoras que actúan por consigna para presentar resultados “a modo” con el fin de apuntalar a uno u otro candidato en la opinión pública. Segundo, la forma más fácil y rápida para realizar una encuesta es la vía telefónica, y esta modalidad solamente recoge las opiniones de un estrato limitado de la población. Tercero, los ciudadanos muchas veces tienen miedo de revelar sus verdaderas preferencias a personas extrañas que bien podrían trabajar por un partido político que posteriormente los podría castigar por dar la respuesta “equivocada”. Esto último suele ocurrir en particular en estados gobernados por el PRI o donde existe una fuerte presión sobre los ciudadanos para votar por el partido actualmente en el poder.
Queda claro que si la ciudadanía mexiquense sale a votar masivamente, los resultados serán muy diferentes a los proyectados por las encuestas. Este escenario preocupa sobremanera a Ávila y al PRI porque saben que no será suficiente simplemente ganar la elección, sino que tendrían que hacerlo por unos 10 puntos de ventaja para evitar una posible anulación.
El artículo 299 del Código Electoral del Estado de México señala claramente que deben anularse los comicios cuando el ganador haya rebasado los topes de gasto de campaña. Sin embargo, la nulidad solamente procedería si se demuestra que el rebase de topes fue “determinante” para el resultado de la elección. De allí la necesidad de ganar por un amplio margen. Recordemos, por ejemplo, que hace seis años se comprobó fehacientemente que Peña Nieto había rebasado los topes, pero se evitó la nulidad precisamente porque el margen de victoria había sido suficientemente amplio.
Existe la más que fundada sospecha de que el candidato del PRI en Edomex ya rebasó, desde hace mucho tiempo, el tope de 204 millones de pesos. Habría que recordar que no solamente se contabiliza la propaganda formalmente contratada, sino también todas las “donaciones en especie” realizadas por simpatizantes como Jorge Hank Rhon o empresas televisivas. La elección también podría anularse por la utilización de recursos públicos para apoyar al candidato oficial, ya que el caso de José Bernardo García Cisneros revela que el gobierno de Peña Nieto ha tenido una participación sumamente activa en la campaña de Ávila.
Otra grave irregularidad es la abierta intervención de grupos religiosos al contratar espectaculares y utilizar internet (www.votocatolico.com) para influir en el voto en contra de Encinas y a favor de Ávila y Bravo Mena, considerados más cercanos a los intereses de la Iglesia. Asimismo, la realización por Ávila de actos de campaña desde antes de haberse convertido en el abanderado oficial del PRI también podría ser causal de su pérdida de registro o de nulidad de la elección.
Hoy es importante que haya una amplia participación ciudadana, no solamente en las urnas, sino también en la vigilancia de la jornada electoral. Con la eliminación de la compra de promocionales en radio y televisión, los partidos disponen hoy de más dinero que nunca para campañas a ras de tierra, y el acarreo y la compra y coacción del voto se vuelven aún más comunes que en el pasado. Pero habría que recordar que, de acuerdo con el artículo 403 del Código Penal, se prohíbe explícitamente solicitar votos “por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa”, así como “llevar a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto”. Asimismo, el artículo 407 del mismo código impone una pena de hasta nueve años de prisión al servidor público que destine “fondos, bienes o servicios” públicos, e incluso el “tiempo” de sus subordinados, a algún partido político o candidato.
Ante la desidia y parcialidad de las autoridades electorales, la denuncia ciudadana es nuestra última esperanza para rescatar un poco de legitimidad de la vía electoral para generar el cambio político y social. l
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter:@ajohnMAckerman
No hay comentarios.:
Publicar un comentario