John M. Ackerman : El nuevo Santa Anna

El nuevo Santa Anna
John M. Ackerman

Las demandas colonialistas del gobierno francés en el caso de Florence Cassez han servido como la perfecta cortina de humo para esconder el entreguismo del gobierno de Felipe Calderón a Estados Unidos. Este sábado, 19 de febrero, una aplastante mayoría (277 en favor, 149 en contra) de integrantes en lo que sería la Cámara de Diputados estadunidense aprobó una iniciativa que prohíbe al gobierno de ese país solicitar informes sobre la venta de armas de alto poder cerca de la frontera con México. Los informes no habrían implicado limitación alguna a la venta de las famosas armas de asalto”, sino solamente una mínima transparencia para perseguir y castigar el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país.

Esta nueva muestra de la falta de voluntad política de Washington hacia México no mereció extrañamiento alguno de la Presidencia de la República, y ni siquiera un comunicado formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La única reacción fue un escueto mensaje de 140 caracteres del embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, en su cuenta personal de Twitter: “Lamentable que mayoría en Camara de Representantes haya votado anoche para bloquear que el gobierno de EU obligue a armerías reportar ventas múltiples de armas de asalto”.


Frente a este nuevo fracaso para la diplomacia mexicana, lo único que el representante de todos los mexicanos ha atinando a hacer ante el gobierno estadunidense es tomar un paño de lágrimas para “lamentar” la decisión. Ya en diciembre, la clase política de EU le había dado su espalda a México cuando el Senado paró en seco la dream act que habría legalizado a 800 mil jóvenes y estudiantes indocumentados (ver mi análisis sobre el tema en: http://bit.ly/gZT7gR).

Hoy, los políticos estadunidenses han ratificado su absoluta indiferencia, si no es que abierto desprecio, por nuestro país al permitir la total opacidad de las 8 mil 500 tiendas que venden armas asesinas en los estados fronterizos de California, Texas, Arizona y Nuevo México. Habría que recordar que, de acuerdo con los datos oficiales, 90 por ciento de las armas decomisadas en México tienen origen en EU. Así mismo, ya existe en ese país un sistema casi idéntico de informes para el caso de pistolas y armas cortas. El detalle es que estas armas cortas sí representan un peligro para los estadunidenses, porque son utilizadas frecuentemente en delitos de aquel lado de la frontera, mientras las largas son las armas favoritas para los delincuentes del lado mexicano.

Los 277 diputados que votaron en favor de la prohibición de la medida en los hechos están diciendo que están conformes con la matanza que hoy está diezmando una generación entera de la juventud mexicana. Es un grito a cielo abierto que a los políticos estadunidenses simplemente no les importa el derecho a la vida más allá de su frontera sur.

En este contexto, resultan simples bravuconadas la cancelación del año de México en Francia y el abandono del embajador en París de un acto en el senado galo. Lo que hacen falta son acciones verdaderamente contundentes para defender los intereses de los mexicanos y construir una solución de largo plazo para la actual tragedia nacional. Muy envalentonado, Calderón ha dicho: “No se puede pensar que México, porque es un país en desarrollo, porque es un país con carencias, es un país que se va a dejar, pues por supuesto que no, y se equivocan quienes así piensan”. Falta que ponga en práctica este supuesto interés en defender la soberanía nacional, ahora con respecto a los estadunidenses.

Por ejemplo, tal como ya lo hemos propuesto en un par de artículos recientes, tanto en Proceso (http://bit.ly/g8cPDB) como en The Guardian (http://bit.ly/dKpZEf), si el gobierno de EU no toma medidas definitivas para combatir el flujo de armas hacia México, el gobierno mexicano debería negarse a dar prioridad al combate al trasiego de drogas hacia allá, y de la mariguana en particular. Esta decisión liberaría importantes recursos en materia de seguridad pública para la persecución de delitos realmente dañinos para la sociedad mexicana, como el homicidio, el secuestro y el tráfico de personas. Si a los políticos estadunidenses únicamente les importa su propio país (evidenciado con el criterio contradictorio respecto de los informes sobre armas de asalto y sobre armas cortas), no tienen cara para exigirnos a los mexicanos sacrificar docenas de miles de nuestros jóvenes con tal de “proteger” los millones de consumidores en EU, la mayoría de las cuales además fuman su mariguana con gusto y muchos ya de manera legal.

Otra acción recomendable sería condicionar la entrada de agentes estadunidenses en el territorio nacional a desarrollar acciones claras en materia migratoria o de control de armas. La FBI ya se encuentra en los hechos a cargo de la investigación del ataque a los agentes Jaime Zapata y Víctor Ávila, la semana pasada. Los nuevos agentes vienen a engrosar las filas de los cientos (o quizás miles) que ya se encuentran operando en territorio nacional y cuentan con su base de operación en la nueva “Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida”.

La colaboración y la cooperación tienen sentido, siempre y cuando sea un camino de dos vías. Entregar todo a cambio de nada no es más que repetir el error histórico de Antonio López de Santa Anna de rematar el territorio nacional al vecino del norte.

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